Europa quiere ordenar de una vez la inmigración

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Refugiados sirios en una estación de tren de Budapest, en 2015 Foto Mstyslav Chernov

Refugiados sirios concentrados en una estación de tren de Budapest, en 2015
(Foto: Mstyslav Chernov)

 

Puestos a hacer un videoclip, la imagen de miles de refugiados caminando por el campo europeo, saltando vallados y siendo gaseados por la policía, no casa con la Oda a la alegría como tema musical, ese que, convertido en himno de la Unión Europea, dice que “todos los hombres vuelven a ser hermanos”. La idea de una UE amable para con todos choca frontalmente con las escenas de improvisados campamentos de inmigrantes, en los que cunden la miseria y la desesperanza.

Bruselas quiere darle un giro a esto; un giro que pase por ayudar a los países que soportan el grueso de la presión migratoria en sus fronteras. Es lo que prevé el nuevo Pacto sobre Migración, presentado por la Comisión Europea (CE) el 23 de septiembre, que formula incentivos para los que echen una mano, si bien no concreta ningún tipo de penalización a los que se nieguen a hacerlo.

La CE establece un sistema de “apadrinamiento” por el que cada Estado miembro se hace cargo de un presunto refugiado, tanto para reubicarlo como para, si es el caso, deportarlo

El nuevo texto propone medidas encaminadas a agilizar y optimizar los procedimientos en frontera: la persona que llegue irregularmente será sometida a un chequeo de salud y de seguridad, con toma de huellas y registro informático de sus datos. Después será derivada al trámite indicado según su caso, y se decidirá rápidamente si tiene posibilidades de obtener asilo o si debe ser devuelta sin dilación a su país de origen. Respecto a los que se queden, el plan prevé que a aquellos Estados –no los de entrada– que acepten reubicarlos en su territorio, se les compensará con 10.000 euros por cada uno.

En cuanto a los solicitantes que no sean aprobados, la idea es hacer más expedito su proceso de repatriación –cada año, solo un tercio de los 370.000 demandantes de asilo con orden de deportación toman el camino de vuelta–. Ahora la CE establece para esto un sistema de “apadrinamiento” que potencia la solidaridad entre países: cada Estado miembro de la UE se hace cargo de un presunto refugiado, sea que esté en Malta, en Italia, en España o en Grecia. Si la solicitud de asilo del interesado prospera, el país patrocinador lo acoge en su territorio; si no, debe ayudar a aquel donde se encuentra físicamente el solicitante para que sea retornado.

La interrogante, a la vista del poco entusiasmo que despertaron las cuotas de refugiados de 2015 en varios países del este, es cuán real será esa solidaridad para gestionar el peso de la inmigración irregular. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha explicado que “la cuestión no es si los Estados miembros deben prestar su apoyo solidario y su contribución, sino cómo deben prestarlo”.

“En el país sí, pero no en mi familia”

Europa necesita inmigrantes. A un continente cada vez más envejecido, aquellos que han nacido fuera de sus fronteras le aportan la mano de obra que no le garantizan sus decrecientes tasas de natalidad. Por ello, además de sobre la ley y el orden, el foco debe ubicarse –y es lo que se pretende con un Plan de Acción para el período 2021-2024– en cómo integrar mejor a los que ya viven aquí.

“A pesar de los numerosos éxitos –admite la CE–, demasiados migrantes y hogares de origen migrante siguen enfrentándose a retos en términos de desempleo, falta de oportunidades educativas o de formación y escasa interacción social”. En 2019, por ejemplo, la proporción residentes extracomunitarios que tenían empleo se cifraba en el 60% de las personas de 20 a 64 años, mientras que la de los nacionales de países de acogida en la UE era del 74%.

Según datos de la CE, el pasado año residían legalmente en la UE unos 21 millones de nacionales de terceros países. Constituyen el 4,7% de la población total de la Unión. Lo interesante es que, pese a ser relativamente pocos, ocupan un porcentaje desproporcionado de puestos en áreas vitales. Los extracomunitarios son el 6% de los profesionales de la salud, el 14% de los cuidadores, el 10% de los trabajadores del sector de tratamiento de residuos, el 16% de la fuerza agrícola, el 25% del personal de la limpieza y el 27% de los procesadores de alimentos.

