La libertad religiosa que Obama no comprende

El gobierno de Obama ha intentado cerrar la polémica en torno al llamado “mandato anticonceptivo” haciendo una concesión a las instituciones religiosas. Pero la jugada le ha salido mal porque quienes objetan por los mismos motivos sin ser organizaciones religiosas (dueños de empresas familiares, sobre todo) no se van a retirar de la batalla legal y política. Tampoco van a hacerlo los obispos de EE.UU., ya que consideran que el mandato sigue vulnerando la libertad religiosa de los individuos. Fruto de la ley de reforma sanitaria, el “mandato anticonceptivo” imponía a los empleadores la obligación de financiar anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización en los seguros médicos de sus empleados para que estos usaran esos servicios sin que les costase nada. Los empleadores que se negaran a hacerlo serían multados y perderían ciertas deducciones fiscales. Para justificar esta carga sobre los empleadores, el gobierno de Obama alegó razones de salud pública: el objetivo era reducir lo más posible el número de embarazos no deseados. El acceso gratuito a los métodos anticonceptivos permitiría reducir esa cifra, sobre todo entre los más pobres para quienes el copago puede ser un obstáculo. Pero los contrarios al mandato contraargumentaron: que el gobierno quiera garantizar para todas las mujeres –cualquiera que sea su lugar de trabajo– el acceso gratuito a la contracepción, la píldora del día después y la esterilización no le da derecho a obligar a los empleadores a violar sus conciencias forzándoles a financiar servicios que vulneran sus convicciones morales o religiosas. La contestación a esta norma, aprobada por el Ministerio de Sanidad en enero de 2012, fue tan fuerte que el propio Obama se vio obligado a modificarla un mes después. En febrero ofreció su primera “solución de compromiso”: exoneró a las instituciones de inspiración religiosa (hospitales, universidades, escuelas, organizaciones benéficas...) de financiar directamente el polémico lote de servicios y trasladó esa obligación a sus aseguradoras. Este ajuste no convenció, ya que no eliminaba la imposición de cubrir la financiación de los métodos anticonceptivos (cfr. Aceprensa, 15-02-2012). Más de 40 juicios pendientes La negativa del gobierno de Obama a regular una objeción de conciencia razonable (la que había previsto en el mandato original era raquítica) desencadenó una cascada de demandas contra la norma. En mayo, 43 instituciones católicas presentaron las 12 primeras ante tribunales federales (cfr. Aceprensa, 29-05-2012). En diciembre, el número de demandantes superaba los 110. A las instituciones católicas se sumaron dueños de empresas, así como universidades protestantes. Actualmente, hay 44 juicios pendientes y 130 demandantes. Los tribunales ya se han pronunciado sobre 14 casos que afectan a empresas: once han concedido medidas cautelares a favor de los demandantes y tres las han denegado. El despacho de abogados The Becket Fund defiende a las empresas contrarias al mandato y publica información actualizada sobre los pleitos en su web. Como la obligación de financiar los métodos anticonceptivos en los seguros entró en vigor el 1 de agosto de 2012, las medidas cautelares han logrado que los dueños de las empresas demandantes se libren de las multas hasta que se decida la legalidad del mandato. El gobierno había concedido un año más de plazo a las instituciones de inspiración religiosa, quizá para rebajar la polémica en tiempo de elecciones. Sobre este período, que expira el 1 de agosto de 2013, dijo Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU.: “Tenemos doce meses por delante para aprender a violar nuestras conciencias”. La Primera Enmienda también protege a los individuos Con los 44 juicios pendientes contra el mandato, el gobierno de Obama ha decidido no arriesgarse y mover ficha antes de agosto. La nueva “solución de compromiso”, que hizo pública el pasado 1 de febrero, ofrece a las instituciones religiosas lo que no se atrevió a ofrecer en la primera: las exonera de la imposición de cubrir en los seguros de sus empleados anticonceptivos, la píldora del día después y la esterilización. A partir de ahora, las instituciones religiosas podrán ofrecer a su plantilla un plan de seguros sin esos servicios. Los empleados recibirán sin coste alguno una póliza complementaria que los cubra; será suministrada por una aseguradora y financiada por el gobierno, si bien no está claro de dónde va a sacar el dinero para financiarlos. Da la impresión de que, con este ajuste, Obama pretendía dos cosas: blindar el mandato frente a las demandas que cuestionan si vulnera la libertad religiosa y, de paso, sacar a los obispos católicos del debate. Pero estos, en coherencia con la línea argumental que han planteado hasta ahora, no están dispuestos a retirarse. Para los obispos, las instituciones de inspiración religiosa no son los únicos titulares de la libertad religiosa: las mismas objeciones que encontraron aquéllas a la imposición de cubrir en sus seguros servicios contrarios a sus convicciones pueden tenerlas los “individuos que en su vida diaria se esfuerzan por actuar de acuerdo con su fe y sus valores morales”. De ahí que en la nota que acaba de publicar el cardenal Dolan en nombre de la Conferencia Episcopal diga: “No podemos abandonarles ahora y dejar que les obliguen a violar sus conciencias”. En segundo lugar, los obispos entienden que la garantía de la libertad religiosa recogida en la Primera Enmienda protege el derecho de los creyentes a actuar conforme a sus convicciones en todos los aspectos de su vida (la profesión incluida). El gobierno de Obama, en cambio, sigue concibiendo esa protección solo a lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Por eso la nota denuncia que el nuevo ajuste “parece estar concediendo una ciudadanía de segunda clase a las instituciones católicas dedicadas a la sanidad, la educación y la beneficencia”.

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