Pese a que las opiniones favorables a la pena capital en Estados Unidos experimentaron un repunte en 2017, las ejecuciones están en declive. Según una información difundida por The Wall Street Journal, en 2018 solo fueron ejecutadas 25 personas, cuarto año consecutivo por debajo de 30 personas; en cambio, fueron sentenciadas a la pena capital 42, tres más que en 2017. Nada que ver con las 315 condenas de 1996, o las 98 ejecuciones de 1999, el número más alto desde que el Tribunal Supremo avaló la constitucionalidad de la pena de muerte en 1976.
Desde entonces, 23 estados han abolido la pena de muerte o el gobernador ha establecido una moratoria sobre su aplicación. Por otra parte, siguen existiendo signos de enfermedad mental o discapacidad intelectual en demasiados de los condenados a muerte o ejecutados en 2018. Pero resulta especialmente significativo que legisladores republicanos protagonicen proyectos abolicionistas, en contra de una de las tendencias clásicas del partido.
Como recuerda el diario, destacados demócratas –como Barack Obama o Hillary Clinton– apoyaron las ejecuciones en algunos casos, pero solo el 35% de los demócratas está a favor de la pena capital, frente al 77% de los republicanos, según una encuesta del Pew Research Center de 2018. Desde 1996, el apoyo a la pena de muerte ha disminuido 36 puntos porcentuales entre los demócratas, y 10, entre los republicanos.
En Kansas, Kentucky, Misuri, Montana y Wyoming, los republicanos han promovido en 2018 proyectos de ley para abolir la pena capital. Actualmente, apoyan una propuesta semejante en Nuevo Hampshire, donde los demócratas dominan la Cámara de Representantes. En total, los republicanos han promovido 27 proyectos de ley contra la pena de muerte en 2018, frente a solo cuatro en 2000, según el grupo Conservatives Concerned About the Death Penalty. Su máxima responsable, Hannah Cox, reafirma su convicción en la santidad de la vida, más allá de la clásica preocupación por el riesgo de quitar la vida a un inocente.
Desde 1996, el apoyo a la pena de muerte ha disminuido 36 puntos porcentuales entre los demócratas, y 10, entre los republicanos
En la tendencia abolicionista influyen también decisiones parciales del Tribunal Supremo contra ciertos tipos de ejecución considerados crueles, desproporcionados o excesivamente dolorosos. En esa línea se sitúan también los fallos en la aplicación de la inyección letal, así como la negativa de algunas empresas farmacéuticas a facilitarla a las penitenciarías. Por lo demás, muchos consideran que los estados gastan demasiado dinero en una política penal que dista de producir el efecto disuasorio tantas veces invocado por los partidarios de la máxima sanción.
Por otra parte, como reconoce Chad McCoy, presidente de la mayoría de la Cámara de Representantes de Kentucky, ser provida significa proteger todas las vidas. McCoy presentó un proyecto de abolición en la última sesión legislativa: fracasó, pero lo ha revivido este año y espera conseguir más apoyo.
De todos modos, una tradición política estadounidense habla de que el político que se opone a la pena de muerte causa su propia muerte política. Quizá por esto, gobernadores republicanos han vetado leyes abolicionistas aprobadas por iniciativa de su partido: así, Chris Sununu, en Nuevo Hampshire, o Pete Ricketts, en Nebraska.
La excepción sigue siendo Texas, el estado con mayor número de ejecuciones desde 1977. No se ha producido ninguna propuesta por parte de representantes republicanos, que controlan las cámaras legislativas estatales.