Las huelgas más sonadas no las hacen ya los mineros. Sin necesidad de un paro general ni de barricadas, una minoría puede colapsar una ciudad. Tienen ese poder los trabajadores del transporte o de otros servicios esenciales, que en muchos casos son empleados públicos. Pero la recesión ha debilitado también a sus sindicatos, y puede ser el inicio de una reforma laboral duradera en el sector público.
Los sindicatos tienen naturalmente más fuerza donde hay gran concentración de asalariados. En otros tiempos, tal era el caso en los altos hornos, los astilleros, las minas… Hoy, por el masivo trasvase de empleos a los servicios, la diversificación del sector privado y el crecimiento de los servicios sociales, el mayor patrono es el Estado. Por eso el sindicalismo es más fuerte en el sector público.
Los únicos sindicatos que crecen
En un contexto general de pérdida de afiliados (ver figura 1), los sindicatos sin embargo han crecido o han bajado menos en el sector público. Caso extremo es el de Estados Unidos. Allí la tasa total de afiliación ha disminuido del 20% a principios de los ochenta al 12% hoy día, pero entre los empleados públicos ha ido subiendo. Por primera vez en la historia, desde 2009 los sindicatos tienen más miembros en el sector público que en el privado, pese a que este emplea a 5 veces más personas. Ahora la tasa es del 36,2% entre los empleados públicos frente a un mínimo histórico de 6,9% entre los otros (fuente: Bureau of Labor Statistics).
| Fuente: OCDE |
En España, donde la afiliación nunca ha sido alta, se ha registrado una subida en los últimos años, según los datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo (no según los datos de la OCDE). El progreso, del 16% en 2003 a casi el 20% en 2008, ha sido mucho más fuerte en el sector público -del 25,5% al 32,8%- que en el privado -del 13,6% al 15,8%-. De este modo, en esos cinco años los empleados públicos han pasado de un tercio a dos quintos del total de afiliados.
Una subida espectacular es la registrada en Canadá, donde los empleados públicos con carné sindical han pasado del 12% al 70% en los últimos cincuenta años. En Gran Bretaña, los sindicatos han perdido miembros en los dos sectores desde el máximo de 1979, pero mucho menos en el público -del 82% al 56%- que en el privado -del 44% al 15%-.
De clase media
El predominio de los empleados públicos ha cambiado los sindicatos. Ya no son propiamente el movimiento obrero, pues han recibido un fuerte contingente de miembros de la clase media. El 1 de mayo deberían verse casi más togas que monos, dado que en las filas sindicales hay una fuerte presencia de profesores y de personal administrativo.
Así, en Estados Unidos, el grupo de ocupaciones en que se da la más alta tasa de afiliación (37%) es el de enseñanza y bibliotecas. Por otra parte, los miembros de sindicatos ganan por término medio 800 dólares mensuales más que los no afiliados, lo que en parte es resultado de la acción de los sindicatos, y en parte reflejo de la mayor afiliación en profesiones mejor remuneradas. En fin, en correspondencia con la elevación del nivel educativo general, más de uno de cada cuatro afiliados a los sindicatos tienen título superior.
Similar tendencia se observa en España, donde entre los afiliados están sobrerrepresentados los universitarios y, sobre todo, los salarios medios y altos (ver cuadro 1). La tasa de afiliación más alta (24%) se da en el personal administrativo, aunque en segundo lugar está la de trabajadores no cualificados (22%). La de técnicos y profesionales (19,8%) es igual a la general.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: P.J. Beneyto, “Panorama actual de la afiliación sindical”, a partir de datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajadores más favorecidos
La mayor presencia y potencia sindical en el sector público trae otras consecuencias notables. En épocas de crisis, las empresas pueden obtener concesiones de los trabajadores, que ante todo quieren salvar el empleo. Así, el sindicato alemán IG Metall aceptó una congelación de salarios en 2009 y una modesta subida del 2% en 2010. Otro ejemplo es el referéndum celebrado el pasado enero en la fábrica de Fiat de Turín: los más de cinco mil empleados decidieron por mayoría, y contra la postura de algunos sindicatos, aceptar la oferta de la empresa (menos tiempo libre y muy poco más salario) para evitar el cierre.
