El debate sobre el matrimonio homosexual suele llevar aparejado otro referido a las políticas antidiscriminación. Una reciente sentencia del TEDH sobre la objeción de conciencia al servicio militar muestra lo que está en juego.

Los colectivos LGTB suelen argumentar que solo buscan aumentar los derechos de una parte de la sociedad, sin perjudicar los del resto. Sin embargo, la experiencia en varios países muestra que esto no siempre es así: frecuentemente, tras la aprobación del matrimonio homosexual se aplica una política antidiscriminación que coarta la libertad de expresión y de creencias de otras personas. Un fallo del TEDH sobre el derecho a la objeción de conciencia, aunque referido a otro ámbito, puede aportar luz a debates como el que se está desarrollando en Australia, donde se celebra una consulta sobre la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. El pasado 12 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en un caso que enfrentaba a cuatro testigos de Jehová con el Estado de Armenia, del que son ciudadanos. La disputa se debía a que, hace cinco años, los litigantes se negaron a participar tanto en el servicio militar obligatorio como en su alternativa civil para objetores de conciencia, ya que consideraban que esta constituía, en la práctica, otra forma de actividad militar (por su organización jerárquica y algunos requisitos en cuanto al modo de desarrollar las actividades, no tanto por el contenido de estas), de forma que sus creencias antimilitaristas les impedían cumplir con ella. El gobierno les denunció y fueron detenidos y encarcelados. La propuesta que más posibilidades tiene solo contempla excepciones para instituciones religiosas, pero no protege suficientemente la conciencia de los demás Después de que la justicia armenia rechazara los recursos de esos objetores en las sucesivas instancias, ahora el TEDH se ha pronunciado a favor de ellos. Tras examinar la naturaleza de la alternativa, los jueces explican que esta contiene elementos que la hacen cercana al servicio militar, por lo que los litigantes podían negarse a ella en virtud de su libertad de conciencia. Un pilar de la democracia Más allá de lo que se refiere al caso concreto, el fallo contiene algunas afirmaciones claras sobre este derecho. Recuerda, en primer lugar, que se trata de “uno de los pilares de cualquier sociedad democrática”. Aunque los Estados pueden excepcionalmente “interferir” según un margen de apreciación que la Convención Europea les concede, si el país no proporciona una alternativa que no vulnere la conciencia de los objetores, este margen queda muy limitado. En concreto, el Estado debe demostrar que la injerencia se debe a una “acuciante necesidad social”. Y continúa: “Un sistema que impusiera a los ciudadanos una obligación que puede tener serias implicaciones para los objetores, sin hacer concesiones a las exigencias derivadas de las creencias y conciencias de los individuos, no estaría equilibrando los intereses de estos con los de la sociedad en conjunto”. Estas palabras, referidas al servicio militar, resultan iluminadoras si se leen en el contexto de otra lucha “de conciencia”: la sostenida por personas en distintos países del mundo que se han negado a cooperar con su trabajo –más o menos directamente– a la celebración de bodas del mismo sexo: desde aquellos cuya participación es directa, como funcionarios del registro (el caso de Kim Davis en Estados Unidos es el más conocido), a floristas, pasteleros, decoradores o fotógrafos. El ejemplo australiano Precisamente, esta cuestión se ha convertido en parte central del debate sobre el matrimonio homosexual en Australia, que en las próximas semanas pueden iniciar el trámite para su legalización. Tras muchas idas y venidas, incluida una parada en los tribunales, el gobierno aprobó hace unos meses realizar una encuesta postal de tipo plebiscitario, aunque sin valor vinculante para el Parlamento, sobre la posibilidad de legalizarlo. Todos los australianos con derecho a voto han recibido una carta con la pregunta: “¿Se debería cambiar la ley para permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo?” Según estadísticas oficiales, ya habría respondido cerca del 70%, y el límite para enviar la respuesta expira a principios de noviembre. Los resultados se darán a conocer el 15 del mismo mes, aunque las encuestas dan al “sí” como claro vencedor. Algunos políticos australianos han alertado de la necesidad de proteger la libertad de conciencia y de expresión antes de legislar sobre el matrimonio homosexual Los principales partidos han condicionado la tramitación de una ley a la victoria de esta opción en el plebiscito. Sin embargo, algunos activistas a favor del matrimonio homosexual se opusieron a su celebración. Según Rodney Croome, partidario de la plataforma LGTB Just Equal, correspondía al Parlamento y no a