El Acuerdo final con las FARC ha sido modificado en varios aspectos, incluidos algunos que el bloque del No rechazó en octubre. Pero el expresidente Uribe quiere un nuevo plebiscito.

El pasado 2 de octubre, al conocerse que había ganado el No en el referéndum sobre el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el mundo contuvo la respiración. Si un pacto fraguado tras más de cinco años de trabajosa negociación pública moría antes de entrar en vigor, por voluntad de un electorado que lo rechazaba por exiguo margen, las armas estaban todavía en manos de los guerrilleros. Y la selva todavía estaba ahí. Que comenzaran nuevamente los tiros podía ser cuestión de tiempo. (Actualizado el 1-12-2016) Del fracaso cosechado tras toda la pompa de la firma entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Julio Londoño, emergió la necesidad de tomar en cuenta las propuestas de los partidarios del No, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe. Incluso organizaciones especializadas en temas de derechos humanos, como Human Right Watch, respaldaban al hoy senador en su denuncia del que consideraban un mal acuerdo, en parte por creer que otorgaba impunidad a los que cometieron crímenes graves durante el enfrentamiento. Uribe desea que se celebre otro referéndum, aunque es difícil que pueda hacer aprobar en el Congreso una ley que lo autorice Han pasado casi dos meses y el acuerdo se ha retocado. Desde el punto de vista de los negociadores, sin embargo, más que un retoque, ha sido una verdadera cirugía plástica, pues han anunciado que el 65% de las modificaciones sugeridas sobre las cuestiones de justicia, reparación a las víctimas y conformación de los tribunales de paz han sido incorporadas al texto. ¿Cómo se ha aprobado lo acordado? Santos no era partidario de un nuevo referéndum, que podía suponer un tropiezo con la misma piedra. Esta vez, el presidente prefirió acordarse de que el Parlamento es el sitio en el que se congregan los representantes elegidos por el voto popular, y que como encarnan la voluntad del soberano, se bastaban para dar luz verde al Acuerdo. Tras la aprobación en el Senado, 130 votos en la Cámara baja garantizaron que no hubiera sorpresas durante la tramitación del documento. Harina de otro costal será después sacar adelante unas 10 leyes y reformas necesarias para implementarlo, pero no hay visos de que haya mayor complicación. Coqueteos con la injusticia Los cambios efectuados al Acuerdo han generado ya mayor satisfacción que la que causó el original. HRW, por ejemplo, tan crítica con la versión anterior, ha mostrado su beneplácito con el nuevo texto, excepto por un detalle de última hora, introducido como al descuido por Bogotá y que –según la organización– implica un guiño de impunidad a los altos mandos militares que pudieran estar involucrados en delitos graves. En la nueva versión, en lo referente a la responsabilidad imputable tanto a los altos mandos de las FARC como a los del ejército o la policía por los crímenes cometidos por sus subordinados, se había introducido la siguiente acotación: “Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como indica el artículo 28 del Estatuto de Roma”. En el texto original, los redactores utilizaron fórmulas para visibilizar la realidad LGTB o las posturas del feminismo por sobre todas las demás En la web del gobierno puede consultarse la hoja de ajustes con los cambios, y asimismo el nuevo Acuerdo Final. Lo sorprendente es que, en el apartado referido a las FARC, esa especificación se mantiene (5.1.2, núm. 59), mientras que en el de las fuerzas de seguridad del Estado (núm. 40) el párrafo se ha evaporado inexplicablemente. Para HRW, se trata de una “burda capitulación” ante las presiones del estamento militar. Frescos están los casos de más de 3.000 falsos positivos, personas inocentes que eran secuestradas, vestidas como guerrilleros y asesinadas para ser contabilizadas como “insurgentes muertos en combate”, con lo que los militares ganaban primas en sus sueldos. Aquellos superiores que hayan alentado o estado al tanto de esa barbarie –acontecida, por cierto, en 2008, sub Uribe– alguna cuenta deberían dar. Que se suprima una aclaración sobre cómo ha de entenderse esa responsabilidad es un coqueteo con la injusticia, que es justo lo que ha llevado a tan larga guerra. Más moderación en el tema del “género” Algunos otros puntos sí que son ganancia neta respecto al Acuerdo de agosto pasado. Por ejemplo, las indemnizaciones que debe efectuar el grupo guerrillero a las víctimas del conflicto. Hasta hace unos meses, las FARC iban de “pobre Lázaro”, aunque un estudio citado por The Economist en abril pasado refería que, hasta 2012, el grupo tenía activos por más de 10.000 millones de dólares. Cierto es que pueden haber sacado “alguito” de la minería de oro ilegal, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, pero