Esta presencia insustituible no basta, sin embargo, para convencer a muchos de la necesidad de ejercitarse en la acogida. El más reciente Migrant Acceptance Index, de la encuestadora Gallup, recogió en países de diversos continentes la variación de actitudes de las poblaciones locales hacia los inmigrantes entre 2016 y 2019. De un máximo de nueve puntos, la aceptación general de los extranjeros cayó de 5,34 a 5,21 en ese período. Y la UE no fue excepción.

Los consultados debían responder a las interrogantes de si la presencia de inmigrantes en sus países era algo positivo, si lo era que fueran vecinos suyos, y también si aceptarían que un no nacional se casara con un miembro de su familia. En la UE, el retroceso más abrupto fue el de Bélgica, que pasó de 6,1 a 4,8 puntos. En otros la aceptación se mantuvo en mínimos, como Hungría (1,6), Letonia (2,2) o Eslovaquia (2,5).

Excepciones curiosas han sido la de Polonia y Lituania, en que dicha aceptación ha crecido. Sobre el primero, apunta Gallup que, “aunque la puntuación del país no es alta, ha mejorado un punto en los últimos tres años, al subir de 3,31 a 4,21. En ese período los polacos se han vuelto más abiertos a ver como algo positivo que haya inmigrantes residiendo en su país (del 28% al 42%) y a que sean sus vecinos (del 26% al 38%), aunque no necesariamente a que sean miembros de su familia (del 23% a solo el 27%)”.

Una cosa, sin embargo, es lo que se va percibiendo en las calles polacas, y otra muy diferente en las oficinas de quienes toman las decisiones nacionales.

Solidaridad para… deportar

El Pacto Migratorio de Bruselas no ha nacido aún a efectos de aplicación real, y ya los líderes políticos de Polonia, Hungría y la República Checa enfrían las expectativas.

Tras una reunión con la presidenta de la Comisión, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, señaló que un acuerdo comunitario en este tema debe descansar en políticas de control de fronteras y de asistencia en los países de origen, “o el tipo de apoyo que Polonia está dándole a Grecia ahora mismo”, en alusión a los módulos habitables que le ha enviado para ayudar a reconstruir el campo de refugiados de Moria, recién devastado por un incendio.

Como en ocasiones anteriores, los países del este son los más reacios a compartir responsabilidades en la gestión de la migración irregular

En línea parecida va el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien resta méritos al nuevo pacto: “Un avance sería si hubiera hotspots [áreas de atención] fuera, de modo que nadie pueda pisar suelo de la UE sin permiso”. Menos protocolario fue su par checo, Andrej Babis, para quien la propuesta es, sencillamente, “una estupidez”, y la solidaridad pedida para gestionar la reubicación o la deportación de inmigrantes es otro sinsentido. “Si no aceptamos migrantes, no necesitamos deportarlos”, zanjó.

Con estas actitudes, y dado que la puesta en vigor de un pacto europeo debe tener el fiat de todos los miembros del Consejo, se puede decir que corre el riesgo de quedar congelado. En caso de que, pese a todo, salga adelante, sancionará como buenas algunas prácticas cuestionables para los extranjeros pobres que llegan a las puertas de la UE.

Desde un ángulo opuesto al de Orbán et al. también le llegan críticas a la propuesta. Según explica María Nyman, secretaria general de Cáritas Europa, “es inaceptable que [el pacto] permita a un Estado miembro evitar la reubicación de inmigrantes [en su territorio] al facilitarle la deportación”. “Al proponer un ‘patrocinio de devolución’ como alternativa a una reubicación genuina –dice por su parte Philippe Dam, de Human Rights Watch–, la CE hace del principio de la solidaridad un insulto, al encomendarles las devoluciones a los países que rechazan ser solidarios”. “Es como encargarle al abusón del colegio que acompañe a un chico a su casa”, agrega Judith Sunderland, vicedirectora de la filial de esa organización para Europa y Asia central.

De ser finalmente aprobado, el pacto será norma en 2023.

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