La intromisión del servicio de bienestar infantil noruego en la vida de las familias está excediendo los límites: su tasa de menores bajo tutela estatal duplica la de España.

La noticia fue reproducida rápidamente por los medios el pasado 27 de abril: una mujer había sido detenida en Santander tras haber pegado un cachete y zarandeado a su hija de 10 años. La chica había salido del colegio y se había retrasado dos horas en llegar a casa, lo que motivó la alarma de la madre y su airada reacción. Un vecino llamó a la policía y la mujer terminó en comisaría. Si la oficina policial, en vez de en la capital cántabra, hubiera estado en Noruega, ya la arrestada podía despedirse de su hija. En el país nórdico, el Barnevernet (Servicio de Bienestar Infantil) es muy ágil para retirar la custodia a los padres al menor signo de violencia. Y tanto, que a veces se pasa. Una información de BBC señala varios casos en que los progenitores se han quedado de piedra ante la súbita separación forzosa de sus hijos y su entrega a familias de acogida. El motivo puede ser que se haya infligido a los chicos un castigo corporal, que no tiene por qué ser mucho más que una palmada –la ley noruega prohíbe tajantemente cualquier corrección física–, o argumentos más subjetivos, como la “falta de competencias parentales”. El porcentaje de menores noruegos alejados de sus padres es más del doble del español La advertencia de los trabajadores sociales a los desconsolados padres raya, si se quiere, en la esquizofrenia, pues cuando acuden a visitar a sus niños en su nuevo hogar deben mantenerse impasibles. Así les dijeron a Ruth y Marius Bodnariu, acusados de castigar físicamente a sus hijos, aunque “no todo el tiempo; cuando hacen algo malo, y solo de vez en cuando”: “Nos ordenaron que no debíamos mostrar ninguna pena –dice Ruth–, porque los entristeceríamos mucho. Así que realmente tratamos de mantener nuestras lágrimas escondidas”. Familias inmigrantes, las más vulnerables Decir que Oslo se extralimita no es saña gratuita de la BBC. Una carta abierta, firmada por unos 170 expertos noruegos –desde psicólogos y médicos hasta profesores, abogados y trabajadores sociales–, y dirigida a la ministra de Infancia, Igualdad e Inclusión, Solveig Horne, denuncia que “bajo las leyes y las prácticas actuales, un número desconocido de menores está sufriendo por la incompetencia y el abuso de las autoridades”. Entre las irregularidades enumeradas por los especialistas está, paradójicamente, la impericia que muestra el personal del Barnevernet para detectar verdaderos casos de abusos y falta de atención a los niños, y la ausencia de intervenciones adecuadas. La misma falta de entrenamiento que, a veces, les lleva a excederse. Los padres pueden llevar el caso de retirada de custodia a los tribunales una vez al año, pero se exponen a ser penalizados con menos visitas a sus niños “Se verifican casos en que el Barnevernet traslada a los niños de sus casas a partir de indicios muy débiles, basados en las interpretaciones aventuradas, la contradicción entre la evaluación y las conclusiones, y unas mediciones de poca calidad”, señala la misiva. Asimismo, los firmantes hacen notar la indefensión legal en que se encuentran los progenitores debido al conflicto de intereses en que incurren los psicólogos que evalúan los casos. El Servicio de Bienestar Infantil suele ser el empleador de esos profesionales, y muy frecuentemente el diagnóstico de estos es coincidente con la decisión ya tomada por aquel, de separar a los chicos de su hogar. Cuando los padres apelan, vuelven a encontrarse en el panel de reevaluación con los mismos especialistas que ya dieron por buena la decisión de retirarles a sus hijos. “Muchos profesionales –denuncia la carta abierta– tienen estos casos de protección a menores como su única fuente de ingresos”. Por tal motivo, suelen decantarse fácilmente por las opiniones coincidentes con la decisión del Barnevernet. Por otra parte, si algunos padres lo tienen más difícil, esos son los inmigrantes. Sus familias son “particularmente vulnerables”, pues pueden perder a sus hijos si no han profundizado lo suficiente en aspectos de la cultura noruega como la tolerancia cero al castigo corporal. “En Noruega necesitamos desarrollar una comprensión de las expresiones específicas de cuidado y conexión emocional, tal como se manifiestan en otras culturas”, sostienen los 170 expertos. La “incompetencia” de los padres Habría algunos casos verdaderamente llamativos, justo de los que involucran a inmigrantes y a noruegos. Uno de ellos es el de Erik y su esposa, ciudadana china. Ambos tienen una hija, que el Barnevernet les arrebató alegando su “falta de competencia”. Yngve Nedrebø, el padre de Erik, cree que lo hicieron porque su nuera dejaba en ocasiones a su madre a cargo de la niña para poder descansar. En China es posible. En el país nórdico, no. Con su política de retirada de tutela, Noruega favorece la adopción por parte de parejas homosexuales que no pueden adoptar en otros países Nedrebø, que fue nombrado por el rey de Noruega para su puesto como director del Archivo de Estado en Bergen, ha explicado a Aceprensa las dimensiones del problema: “Cada año, las autoridades retiran la custodia de más de 1.200 niños. De estos casos, un 0,2% están relacionados con abuso sexual; un 3,4%, por violencia contra el menor, un 8,5% por el