La defensa del secreto de confesión para los sacerdotes y del secreto profesional de los abogados responde a exigencias del Estado de derecho.

En Francia, dos instituciones han tenido que salir últimamente a defender el secreto profesional en el desempeño de su misión. Frente a la sugerencia de que los sacerdotes pudieran romper el secreto de confesión en el caso de abusos a menores, la Iglesia católica ha reiterado que ese secreto es inviolable. A su vez, los abogados, ante una disposición de un proyecto de ley que podría limitar su secreto profesional en ciertas materias, lo han denunciado como un ataque a una garantía irrenunciable. La polémica sobre el secreto de la confesión ha surgido a raíz del informe de la Comisión Sauvé, que ha investigado los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia católica en Francia. Una de las recomendaciones que hace el informe es que los sacerdotes que tienen conocimiento en la confesión de un caso de abusos a menores deberían romper el sigilo sacramental que exige el Derecho Canónico (can. 983) y denunciarlo a la policía. Si esto se convirtiera en obligación, se pondría al sacerdote en un grave dilema, pues la legislación canónica otorga tanta importancia al secreto de confesión que castiga con excomunión al sacerdote que lo viole. Aunque esta era solo una de 45 recomendaciones, pronto se convirtió en el eje de una polémica. El presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Éric de Moulins-Beaufort, respondió inmediatamente que esta sugerencia no podía ser atendida, y que el respeto del secreto estaba “por encima de las leyes de la República”. Lo cual provocó que Marlène Schiappa, ministra delegada de la Ciudadanía, advirtiera que las leyes de la República obligan a todos y que la Iglesia católica no podía invocar ningún privilegio frente a otras religiones. Luego el ministro del Interior “invitó” a un encuentro a Mons. Moulins-Beaufort, para aclarar las cosas. El arzobispo precisó más tarde en un comunicado que el secreto de confesión “ha sido siempre respetado por la República francesa” y que “no es contrario al derecho penal francés”. Lo que ayuda a las víctimas En el fondo, la polémica es bastante artificial. Massimo Introvigne, un experto católico que ha sido representante de la OSCE para combatir la intolerancia religiosa, y que ha formado parte de comisiones de investigación sobre abusos a menores, ha comentado: “Después de una década de estudiar los problemas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, nunca he encontrado a un sacerdote que se haya visto ante el dilema de revelar lo que ha sabido en confesión o dejar que un abusador siguiera actuando impunemente”. Las jurisdicciones nacionales e internacionales reconocen la inviolabilidad del secreto de confesión y no solo a la Iglesia católica Más que dilucidar si las leyes de la República están o no por encima de las de la Iglesia, lo importante es plantearse si la ruptura del secreto de la confesión serviría para ayudar a las víctimas y prevenir abusos de este tipo. La recomendación de la Comisión Sauvé puede dar la impresión de que el abusador, clérigo o laico, es un penitente de confesión habitual, que vuelve a empezar nada más ser absuelto. Pero no hace falta ser un experto para saber que desde hace tiempo no hay colas de penitentes ante los confesionarios. Y si un católico es un abusador habitual, probablemente el lugar que menos frecuentará es el confesionario. En este y en otros temas, si en algo puede ayudar el confesor a un hipotético penitente culpable de abusos es a que se arrepienta y trate de cambiar de conducta. Si no estuviera garantizado el secreto de confesión, los culpables no se confesarían, y por lo tanto, desaparecería la oportunidad de amonestarles para que cambien su comportamiento. No pocas víctimas de abusos han puesto de relieve la importancia de la privacidad absoluta de la confesión para decidirse a hablar y buscar consejo Pero más importante es el secreto de confesión para ayudar a las víctimas. No pocas víctimas de abusos sexuales han puesto de manifiesto la importancia de la privacidad absoluta de la confesión para decidirse a hablar de sus historias y buscar apoyo y consejo. Ahí ha empezado un proceso de curación espiritual, en el que han adquirido la suficiente fuerza interior para alertar después a la Justicia, si lo deseaban. Así, cuando el Parlamento de Australia Occidental aprobó recientemente una ley que obliga a los ministros religiosos a denunciar cualquier caso de abusos incluso los conocidos a través de la confesión, diversos testimonios de víctimas rechazaron tal medida. Sin excepciones La idea de hacer de los abusos a menores una excepción del secreto de confesión, por tratarse de personas especialmente vulnerables, puede estar movida por las mejores intenciones. Pero, ¿por qué levantar el secreto para los