EEUU: cómo poner a dieta el programa de cupones de comida

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En Estados Unidos, una reforma reciente de la ley agrícola ha reabierto el debate sobre los cupones de comida (food stamps). Los republicanos de la Cámara de Representantes se quejan de que casi 48 millones de personas se benefician de un programa que fue pensado para ayudas de emergencia a los pobres. Pero los partidarios alegan que los bonos son una parte esencial de la red de seguridad social, sobre todo en momentos de crisis económica. No es extraño que

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No es extraño que la recesión haya elevado el número de beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria Complementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) hasta su máximo histórico: el porcentaje de la población que recibe los cupones ha pasado del 8,7% en 2007 al 15,2% en 2013, incluidos niños y personas dependientes. El problema, dicen los conservadores, es que ese aumento espectacular se viene produciendo desde mucho antes: entre 2001 y 2006, un período en que la tasa de desempleo era baja, el número de beneficiarios se duplicó.

A este aumento contribuyeron las decisiones de dos presidentes de distinto signo político: tras las restricciones de mediados de los 90, Bill Clinton volvió a abrir la mano en el año 2000 y permitió que cualquier beneficiario de un programa de asistencia pública –siempre que no consistiera en ayudas en efectivo– pudiera apuntarse al SNAP. Poco tiempo después, George Bush permitió solicitar los cupones a los trabajadores que ganasen por debajo del umbral de pobreza federal.

Si al principio recibir cupones de comida era casi un estigma, ahora para muchos se ha convertido en un derecho

Bush también puso en marcha una campaña informativa –que Obama ha continuado– para dar a conocer mejor el SNAP. Y si al principio recibir cupones de comida era casi un estigma asociado a la pobreza, ahora para muchos se ha convertido en un derecho que hay que aprovechar.

El resultado –dice Rich Lowry en RealClearPolitics– es que, mientras que a principios de los años 70, uno de cada cincuenta personas recibía cupones para alimentos, hoy es uno de cada siete.

¿Prolongar la dependencia?
A la vista de estos datos, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, está impulsando una iniciativa para recortar a la mitad, en el transcurso de la próxima década, los fondos federales destinados al SNAP: actualmente, 80.000 millones de dólares al año. La idea es restaurar los requisitos laborales que suprimió la reforma de 1996 para evitar que se perpetúen las situaciones de dependencia. También pretende combatir el fraude de quienes, a su juicio, acuden a este programa sin necesitarlo realmente.

A favor de este cambio está The Heritage Foundation, un conocido think tank conservador que se ha convertido en el azote del welfare. Rachel Sheffield, analista política de este instituto, sostiene que el actual sistema de cupones desincentiva la búsqueda de trabajo, al subvencionar a los desempleados sin estimularles a ganarse la vida. Pone como ejemplo lo que ocurría en el promedio de un mes de 2010: de los casi 10,5 millones de hogares beneficiarios de los cupones en los que vivía un adulto con capacidad de trabajar, 5,5 millones no trabajaron ninguna hora; y entre 1,5 y 2 millones no alcanzaron las 30 horas semanales de trabajo. Este es un patrón típico –añade– incluso cuando la tasa de desempleo es baja.

A principios de los años 70, uno de cada cincuenta norteamericanos recibía cupones para alimentos; hoy es uno de cada siete

No lo ve así un editorial del New York Times: “Los republicanos se escudan en algunos que abusan del programa para enmascarar la realidad: los millones de norteamericanos que dependen de estos cupones son niños, discapacitados, mayores y familias pobres”. El Centro sobre el Presupuesto y Prioridades Políticas, una organización de izquierdas, concreta un poco más: casi el 70% de los beneficiarios son personas que no se espera que trabajen, sobre todo porque son niños, discapacitados o mayores.

Este porcentaje son los que Kevin Concannon, del Departamento de Agricultura estadounidense, denomina los “más pobres de entre los pobres”. Pero en estos momentos “muchos de los beneficiarios son personas que trabajan y que no pueden llegar a fin de mes”. Para ellos, los 134 dólares que reciben al mes (el subsidio medio del SNAP, equivalente a 100 euros) marcan la diferencia.

El New York Times lo ilustra en otros artículos con ejemplos de personas que se han acogido al SNAP durante la crisis económica: una madre de cuatro hijos, que trabaja como asistente sanitaria pero apenas puede pagar el alquiler y las demás facturas; una viuda desde hace tres años, que trabaja a tiempo parcial vigilando un cruce de peatones a la salida de un colegio y no le llega para pagar los estudios universitarios de sus hijas; un mecánico, que solo come una vez al día y ha empezado a compaginar su trabajo con el de cazador para poder alimentar a su familia…

El Estado ayuda a la iniciativa social
Este tipo de casos han llevado a los obispos estadounidenses a pronunciarse en el debate sobre los cupones de comida. En una carta dirigida a los miembros de la Cámara de Representantes, Stephen E. Blaire –obispo de Stockton y presidente del Comité sobre Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal de EE.UU.– califica al SNAP como “uno de los programas federales más eficaces e importantes para combatir el hambre en el país”.

Explica las dificultades que tendrían las parroquias, las organizaciones benéficas y los bancos de alimentos para hacer frente a la abrumadora carga que recae sobre ellos si el SNAP endurece los requisitos o recorta los fondos. En una clara alusión a los argumentos de los republicanos subraya que “la gente que pasa apuros no busca vivir a costa del gobierno, sino salarios justamente merecidos para sostenerse a sí mismos y a sus familias”.

Según estimaciones del Centro sobre el Presupuesto y Prioridades Políticas, el proyecto impulsado por los republicanos dejaría sin cupones a entre 4 y 6 millones de beneficiarios actuales. Las ayudas del SNAP se reciben cada mes en una tarjeta de débito que permite comprar alimentos básicos como verdura, pescado, cereales, productos lácteos o carne.

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