Japón: Cotizar más y recibir menos, para salvar las pensiones

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Duración lectura: 3m. 52s.

Ashiya. Los japoneses tendrán que cotizar más y esperar menos beneficios de acuerdo con la reforma de las pensiones recién aprobada, que intenta evitar la bancarrota del sistema en una sociedad cada vez más envejecida.

Después de dos largos días de intensa lucha -en ocasiones también física-, la Cámara Alta de la Dieta japonesa aprobó el pasado día 5 la reforma de la ley de pensiones. El principal partido de la oposición (Minshuto o Partido Democrático de Japón) trató desesperadamente de evitar que se aprobara recurriendo a tácticas dilatorias, para alargar la sesión lo más posible. El día anterior los parlamentarios habían incluso llegado a las manos cuando el partido del gobierno (Jiminto o Partido Liberal de Japón) propuso terminar la sesión ante las maniobras obstruccionistas de algunos parlamentarios.

En esencia, la nueva legislación propone subir las cotizaciones obligatorias hasta 2017 y rebajar gradualmente los beneficios en los próximos 19 años. El punto fundamental de estos cambios está en tratar de asegurar que las pensiones se mantengan en el 50% del promedio del salario neto de los trabajadores. Y, en general, tratar de salvar al sistema de la bancarrota.

En Japón hay un complejo sistema de pensiones. El kokumin nenkin es el seguro básico, al que está obligado todo el mundo. Y dentro de él hay otros sistemas de seguros para distintas categorías: para los asalariados de empresas privadas, cuyas cotizaciones se dividen a partes iguales entre la empresa y el empleado, para los funcionarios, para los políticos, para los cultivadores de arroz… En principio, estos sistemas son obligatorios. Pero, como ha podido saberse a raíz de una serie de escándalos producidos en torno a la discusión de la nueva ley, en el año fiscal 2002 cerca del 40% de los japoneses que deberían estar cubiertos por el Plan Nacional de Pensiones no pagaron sus cotizaciones, según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Hoy en día, tanto el kokumin nenkin como el seguro de los asalariados privados están en números rojos.

El escándalo estalló al descubrirse que importantes políticos, entre ellos el portavoz del gobierno y el líder del principal partido de la oposición, no habían pagado esas cotizaciones, y tras ellos vinieron otros. Algunos no las habían pagado durante años.

Aunque el gobierno insiste en la obligatoriedad de esos pagos, en realidad no toma medidas para hacerlos cumplir. Por otra parte, la estructura del sistema es notoriamente compleja y muchos no saben siquiera como tomar parte en él.

Cuando alguien deja la empresa donde trabajaba, es dado de baja y debe solicitar de nuevo su ingreso en el kokumin nenkin. Pero muchos se olvidan de hacerlo porque sus cuotas eran deducidas de forma automática de sus sueldos cuando trabajaban en compañías privadas y nadie les avisa. Hay otros que no quieren pagar por falta de confianza en el sistema.

Las pensiones, que se pagan a partir de los 65 años, son financiadas por el erario público y por las cotizaciones que pagan las generaciones más jóvenes. Pero este esquema está en grave peligro, dado el progresivo envejecimiento de la sociedad. La proporción de personas de 65 años o mayores respecto a las de 20 a 64 años, era de 1 por 7,7 en 1975, pero en 2000 fue de 1 por 3,6 y se prevé que será de 1 por 1,9 en 2050.

Con la nueva legislación, las contribuciones a las pensiones para los empleados de empresas aumentarán desde el 13,6% actual hasta un 18,3% en 2017; mientras las cotizaciones mensuales al esquema básico del programa nacional de pensiones pasarán de los 13.300 yenes actuales (unos 100 euros) hasta un máximo de 16.900 yenes (125 euros).

El gobierno asegura que el nuevo sistema será sostenible durante los próximos 100 años; y promete que, aunque las pensiones se reduzcan paulatinamente durante los próximos 19 años, no disminuirán por debajo del 50% del promedio de los ingresos anuales netos. Pero muchos piensan que esta predicción está basada en proyecciones demográficas y económicas poco realistas. El gobierno cuenta, por ejemplo, con que al menos el 80% de los que están obligados legalmente a inscribirse en el sistema, satisfagan regularmente sus cuotas. Actualmente las pagan el 62,8%. Otra condición para que el nuevo sistema tenga éxito incluye un incremento de la fecundidad: pasar de 1,29 hijos por mujer en 2003 a 1,39 en el año 2050. Pero, por el momento, no hay claros signos de cambio en esa tendencia.

Antonio Mélich