abusos a menores y no también para otros delitos que perjudican a terceros indefensos? Por muy condenable que sean los abusos, no lo es menos un homicidio o la trata de personas. Con esta lógica, el Estado podría hacer una lista de pecados de “denuncia obligatoria”, que iría ampliándose según la sensibilidad de la época. Para la Iglesia católica, el secreto de confesión no admite grados: es inviolable para todos y en cualquier materia. De hecho, a lo largo de la historia no han faltado confesores que han preferido morir antes que revelar nada. Por eso la Iglesia se ha negado a hacer excepciones en los casos de abusos, frente a peticiones de este tipo en Irlanda, en Australia o en Luisiana. Al mantener esto no defiende ningún privilegio. “El hecho es –recuerda Massimo Introvigne– que las jurisdicciones nacionales e internacionales reconocen la inviolabilidad del secreto de confesión no solo a la Iglesia católica sino a todas las religiones que tienen prácticas similares a la confesión”. Preservar esta confidencialidad es compatible con una lucha decidida contra los abusos a menores. Y si observamos las medidas que se han ido tomando en esta materia, parece que la Iglesia católica va por delante de otras instituciones, religiosas o civiles. El secreto profesional de los abogados La idea de limitar el secreto profesional de los abogados en Francia ha surgido también del afán de combatir cierto tipo de delitos que son más difíciles de detectar. Si en el caso del secreto de confesión el motivo de preocupación son los abusos a menores, en el caso de los abogados se trata de la delincuencia financiera. Los abogados franceses defienden que su secreto profesional es “un principio general inherente al Estado de derecho, aplicable en toda materia” En el debate parlamentario de un proyecto de ley sobre la confianza en la Justicia, en el Senado se introdujo una enmienda para excluir del secreto profesional de los abogados ciertos delitos, especialmente en materia económica y financiera. El objetivo declarado es que las comunicaciones entre un justiciable y un abogado puedan ser utilizadas para la represión de esas infracciones. Esto permitiría que la policía pudiera apoderarse directamente en el despacho de un abogado de toda información confidencial intercambiada con su cliente, si lo considerase necesario para sus investigaciones. Frente a esta pretensión, los representantes de los principales sindicatos de abogados y unos 150 nombres bien conocidos en la profesión, han publicado una tribuna en Le Monde en la que denuncian lo que consideran un atropello del derecho de defensa. Garantía del Estado de derecho Los representantes de los abogados escriben: “El secreto profesional del abogado respecto a su cliente o futuro cliente es una garantía imperiosa del Estado de Derecho, pues el abogado no protege ‘su derecho’, sino el de sus clientes”. Sin proteger este derecho, dicen, ningún ciudadano “tendrá la garantía de que es libre a la hora de consultar a un abogado para proteger sus derechos”. Es un principio tan básico, que “el abogado no puede ser dispensado de este secreto por nadie, debe respetarlo durante toda su vida. Y toda vulneración está castigada penal y deontológicamente”. Tampoco los abogados consideran que haya que hacer excepciones al secreto en materias financieras. Este derecho es “un principio general inherente al Estado de derecho, aplicable en toda materia y que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de solicitar un consejo jurídico a un abogado sin temor a autoinculparse, a fin de que este pueda orientarle conforme a la ley”. Tampoco admiten que se haga “una distinción artificial entre las actividades de consejo y las de defensa”. Ambas están protegidas por el secreto profesional, como ya reconoce la ley vigente. Los abogados mantienen que al invocar el secreto profesional no están obstaculizando la acción de la Justicia. Pero subrayan que el abogado “no puede convertirse en el colaborador del fiscal o del juez en detrimento de los intereses de su cliente”. También advierten que ya actualmente “el abogado cómplice o autor de una infracción no está protegido por el secreto profesional”, por lo cual no hace falta modificar esta materia. Para los abogados, la defensa del secreto profesional no supone atrincherarse en un privilegio. Al contrario, consideran que es algo esencial para el libre ejercicio profesional, para la defensa de los derechos de los ciudadanos y para la correcta administración de Justicia. Sacerdotes y abogados son muchas veces los destinatarios de revelaciones confidenciales. Y precisamente por el respeto a la libertad religiosa en el caso de la confesión y a los derechos de defensa en el caso de los abogados, el Estado no debe tratar de imponer unos criterios adecuados para otros ámbitos.

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