La sentencia rechaza la interpretación expansiva, hecha por el primer tribunal, del deber de denunciar.

El Card. Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon, condenado en marzo pasado por no comunicar a la justicia antiguos abusos por parte de un sacerdote, ha sido absuelto en segunda instancia el 30 de enero. El tribunal de apelación suscribe en sustancia los argumentos de la defensa y de la fiscalía, que nunca quiso acusar a Barbarin. La acusación particular ha anunciado que presentará recurso de casación. Los datos fundamentales sobre el caso y sus implicaciones están en el artículo publicado con ocasión de la anterior condena: “Qué implica la sentencia contra el cardenal Barbarin”. El propio cardenal reconoció haber cometido errores en el manejo del caso, desde que tuvo las primeras noticias de los abusos de menores cometidos por el sacerdote Bernard Preynat a lo largo de casi dos décadas, hasta 1991. Ahora lamenta no haber actuado con más prontitud para apartar del ministerio a Preynat. Por la relevancia del cardenal, primado de Francia, el asunto se ha convertido en un símbolo de los fallos de la Iglesia en la protección de menores. Una película, Gracias a Dios, ha difundido el sufrimiento de las víctimas y su frustración con las autoridades eclesiásticas. Pero lo que tenían que dirimir los jueces es si Barbarin era culpable de un delito, no si había incurrido en errores. Según dijo el fiscal en la vista de la apelación, el tribunal de primera instancia había cedido a la tentación de ejercer una “justicia simbólica”, como si personificara en el cardenal las faltas de la jerarquía de la Iglesia. Pero, señaló, la justicia penal “no se pronuncia sobre un fenómeno en su conjunto, sino sobre casos individuales”, según el derecho vigente. Como el fiscal, la sentencia de apelación niega que Barbarin hubiera obstruido a la justicia al no denunciar abusos sufridos por un menor de edad o persona vulnerable, delito tipificado en el art. 434-3 del Código Penal francés. Los fines del precepto, dicen los jueces, son proteger la acción de la justicia, evitando que se la prive de informaciones indispensables para proceder, y prevenir más daños a la persona en estado de minoría de edad o de vulnerabilidad. Barbarin, concluyen, no impidió ni una cosa ni otra. Barabarin, como él reconoce, cometió errores en el manejo del caso, pero no incurrió en el delito de obstrucción de la justicia Primero, cuando en 2014 una víctima le informó de los abusos que sufrió, esos hechos habían prescrito, y por tanto no había acción de la justicia que obstruir. Sin embargo, la sentencia anota –al igual que el tribunal de primera instancia– que ya en 2010, Barbarin había tenido “conocimiento suficiente” de la conducta de Preynat, y habría base para procesar al cardenal, si no fuera porque el posible delito de no denunciar había prescrito en 2015, cuando se iniciaron las acciones penales contra él. En ese hipotético caso, sería necesario averiguar si Barbarin en 2010 tuvo noticia de alguna víctima que no hubiera cumplido 38 años (la edad a que prescribe el delito de abusos), cosa que no está clara. Segundo, cuando Barbarin conoció los abusos, las víctimas eran mayores de edad y no vulnerables. En sus manos, afirma la sentencia, estaba denunciar o no, y nadie podía sustituirles. No había, pues, exigencia de que otro denunciara para asegurar el segundo fin del precepto penal. Por último, los jueces que condenaron a Barbarin le atribuyeron intención de obstruir a la justicia basándose en que había recabado información que habría sido útil para la investigación pero no quiso facilitarla, a fin de evitar un escándalo público a la Iglesia. El tribunal de apelación niega tal intención, y cita en su apoyo un email al cardenal remitido por Alexandre Hezez, la víctima que le informó 2014 y luego fue uno de sus acusadores en el juicio por obstrucción. Hezez le comunicaba su decisión de querellarse contra Preynat (aunque los abusos habían prescrito) y añadía: “Sé que usted me apoyaba, y se lo agradezco”. La sentencia, en fin, dice que el tribunal de primera instancia hizo una “interpretación errónea” de la obligación de denunciar abusos de menores, que la convierte prácticamente en imprescriptible. Implica una aplicación expansiva del precepto, que podría llegar al absurdo de inculpar a cualquiera que hubiera escuchado los recuerdos de una víctima mayor de edad y capaz de denunciar. El Card. Barbarin ha comunicado que ha vuelto a presentar la renuncia. Ya lo hizo cuando fue condenado, pero el Papa no la aceptó: solo le consintió apartarse del gobierno de la diócesis, que desde entonces está en manos de un administrador apostólico. Ahora, dice Barbarin, quiere retirarse para permitir a la Iglesia de Lyon pasar página y abrir un nuevo capítulo”. Bernard Preynat, que el año pasado fue excluido del estado clerical, admitió los abusos y a principios de enero fue juzgado por los casos no prescritos. En marzo próximo se dictará sentencia.

Revocada la condena al cardenal Barbarin por encubrimiento de abusos sexuales

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