Las trabajadoras domésticas, que sufrieron mayores tasas de despidos durante la fase crítica de la pandemia, aún esperan que el gobierno español atienda sus demandas.

Como sucedía en la fábula del hombre que comía altramuces y se lamentaba de su suerte hasta que, al mirar atrás, vio a un menesteroso que recogía las cáscaras de los altramuces para comerlas, la pandemia ha supuesto un verdadero desastre para la economía y el bienestar de muchos trabajadores, pero ha habido unos –mayormente unas– que la han pasado algo peor que el resto. Son las trabajadoras del hogar, que suponen en España el 3,25% de la fuerza laboral (hay más de medio millón de ellas), y un reciente informe de Oxfam, Esenciales y sin derechos, revela que el covid les ha supuesto un desastre mayor que el observado entre los empleados de otros sectores. En términos de salud, por ejemplo, se calcula que un 9,9% de la población española ha contraído el virus, pero el número sube al 16,3% cuando se trata de las cuidadoras a domicilio. De igual modo, si entre la población activa general se ha perdido el 2,6% de los empleos, un 8,3% de las trabajadoras del hogar se han visto en ese trance. O para mejor describirlo: en paro, pero “sin paro”, o sea, sin la retribución que le permite algo de oxígeno durante unos meses a quien ha sido despedido. En el caso de ellas –como se verá más adelante– están excluidas de ese “privilegio”. Para algunas, particularmente para aquellas que trabajaban como internas, la situación fue particularmente crítica. “En teoría –señala el informe–, si termina una relación de trabajo a iniciativa del empleador por motivos que no sean faltas graves, se les tiene que dar a las trabajadoras del hogar un plazo de preaviso razonable y tiempo libre suficiente para permitirles buscar nuevo empleo y alojamiento”. Sin embargo, no pocas internas tuvieron que abandonar a toda prisa el lugar donde vivían, sin tener alternativa habitacional alguna. En el caso de las inmigrantes con permiso de trabajo (nueve de cada diez internas son extranjeras), el despido acarreaba otro peligro: para renovar dicho permiso, se precisa un contrato de un empleador, por lo que, a la precariedad económica, se añadía el riesgo de quedarse en la ilegalidad. ¿Y qué hay de la firma? Como se mencionaba más arriba, en España se da la curiosa situación de que las trabajadoras del hogar cotizan a la Seguridad Social, pero no tienen derecho al subsidio por desempleo, una prerrogativa elemental reconocida en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han ratificado varios países europeos, como Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal… El gobierno español, sin embargo, no lo ha hecho, a pesar de que el punto 1.11 del denominado Acuerdo de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos anunciaba, en diciembre de 2019, el propósito de culminar “con carácter prioritario” la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social “a lo largo de la legislatura”, así como de firmar y ratificar el Convenio 189. La recolocación de las que se quedaron sin empleo durante lo peor de la pandemia está efectuándose en condiciones de mayor explotación La contradicción entre el adjetivo “prioritario” y la expresión “a lo largo de la legislatura” queda expuesta en la inacción mostrada hasta la fecha en un asunto cuya tramitación se ha visto superada en urgencia por la de otros de corte más ideológico. Ello a pesar de que, además del tema del despido sin cobertura, persisten situaciones como el exceso de horas de trabajo –el 10% de las internas trabaja más de 61 horas a la semana–, la exclusión de las empleadas del paraguas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o la obligación, en el caso de las extranjeras, de contar con un contrato para poder regularizarse, lo que las deja a merced de la buena o mejorable voluntad de sus empleadores. La decisión política de corregir estos problemas apremia aun más ahora que, con la atenuación de la pandemia, muchas que fueron despedidas han vuelto a probar suerte. En los portales de empleo, las ofertas que más abundan en este momento son para internas y con salarios inferiores al mínimo interprofesional (SMI), por lo que, según la salvadoreña Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la recolocación está efectuándose en condiciones de mayor explotación. “Hace unas semanas tuvimos una reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez –nos comenta–. Dijo que ya estaba en proceso la ratificación del Convenio 189; que tenían que hacer informes, pasarlos a Exteriores, en fin, están alargando la situación”. Elías entiende que hay que mantener la presión para eliminar incongruencias como que, pese a habérseles declarado “personal esencial” durante los momentos más críticos, tal como se hizo con el personal sanitario, el de la alimentación y los transportistas, a la hora de las prestaciones quedaron fuera. “Nunca fuimos consideradas para la totalidad de los derechos, como debería haber sido. Están en deuda con nosotras, y no hay voluntad política de darnos el paro. Nos están dando largas, pero nosotras vamos a seguir exigiendo que se haga realidad”. El subsidio extraordinario, por muy poco tiempo A finales de marzo de 2020, el gobierno de PSOE-Podemos aprobó un subsidio extraordinario para empleadas del hogar que hubieran perdido su trabajo en el contexto de la pandemia. La medida daba derecho a cobrar el 70% de la base de cotización, con el SMI como tope, y siempre que la persona estuviera dada de alta en la Seguridad Social, condición que dejaba automáticamente sin ese beneficio a una de cada cuatro trabajadoras. Según Elías, la iniciativa fue “un primer paso, pero insuficiente: de las casi 400.000 que estaban dadas de alta antes del estado de alarma, 56.000 solicitaron el subsidio, y de ellas, a más de 10.000 se les denegó, además de que en algunos casos el monto se calculó mal y no recibieron lo que esperaban por jornada y salario”. El plazo de solicitud de la ayuda finalizó el 21 de julio de 2020.

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