En la Declaración de Islamabad, firmada el 6 de enero al término de una reunión organizada por el Consejo de Ulemas de Pakistán, más de 500 líderes religiosos musulmanes del país condenan el terrorismo, la violencia cometida en nombre de la religión y las fetuas difundidas por los imanes radicalizados.
El texto, del que se hace eco el diario pakistaní The News International, afirma que no es lícito condenar a muerte –menos aún extrajudicialmente– a personas inocentes por motivos religiosos, porque es “contrario a las enseñanzas del islam”. Señala que “es responsabilidad del gobierno garantizar la protección de la vida y de las propiedades de los ciudadanos no musulmanes que viven en Pakistán”. Porque todos, con independencia de su religión, “tienen el derecho constitucional de vivir en el país siguiendo sus normas culturales y religiosas”.
En consecuencia, el documento pide a las autoridades civiles que prohíban cualquier publicación que incite al odio contra las minorías religiosas, y castiguen a los que “amenacen los lugares sagrados de los no musulmanes”. Y recomienda un plan de acción nacional contra el extremismo.
Bonnie Mendes, sacerdote católico paquistaní, ex coordinador regional de Caritas Asia, declara a la Agencia Fides que se trata de un buen paso adelante. “Necesitamos desarrollarla para mejorar la imagen del país y este es el camino: el gobierno y la oposición deben trabajar juntos para legislar sobre políticas adecuadas, mientras que la sociedad civil, las comunidades religiosas y todos los ciudadanos deben trabajar juntos para el progreso social, civil y cultural de nuestro país”.
La iniciativa sale al paso de los imanes que emiten decretos contra instituciones del Estado, especialmente las encargadas de la seguridad, a raíz de actuaciones conformes a la Constitución, aunque criticables desde la interpretación extremista de la sharía. Reconoce que la fidelidad a las enseñanzas del Corán y la Sunna no exige la publicación de fetuas de unos contra otros.
Proteger la igualdad y la libertad de todos
Asimismo, la declaración afirma que las personas de cualquier religión deben poder organizar sus actos de culto con el consentimiento de la administración local. Y que las autoridades deben garantizar la protección de los ciudadanos no musulmanes, dado que estos disfrutan de los mismos derechos que los demás.
Si esto es así, se comprende otra resolución del Consejo de Imanes, dirigida al Presidente del Tribunal Supremo sobre la revisión del caso de Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia, absuelta el pasado 31 de octubre, y puesta en libertad tras nueve años de prisión. Pide que se dé prioridad a la audiencia sobre esa solicitud brindando al público la oportunidad de escuchar la vista y los argumentos del abogado de la demandante.
“Es responsabilidad del gobierno garantizar la protección de la vida y de las propiedades de los ciudadanos no musulmanes que viven en Pakistán”
La declaración ha generado especial interés entre los defensores de la libertad religiosa, especialmente desde que Estados Unidos añadió a Pakistán a su lista negra de países designados como “de especial preocupación” en este ámbito. Los imanes plantean a Washington que revise la decisión de su secretaría de Estado.
Desde su nacimiento en 1947, Pakistán es una República confesionalmente islámica. En torno al 96% de los 200 millones de habitantes son musulmanes, en gran mayoría (85-90%), suníes.
Intelectuales suníes publicaron ya en 2015 la Declaración de Beirut sobre la libertad religiosa: a partir de pasajes del Corán, el texto condenaba la violencia en nombre de la religión y hacía un llamamiento a que musulmanes y cristianos convivieran en paz. De hecho, pedía a los cristianos que no abandonasen Oriente Medio, y permanecieran “junto a sus hermanos musulmanes”. En esa línea se inscribe también la Declaración de Marrakech de 2016 sobre libertad religiosa, apoyada en la Carta de Medina, firmada por Mahoma 1.400 años antes, que garantizaba la libertad religiosa de todos, independientemente de su fe.
Será preciso esperar acontecimientos, como señala Paul Bhatti, hermano del ministro Shahbaz Bhatti, asesinado precisamente por defender la libertad religiosa. Sería necesario, a su entender, una reforma constitucional que proteja los derechos de las minorías: “Hay buenas esperanzas, pero no se producirá un punto de inflexión en Pakistán hasta que no cambien ciertos aspectos fundamentales”.