la sociedad en su conjunto decidir sobre este asunto (una argumentación ventajosa, ya que el “sí” cuenta con un apoyo más mayoritario entre los grupos parlamentarios que entre la población, según las encuestas). Además, según Croome, el plebiscito alargaría un debate que podría tener efectos traumatizantes y estigmatizadores para el colectivo homosexual del país (ver Aceprensa, 21-10-2016). Discriminados por las leyes antidiscrimación En cambio, varios representantes del Partido Liberal –incluido un ministro, un exministro y dos de los últimos líderes de la formación– han pedido que el debate sea profundo y riguroso, y que se aclare, antes de dar los resultados del plebiscito, cómo puede afectar la legalización del matrimonio homosexual a las libertades de otros: padres que quieren que sus hijos reciban una educación de acuerdo con sus convicciones religiosas, libertad de expresión, funcionarios cuya conciencia les impida registrar estas parejas, o fotógrafos, pasteleros, floristas, etc., que no quieran cooperar en las ceremonias. James Paterson, representante del Partido Liberal por el estado de Victoria, es uno de los que con más claridad ha pedido que cuando el Parlamento legalice el matrimonio homosexual (da por hecha la victoria del “sí”), la libertad de conciencia y de expresión queden suficientemente protegidas. Una opción, la que él propugna, es reformar la Ley contra la Discriminación Sexual. Lógicamente, esta ley, aprobada en 1984, no recoge ninguna mención al matrimonio homosexual, ni por tanto a cómo podía afectar este a las libertades de otros. No obstante, incluso así, el texto puede interpretarse de manera que el derecho a no actuar contra la propia conciencia quede protegido. Por ejemplo, en un capítulo se dice que se considerará discriminatorio “negarse a proveer bienes o servicios que sí se ofrezcan a personas de otra orientación sexual”. Pero un pastelero o un florista podrían aducir que a lo que ellos se niegan es a cooperar con algo que contraviene su conciencia, con independencia de que el cliente que lo solicita sea homosexual o heterosexual. La sentencia del TEDH blinda el derecho a la objeción de conciencia al señalar que para interferir en él debe existir una “acuciante necesidad social” Con todo, varios representantes del Partido Liberal y de otras formaciones consideran que este tipo de interpretaciones no son suficientes, y que es necesario explicitar claramente la protección a las libertades de expresión y de conciencia. Así lo piensa Peter Hutton, ministro del interior, aunque reconoce que no será fácil conseguirlo en el Parlamento. Entre otras cosas, porque los dos principales partidos ya han dado su apoyo a una propuesta de ley del liberal Dean Smith, que juzgan adecuada como punto de partida, y a la que no parecen dispuestos a introducir enmiendas. Garantías limitadas La propuesta de Smith, ciertamente, ofrece algunas garantías a la libertad de conciencia: los ministros religiosos no estarán obligados a oficiar bodas homosexuales, y también podrán negar su cooperación las empresas “establecidas con fines religiosos”. Sin embargo, no se mencionan los derechos de los funcionarios, ni de los fotógrafos, pasteleros, etc., cuyo trabajo difícilmente quedaría amparado por esos supuestos. Por eso, el Australian Christian Lobby está haciendo campaña para que se proteja explícitamente a estos colectivos. Sin embargo, una propuesta con ese fin, presentada por el liberal-demócrata David Leyonhjelm en agosto, no recibió ni siquiera el apoyo del resto de la coalición gobernante. Además, activistas LGTB como Croome han señalado que no apoyarían ninguna ley que incluya tales “excepciones”. Así pues, parece claro que la propuesta de Smith será la falsilla para legislar el matrimonio homosexual en Australia. Queda por ver si la libertad de conciencia consigue hacerse un hueco durante la tramitación parlamentaria, ya que los partidos liberal y laborista han concedido libertad de voto en este asunto a sus representantes. No obstante, parece poco probable, dada la predisposición de algunos como Peter Hutton, un ministro liberal que ha señalado que, aunque se opone personalmente al matrimonio homosexual, votará a favor en caso de que gane el “sí” en el plebiscito. Es previsible, pues, que si en Australia se aprueban las bodas gais, también allí se repetirán los conflictos que se han dado en otros países. Se podrían evitar si se aplicase el criterio del TEDH, aunque no tiene jurisdicción en Australia: que cualquier injerencia en la libertad de conciencia de los objetores ha de estar exigida por una “acuciante necesidad social” (no parece que la oposición de unos pocos funcionarios, fotógrafos o pasteleros pueda producir tal situación), y que, en todo caso, el sistema debería buscar la manera de buscarles un acomodo.

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