Los sindicatos pueden tener más éxito cuando negocian con el patrono que nunca cerrará, el Estado. De hecho, en bastantes países los empleados públicos tienen unas ventajas impensables para los compañeros del sector privado. Para empezar, la paga suele ser superior. Así, en España la ganancia anual media de los ocupados está en cerca de 21.900 euros, pero la de los asalariados de la administración pública asciende a casi 27.000 euros (INE, Encuesta Nacional de Estructura Salarial, 2008). En parte, se debe a que en el sector público hay muchos menos sueldos bajos: inferiores a 1.010 euros mensuales son solo el 9%, frente a un 35,1% en el sector privado. Pero también a que abundan los sueldos buenos: superiores a 2.500 euros al mes son casi la mitad (47%) en el sector público y solo el 13,5% en el privado.
De todas formas, lo más distintivo de la escala salarial pública es una aurea mediocritas, con retribuciones no tan altas como en el sector privado para los trabajadores de nivel superior y menos desigualdad en general. Las mayores prerrogativas de los empleados públicos están más bien en las condiciones de trabajo (jornada, vacaciones, inamovibilidad) y de jubilación. Es lo que más fácilmente se puede obtener de un patrono cuya capacidad de pagar puede ser grande, pero siempre dentro de los límites de los presupuestos públicos. Bajo la presión de huelgas que pueden causar grandes trastornos, o por acumulación de concesiones graduales, los privilegios pueden llegar a ser desproporcionados.
Por ejemplo, en Brasil los profesores de la enseñanza pública pueden tomarse hasta 40 días libres por año sin necesidad de justificarlo y jubilarse con la pensión íntegra desde el momento en que cumplen 30 años de servicios (25 si son mujeres). En Gran Bretaña, según cálculos del think tank Policy Exchange, al término de su vida laboral, un empleado público ha trabajado un 23% menos de horas que uno del sector privado, merced a días libres, bajas por enfermedad y huelgas. En Grecia, hasta la reciente reforma, muy combatida por los sindicatos, los funcionarios no podían ser removidos por “mera” razón de productividad baja o incompetencia manifiesta, y se jubilaban a los 58 años.
Pobreza obliga
En tiempos de crisis, las ventajas de los empleados públicos parecen un agravio comparativo a ojos de los demás. En 2009, ya declarada la recesión en España (la variación del PIB era negativa desde el último trimestre de 2008) y con una inflación muy baja, del 0,8%, los sueldos del sector público subieron un 3,8%. El año pasado empezó la contención salarial, pero no en contratación, pues las nóminas de las administraciones públicas añadieron 102.000 puestos (+3,3%), mientras las del sector privado perdieron 282.000 (-2,26%).
Pero la diferencia ya no es tan grande como al principio: el mal estado de las arcas públicas ha acabado por afectar a las nóminas del Estado. Se ha recortado los salarios a funcionarios y empleados públicos en países como Irlanda, Grecia y España, y se los ha congelado en Estados Unidos y Japón.
Las rebajas van a proseguir en Estados Unidos, sobre todo por iniciativa de políticos republicanos, siempre menos favorables a los sindicatos, sin que falten algunos demócratas.
El popular gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, republicano, ha quitado 445 millones de dólares de financiación a los 566 ayuntamientos del estado, obligándoles a ajustar sus plantillas. En efecto, las nóminas públicas tienden a aumentar cuando hay dinero y a no bajar del nivel alcanzado. Un ejemplo que trae The Economist (8-01-2011) en un especial dedicado a los sindicatos del sector público es el de Buffalo, la segunda ciudad de Nueva York, que hoy paga a tantos empleados municipales como en 1950, pese a tener la mitad de población que entonces.
