Los obispos católicos de Australia han confirmado que los sacerdotes no violarán el secreto de confesión para denunciar casos de abusos a menores, como tampoco se revela la identidad del penitente en ningún otro pecado. La postura se expresa en una respuesta oficial de la Conferencia Episcopal a las recomendaciones que hizo en 2017 una Real Comisión que investigó los abusos sexuales a menores en instituciones públicas y privadas, religiosas y laicas.
Según los datos recabados por la Comisión sobre el periodo 1980-2015, el 58% de los casos de abusos se dieron en instituciones religiosas de distintas confesiones, el 32,5% en instituciones estatales y el 10,5% en instituciones privadas laicas. De los abusos en instituciones religiosas, el 61,4% se produjeron en instituciones católicas, el 14,8% en anglicanas y el resto en otras. De los perpetradores de los abusos, el 31,8% eran clérigos de cualquier confesión, el 20,4% maestros, el 13,5% trabajadores en residencias y el 11,3% familias de acogida.
Aunque el informe se refería a abusos en todo tipo de instituciones, los titulares periodísticos se centraron en la Iglesia católica y en dos recomendaciones del informe: suprimir el secreto de confesión en los casos de abusos a menores y abolir el celibato sacerdotal. Sin embargo, de los propios datos del informe se desprende que el 70% de los abusadores australianos no tenían ningún compromiso de vivir el celibato.
Los obispos dicen que aceptan la inmensa mayoría (el 98%) de las recomendaciones del informe, pero no pueden aceptar que se viole el secreto de la confesión
En su respuesta oficial, los obispos dicen que aceptan la inmensa mayoría (el 98%) de las recomendaciones del informe, muchas de las cuales ya están en vigor en las instituciones católicas o en proceso de serlo. Pero no pueden aceptar que se viole el secreto de la confesión, que no es incompatible con la protección de los menores y de las personas vulnerables.
“El secreto de la confesión –dicen los obispos– es inviolable para el confesor. Los niños no estarían más protegidos sino menos, si se exigiera una denuncia obligatoria de lo confesado. Sería menos probable que un perpetrador o una víctima revelaran esto en confesión si se minara la confianza en el sigilo sacramental. Y así se perdería la oportunidad de animar a un perpetrador a que lo declare a las autoridades o a que las víctimas busquen seguridad. La denuncia obligatoria de las confesiones sería una violación de la libertad religiosa de creencia y de culto”.
Un análisis de estas recomendaciones puede encontrarse en el artículo Con celibato o sin él, publicado cuando apareció el informe.