Tras años de deliberaciones, el Parlamento Europeo ha alumbrado por fin el controvertido y esperado Pacto de Migración y Asilo, con el que la Unión Europea pretende reforzar la política migratoria de los Estados miembros y hacer frente a los crecientes desafíos en este ámbito.
El Pacto, compuesto por seis reglamentos, tres recomendaciones y una directiva, ha tardado en ver la luz debido a la tensión entre los países que mantienen posiciones contrapuestas sobre cómo se debe gestionar la migración.
Como ya explicó en su momento a Aceprensa, Alberto Ares, director del JRS Europe (Servicio Jesuita a Refugiados) e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia de Comillas, la UE está dividida en esta cuestión.
Países como Portugal, que quiere políticas de acogida, pero con un sistema de reparto, se han quedado cada vez más solos frente a los que abogan por una política más restrictiva, como Italia.
Mientras, Estados que tradicionalmente han sido proclives a la integración, como Suecia o Dinamarca, presentan ahora la inmigración como una amenaza a la identidad nacional, al mercado laboral y a la convivencia social.
Este nuevo acuerdo intenta reconciliar las posiciones de todos en un escenario en el que las llegadas y las devoluciones están en máximos históricos y hay una tensión creciente por la politización del tema, por las concentraciones ocurridas en países europeos a raíz de la guerra en Gaza y por la situación interna de algunos países como Suecia o Alemania.
En el núcleo del Pacto está el fortalecimiento del control fronterizo y la agilización de los procesos de retorno.
Un acuerdo marcado por la crisis de Siria de 2015
Para comprender el Pacto hay que remontarse a la crisis humanitaria que se vivió en 2015, cuando la Unión Europea recibió una oleada de personas refugiadas que huían de la guerra en Siria.
En esos momentos estaba en vigor el Reglamento de Dublín, una norma que establece que el primer país europeo al que haya llegado un inmigrante es el responsable de gestionar su proceso de regularización o asilo, lo que supuso una carga desproporcionada para los del sur.
Por eso, uno de los principales objetivos de este Pacto era sustituir el mecanismo de Dublín por un nuevo sistema que garantice un reparto más equitativo entre los países. Sin embargo, esto choca frontalmente con las políticas restrictivas que cada vez más países aplican en sus territorios.
Lo cierto es que, desde 2015, los estados miembros han ido perdiendo la confianza en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la migración, de modo que, con este pacto, la organización supranacional se jugaba su reputación.
Así es como se entiende que el resultado de estos tres años de negociaciones haya sido un conjunto de normas que tienen el foco puesto en el control fronterizo y en aligerar los trámites de asilo para también garantizar unos procesos de devolución más rápidos.
Las organizaciones denuncian que los menores de edad quedan desprotegidos y que es un sistema que se presta a la violación del derecho de asilo.
La seguridad y el control fronterizo, en el núcleo del Pacto
Tal y como explica en un podcast Anna Terrón, analista sénior en el Migration Policy Institute, exsecretaria de Estado de Inmigración y Emigración en el Gobierno de España (2010-2011) y miembro del Consejo Asesor del Real Instituto Elcano, el principal consenso que alcanza el Pacto se refiere al control exterior de fronteras.
El Pacto refuerza el rol de Frontex, la agencia de la Unión Europea encargada de vigilar las fronteras, como principal agente de control fronterizo, agiliza los trámites para resolver las solicitudes de asilo con procedimientos rápidos que permiten la devolución en frontera y sigue la tendencia de externalización que ya se estaba aplicando.
En ese sentido, Bruselas buscará la colaboración con los países de origen y tránsito para controlar los flujos migratorios y para luchar contra el tráfico de personas.
Una vez lleguen a la frontera, los inmigrantes serán retenidos en centros de acogida donde se aplicarán controles de identidad, seguridad y salud, así como tomas de huellas dactilares y otros datos, incluso biométricos, a la espera de la resolución de su solicitud.
Otra medida dirigida a la seguridad también permite la grabación de las personas que representen una amenaza.
Especialmente polémicas han sido las medidas que afectan a la infancia, y que permiten la recopilación de huellas dactilares y las imágenes faciales desde los seis años de edad.
Save the Children también denuncia que “el nuevo pacto detalla que ahora, todas las familias, incluso las que viajan con niños y niñas muy pequeños, podrían acabar pasando semanas o meses en centros de detención”.
Hasta cuatro grupos de expertos de la ONU ya advirtieron en diciembre que el Pacto podía «tener un impacto negativo en los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo, incluidos los niños y las personas en situación de vulnerabilidad».
Lo hicieron en una carta enviada a la delegación de la Unión Europea en la que criticaban especialmente las detenciones temporales de migrantes, sobre todo la de los niños, y los procedimientos de retorno que excluyen “salvaguardias esenciales”.
El documento está firmado por Gehad Madi, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; Mateo Gillett, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU; Tomoya Obokata, relatora especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; y Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Uno de los principales puntos de fricción ha sido el reparto equitativo de personas migrantes entre Estados.
La “solidaridad obligatoria” no contenta a nadie
La Unión Europea ha intentado sacar adelante un sistema de solidaridad que se ha convertido en el punto más polémico del Pacto.
La propuesta inicial incluía cuotas que obligaban a cada país a hacerse cargo de un número determinado de personas migrantes para aliviar la presión de los países que reciben más.
Sin embargo, al final el Pacto ha acabado permitiendo que los países eludan la responsabilidad de acoger inmigrantes a cambio de una compensación económica.
Esta medida no contenta a los países de recepción, que necesitan apoyo en la reubicación de migrantes, pero tampoco a los países como Hungría o Polonia, que abogan por un endurecimiento en el control de fronteras y que consideran que la compensación económica es, en realidad, una sanción.
Las ONG y organizaciones de la sociedad civil también rechazan esta medida y la consideran insuficiente.
“En términos generales, el sistema de solidaridad propuesto deja en un segundo plano la protección de las personas, poniendo un foco especial en las cuestiones relativas al retorno, y supone una oportunidad perdida para el establecimiento de un mecanismo obligatorio de reubicación que dé respuesta a la situación de presión en los países frontera exterior”, valora la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe.
La gran ausencia del Pacto son las vías legales y seguras
Los expertos vienen reclamando que los pactos sobre migración y asilo se centren en abrir vías legales y seguras que ofrezcan a los migrantes una alternativa al tráfico de personas o a las rutas de la muerte.
Establecer estos mecanismos es una de las principales recomendaciones que hacen los pactos globales sobre migración y asilo, aprobados por la ONU en diciembre de 2018 tras los acuerdos de Marrakech.
Sin embargo, el Pacto no establece medidas que vayan en esa línea y se centra solo en los procedimientos en frontera y en los mecanismos de seguridad.
Algunos celebran que, por lo menos, ofrezca unas pautas para unificar la política migratoria, pero con la tensión creciente en materia de migración y la polarización de este debate en el seno de la UE habrá que ver cómo implementan los países estas medidas.
Al fin y al cabo, tal y como advierte Anna Terrón, la UE no ha conseguido ponerse de acuerdo en una cuestión de vital importancia: cómo responder a la próxima crisis migratoria a la que se tenga que enfrentar.