Ofensiva antisindical
Además, las estrecheces han preparado el ambiente para limitar el poder de los sindicatos. En Ohio, el gobernador John Kasich quiere prohibir las huelgas de profesores en las escuelas públicas, como en muchos estados están prohibidas las de policías o bomberos. Es el mismo principio que se aplica desde antiguo en Alemania, donde no se permiten huelgas de funcionarios.
Recortes de las ventajas sindicales se preparan también en muchos otros lugares. Por ejemplo, el gobierno regional de Madrid va a firmar un nuevo acuerdo sobre representación sindical en la administración y las empresas públicas, en virtud de una ley presupuestaria que exige bajar el gasto de la comunidad. Los delegados sindicales, que ahora pueden dedicar 75 horas mensuales, a tareas de representación, se quedarán con 40. Los liberados, que se dedican íntegramente a la función sindical, pasarán de unos 300 por sindicato a un centenar. Los comités de empresa bajarán de 120 a 36. Es imprescindible una buena crisis para que los sindicatos acepten cosas así.
En Estados Unidos hay una especie de ofensiva en estados con dominio republicano contra la influencia política de los sindicatos -también los del sector privado-, que es casi exclusivamente a favor del partido rival. En 16 estados, los republicanos preparan leyes que exigirán a los sindicatos de empleados públicos tener el consentimiento expreso de cada afiliado para usar el dinero de su cuota en campañas políticas.
Sin embargo, el plan más temido por las organizaciones sindicales es el de al menos diez estados que pretenden prohibirles cobrar cuotas obligatorias a los no afiliados cubiertos por los convenios que ellas negocian. Tal medida está vigente ya en 22 estados, casi todos del sur o del oeste, y resta fondos e implantación a los sindicatos. Los partidarios sostienen que la negociación colectiva no es un servicio público, ni un sindicato una administración que pueda recaudar impuestos, y que la aportación obligatoria espanta a posibles inversores. Los sindicatos replican que sin ella, los no afiliados se benefician de la acción sindical sin contribuir al costo, y que donde no se admite hay de hecho menos convenios y salarios más bajos.
El peso de las pensiones
Esos son importantes frentes de batalla en el conflicto entre sindicatos y administraciones públicas que la crisis económica ha desatado. De todas formas, en el especial citado, The Economist afirma que el principal es otro: las pensiones. Las conquistas de los sindicatos de empleados públicos, dice, han traído entre otras cosas una epidemia de jubilaciones anticipadas que trastoca las cuentas del Tesoro. La facilidad para retirarse joven en el sector público en Brasil hace que el costo de las pensiones, 12% del PIB, sea el mismo que en Gran Bretaña, pese a que la edad media de la población es mucho menor (29 años frente a 39).
Pero la misma juventud de Brasil deja más margen que en otros países. Los estados norteamericanos suman en total 5 billones de dólares en pensiones comprometidas y no respaldadas. Siete de ellos, según cálculos del Prof. Joshua Rauh (Northwestern University), habrán agotado sus reservas para pagar pensiones en 2020.
Los derechos adquiridos, aunque se hayan concedido insensatamente, no se pueden anular. La única salida está en que los empleados públicos aún en activo coticen más y se jubilen más tarde. Es justo lo que ha anunciado ya Chris Christie en Nueva Jersey. En España, tras un tira y afloja con el gobierno, los sindicatos han admitido la elevación progresiva de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y la ampliación del periodo de cómputo hasta los 25 años cotizados, tanto en el sector público como en el privado.
De todas las reformas laborales en el sector público, la de las pensiones sería la más profunda, con efectos a largo plazo.
Por su nombre, la National Education Association (NEA) de Estados Unidos podría ser una ONG dedicada a promover la calidad pedagógica. En realidad, es el mayor sindicato de profesores de la enseñanza pública, con 3,2 millones de afiliados y un presupuesto anual superior a 300 millones de dólares.