las propias pesquisas del gobierno de Santos para dar con esas sumas han sido infructuosas. No obstante, los recursos de que dispongan, muchos o pocos, tendrán un mejor destino. En el nuevo documento se señala que el grupo insurgente acordará con representantes del gobierno el procedimiento para inventariar “todo tipo de bienes y activos”, y que con estos “procederán a la reparación material de las víctimas (…) en el marco de las medidas de reparación integral” (5.1.3.7). De igual modo, el escándalo que suponía entregarle, al nuevo partido que nazca tras la metamorfosis de la insurgencia, una financiación bastante más generosa que a las fuerzas tradicionales ha quedado en nada: recibirá las mismas subvenciones que las demás (3.2.1.1). Según HRW, el gobierno ha capitulado ante las presiones del ejército para no definir la responsabilidad de los altos mandos por los delitos graves de sus subordinados Otros arreglos, debidos en buena medida a las sugerencias del bloque del No, han sido que los cuerpos de seguridad del nuevo partido político deberán recibir una capacitación para esa tarea, bajo la supervisión del Ministerio del Interior (3.4.7); que los magistrados del Tribunal para la Paz –la instancia encargada de esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos–, deberán ser todos colombianos y no “hasta dos extranjeros por Sala”, según el pacto anterior; que, en lo referido a la reforma rural, “nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”, etc. Por último, un punto de interés: según los negociadores, se insertaron en el nuevo Acuerdo hasta el 90% de las sugerencias formuladas para moderar la omnipresencia del tema de la “equidad de género” en el original. Los redactores no habían desperdiciado oportunidad en el texto inicial para plasmar algunas fórmulas que visibilizaban la realidad LGTB o las posturas del feminismo por sobre todas las demás. Así, por ejemplo, en el numeral 2.3.5 “Promoción de una cultura política democrática y participativa” encontrábamos: “Estas campañas incorporarán en sus contenidos valores que combaten el sexismo y las múltiples formas de discriminación, incluidas aquellas en razón del género y la orientación sexual y la identidad de género diversa”. La forma final es bastante más serena y, por cierto, menos discriminatoria: “Estas campañas incorporarán en sus contenidos valores que enfrenten las múltiples formas de discriminación”. Punto. A pesar de ello, sin embargo, en algunas partes del documento quedan huellas de la matraca “de género”. Uribe frente a los galeotes El Acuerdo Final, como sucede con todo proceso, no es de esperar que satisfaga a todo el mundo. El gobierno estaría presuntamente encantado de que cada guerrillero terminara en prisión, pues el Estado es el único que puede ejercer legítimamente el monopolio de la violencia; a los guerrilleros, por su parte, les habría satisfecho que no hubiera tribunales que juzgaran sus tropelías y que les impusieran determinadas restricciones como condena. Pero justamente de eso va una negociación: ninguno de los dos actores ha podido derrotar al otro, por lo que el documento no será la consagración de la paz perfecta, sino la constatación de los límites y la voluntad de cesar la guerra a pesar de estos. Y luego está, por supuesto, Uribe. El senador y su partido, Centro Democrático, siguen enrocados en el No, aunque ya se ha visto que varias de las sugerencias de quienes se opusieron en el plebiscito del 2 de octubre fueron tenidas en cuenta. Su propuesta es realizar un nuevo referéndum, aunque es difícil que pueda hacer aprobar una ley que lo autorice, dada su minoría en ambas cámaras parlamentarias. El 65% de las modificaciones sugeridas en materia de justicia, reparación a las víctimas y conformación de los tribunales de paz han sido incorporadas al nuevo texto Una de las piedras más molestas el zapato continúa siendo, para su partido, la transformación de las FARC en un actor político. Uribe es del criterio de que podrán hacerlo, pero únicamente luego de que los insurgentes resarzan su deuda con la justicia. En otras palabras, que vayan a la cárcel y después, a la vuelta, ya se hablaría de política. El optimismo –por no decir ausencia de realismo– de esta postura recuerda el pasaje en que el más renombrado caballero andante de la literatura española, tras liberar a los galeotes, les encomendó presentarse cargados de cadenas ante su amada, en gratitud por su liberación. La proposición les pareció a aquellos tan absurda, que acabaron pegándole una paliza a su redentor. Quizás tampoco en Colombia sea hora de pedirle peras al olmo, no sea que los “galeotes” se cansen de las buenas maneras, se decepcionen de lo poco que ha podido aportarles la vía del diálogo, y vuelvan a internarse en el monte con el fusil al hombro, a seguir peleando su guerra infinita.

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