La ILP para regularizar a más de medio millón de migrantes llegados a España ha cumplido un mes desde su admisión a trámite en el Congreso de los Diputados. Estamos ante un texto que empezó a incubarse en 2020 y que, tras una legislatura marcada por la disolución de las Cortes en 2023, por fin ha conseguido abrirse paso hasta las mesas de los políticos.
Jorge Serrano Paradinas, coordinador general del partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) y representante de la Iniciativa Legislativa Popular, explica a Aceprensa cómo se ha gestado el proyecto y cuál es su objetivo.
Para llegar al Congreso, los promotores han recogido el apoyo de más de 600.000 firmas, algo que llama la atención teniendo en cuenta que el sujeto beneficiado de la regularización son personas que no pueden firmar a favor de la ILP.
Sin embargo, gracias a una maquinaria puesta en marcha por M+J, distintas entidades del entorno de la Iglesia, otras organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes y una amalgama de instituciones de un enorme espectro ideológico, el texto contó con el apoyo necesario para que al Congreso llegara un mensaje: regularizar es dignificar.
En definitiva, estamos ante un proceso de participación ciudadana que casi no encuentra precedentes en la historia reciente de la democracia y que cuenta con una transversalidad ideológica difícil de encontrar en estos tiempos de polarización.
¿Qué es una ILP?
En España, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos proponer directamente leyes al Parlamento. Este derecho está recogido en el artículo 87.3 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 3/1984.
Para que una ILP sea admitida a trámite, debe contar con el apoyo de al menos 500,000 firmas de ciudadanos con derecho a voto. Una vez recogidas las firmas necesarias, la iniciativa se presenta ante la Mesa del Congreso de los Diputados, que es el órgano encargado de admitirla a trámite. Si se admite, se inicia el proceso legislativo correspondiente, que incluye debates y votaciones en el Parlamento.
En este caso, la ILP de regularización fue admitida a trámite el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados, con 310 votos a favor y 33 en contra, de Vox. Esto la convierte en una de las ILP con mayor consenso político en las últimas décadas.
¿Qué busca la iniciativa?
Para comprender el objetivo de esta ILP hay que conocer cuál es el perfil del migrante irregular en España.
“El 80% son latinoamericanos, más de la mitad son mujeres y el 20% son niños”, señala Jorge Serrano Paradinas. El caso más habitual es el de una persona que ha entrado de manera legal en el país (normalmente por el aeropuerto de Barajas) y que, una vez en España, pierde en algún momento su situación de legalidad.
Las causas de este fenómeno, conocido como “irregularidad sobrevenida”, son diversas: perder el empleo y no encontrar otro antes de la renovación del permiso, cambios en las normativas, una expiración del permiso de residencia…En cualquier caso, estas personas acaban en la irregularidad después de un tiempo viviendo y trabajando en el país.
La regularización funciona en estos casos como una medida de gracia para quienes han quedado en exclusión.
Apoyos y rechazos
Los argumentos contrarios a la regularización son conocidos: un desasosiego por la cuestión de la seguridad, una mayor presión sobre los servicios sociales, la percepción de que los migrantes acaparan trabajos que podrían ir para la población nativa desempleada y el auge de problemas de integración y cohesión social. Por último, también existe una cierta preocupación sobre un posible “efecto llamada”.
En cuanto a esto último, hay que decir que en España no hay una regularización desde hace veinte años, y aun así los flujos migratorios no han dejado de aumentar.
El coordinador de la ILP recuerda también que integrar a los migrantes en el mercado laboral es fundamental para el sostenimiento del sistema público de pensiones y para sumar cotizaciones.
“Los Presupuestos Generales del Estado son deficitarios todos los años. Ayudar a paliar eso es algo de lo que todos los españoles se ven beneficiados”, reflexiona.
Por otro lado, Paradinas advierte de que sin más profesionales en determinados sectores, como el de la construcción, no se van a poder ejecutar los fondos europeos.
Además, la regularización estaría sujeta a restricciones: aunque los criterios para otorgar la regularización todavía están decidiéndose, si se avanza por la línea propuesta por el Partido Popular (y usada en otras regularizaciones anteriores), se incluirían las condiciones de llevar al menos seis meses residiendo en el país, no contar con antecedentes penales y tener una oferta de trabajo en firme.
Un antes y un después en la vida de las personas
Más allá de los argumentos económicos, lo cierto es que la regularización supone un antes y un después en la vida de estas personas.
“Por supuesto que se necesita cohesión social”, asegura Paradinas, pero es que “no hay elemento que genere más división que la irregularidad”. Para Paradinas, la regularización es el primer paso hacia un proceso de dignificación de la vida de los migrantes, pues supone terminar con una situación que les aboca al empleo sin garantías y sin seguridad, sin acceso a los servicios públicos y atravesada por el miedo.
Un comentario
Ojalá pronto pueda regularizarse los que vienen tienen necesidad de pronto empezar a trabajar legalmente y nosotros tenemos necesidad de estas personas jóvenes dispuestas a trabajar sin miedo