Aunque el nombre es lo de menos, en este caso concuerda con la táctica, común entre estos sindicatos, de presentarse como defensores de la escuela y el bien público en educación. Naturalmente, solo representan los intereses laborales particulares de su gremio, que a la vez coinciden en parte con los de las familias o la sociedad en general. Al fin y al cabo, si los profesores tienen buenas condiciones de trabajo, sus alumnos se benefician más que el comprador de un automóvil si los obreros que lo fabrican están en el mismo caso.
Pero con ese cuento, verdadero, los sindicatos de profesores de la enseñanza pública son en casi todas partes unos bastiones de inmovilismo que defienden a ultranza los derechos adquiridos, con el principio básico de promoción por antigüedad y empleo vitalicio. En expresión del Economist, dentro del sindicalismo en el sector público son una “guardia pretoriana” rígidamente opuesta a la competencia, la evaluación de méritos y la retribución flexible. En Polonia se han movilizado ruidosamente contra el intento de obligar a los profesores a dar más de 18 horas semanales de clase. En Grecia ya han ganado el pulso a cuatro ministros de Educación consecutivos que pretendían someterlos a evaluaciones periódicas.
“Tanto en Estados Unidos como en Europa -dice el semanario británico-, es casi tan difícil recompensar a un profesor sobresaliente como despedir a uno inútil”. El distrito escolar de Los Ángeles quiso una vez desprenderse de los siete peores de sus 33.000 profesores; tuvo que ir a pleito, y diez años y 3,5 millones de dólares después, logró librarse de cinco.
Los sindicatos de profesores son también los mayores enemigos de la experimentación y la diversificación en la enseñanza pública. Tienen declarada la guerra a las escuelas públicas autónomas, las charter schools en Estados Unidos o las nuevas free schools en Gran Bretaña, porque tienen libertad para escoger a los profesores que sintonicen con su proyecto pedagógico.
Vientos de cambio
Pero soplan vientos de cambio. La opinión pública ya no cree tan fácilmente que los sindicatos de profesores estén de su mismo lado simplemente porque así lo digan. En Estados Unidos es significativo que un cineasta de izquierdas, Davis Guggenheim, director de Una verdad incómoda (la película sobre el cambio climático escrita por Al Gore), haya criticado duramente a los sindicatos de profesores en un documental sobre los males de las escuelas públicas. Waiting for Superman (cfr. Aceprensa, 18-10-2010) les culpa de perpetuar un sistema averiado que condena a gran parte de los chicos de clase modesta a una enseñanza de mala calidad.
También en Estados Unidos se están dando nuevos pasos para que la escala salarial de los profesores tenga que ver con la competencia. A ello ha contribuido mucho el programa de promoción educativa Race to the Top (cfr. Aceprensa, 23-11-2009), que cuenta con una sustanciosa parte de los fondos del estímulo anti-crisis aprobado por el gobierno federal. Para recibir las ayudas, los estados, entre otras cosas, tienen que evaluar a los profesores y retribuirlos en consecuencia.
Un proyecto que está muy adelantado es el de Hillsborough, un condado de Florida, en este caso favorecido con una subvención de la fundación de Bill Gates. Los profesores serán evaluados anualmente según el progreso académico de los alumnos y el juicio de sus colegas. Los que, con datos de tres años, obtengan buena puntuación, cobrarán más, y los de malas notas, menos. Estos recibirán además formación complementaria, pero acabarán despedidos si no mejoran.
Sobre todo, esta iniciativa se está poniendo en marcha con colaboración del sindicato de profesores del condado, lo que le da elevada probabilidad de éxito. Es un caso infrecuente. La NAE se opone sistemáticamente a tales proyectos. En cambio, la American Federation of Teachers, el segundo sindicato nacional, se muestra más flexible.