consumo de drogas o alcohol, y otro 8,5% por haber presenciado violencia. El resto, cerca de un 80%, es porque los padres ¡son “incompetentes como padres”! El Barnevernet nos dice que estos progenitores no pueden comunicarse de una manera adecuada con sus hijos, que no tienen contacto visual, que son incapaces de aprender, o que no alimentan a sus niños correctamente, y solo los autoriza a ver a sus hijos algunas horas al año. Además, los chicos pueden llegar a ser dados en adopción”. “Noruega –añade– ha importado (sic) muchos niños, por ejemplo, de Corea, China o Colombia, pero en esos sitios no está permitida la adopción por parte de parejas homosexuales. De modo que, para encontrar niños para ellas, Noruega los produce (sic) aquí”. El peligro de reclamar Nedrebø solía pensar que el suyo era el mejor país del mundo para los niños, pero la actuación del Barnevernet le ha llevado a cambiar radicalmente de opinión. No puede estar feliz con una orden de esa institución que le concede solo 15 horas al año para estar con su nieta: “Mi relación con ella puede ‘dañar’ sus relaciones con sus padres de acogida, por tanto, han ordenado que se reduzca el contacto entre mi nieta y yo”. Los profesionales que examinan los casos de retirada de custodia suelen ser, en muchos casos, pagados por el propio Barnevernet Según nos explica, el sistema acusa deficiencias de larga data, y se remite a un informe de 2003 del abogado Einar Drægebø, también de Bergen, quien investigó el desempeño del Barnevernet entre 1954 y 1980: “Los políticos y la gente se sorprendieron al conocer lo que les había sucedido a esos chicos. Muchos de ellos habían sido objeto de abusos sexuales y habían sufrido violencia. Las autoridades establecieron pagos por daños a los sobrevivientes, [pero] muchos de los menores habían muerto a edades tempranas”. “Muchos políticos –agrega– piensan que los chicos no pertenecen a su familia ni a sus padres, sino ¡al Estado! Muchos de ellos se oponen al ‘principio biológico’, y aunque todavía no es parte de nuestra legislación, muchos jueces siguen en esto a los políticos. Tienen que hacerlo para ser promovidos”. ¿Posibilidades para las familias que reclaman? Pocas. “Legalmente, los padres pueden llevar el caso a los tribunales una vez al año, pero si lo hacen, a menudo son castigados con, por ejemplo, menos visitas a los niños. La posibilidad de tenerlos de vuelta es casi cero. ¡El Estado ha decidido! Pueden llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero solo unos cuantos lo hacen. Aun así, si Adele Johansen ganó en 1997 en Estrasburgo su demanda contra Noruega [un caso en que se le quitó a la mujer la custodia de su segundo hijo, bajo alegaciones de enfermedad mental], el Estado jamás ha aceptado el veredicto del Tribunal”. Menores en custodia estatal, más que en España La difusión que ha tenido el reclamo de los Bodnariu, el de los Nedrebø y otros más (disponibles en inglés, noruego y checo), y las protestas ante los consulados noruegos en varias ciudades del orbe, han comenzado a suscitar la atención de Oslo. “La presión internacional está funcionando –señala el director del Archivo de Bergen, quien añade que estadísticas no oficiales reflejan que el Servicio de Bienestar Infantil ha perdido este año la mitad de los casos, en comparación con el 10% de años anteriores, y que el gobierno ha abierto una pesquisa sobre la institución. “Nosotros reclamamos una investigación internacional, y nos gustaría que Naciones Unidas y la Corte de La Haya hagan el trabajo”. En igual sentido, el psiquiatra Einar Salvesen, autor de la carta abierta al gobierno, explica a Aceprensa que el reclamo y las recomendaciones sobre la actuación del Barnevernet fueron recibidos inicialmente con el silencio oficial, y después con el rechazo de más de un centenar de trabajadores de esa instancia, que niegan la existencia de malas prácticas. No obstante, “la ministra, según creo, está tratando de cambiar las cosas, a pesar del poco apoyo que parece tener en su departamento, así como de parte de las personas que ocupan puestos importantes en el sistema”. La noticia fue reproducida rápidamente por los medios el pasado 27 de abril: una mujer había sido detenida en Santander tras haber pegado un cachete y zarandeado a su hija de 10 años. La chica había salido del colegio y se había retrasado dos horas en llegar a casa, lo que motivó la alarma de la madre y su airada reacción. Un vecino llamó a la policía y la mujer terminó en comisaría. Cuando se comiencen a dar pasos en la buena dirección, saldrán a la luz previsiblemente unas cuantas situaciones lamentables. Las cifras de menores que están bajo cuidado del NCWS son bastante ilustrativas de la severidad con que se ha interpretado el concepto de “bienestar infantil” en el país nórdico. En 2014, año del último dato que ofrece la web oficial, había 8.892 menores bajo custodia estatal, un 13% más que en el año precedente. En comparación con los números de España, el índice es proporcionalmente mayor. Partiendo de que la población total de menores de 18 años en Noruega era de 1.1 millones en 2011, contra 7,9 millones en España, de los que 29.291 estaban bajo custodia del Estado en 2013, se advierte que el porcentaje de menores noruegos alejados de sus padres es del 0,78%, algo más del doble del español (0,36%). Un celo excesivo, sin lugar a dudas, y una torpeza. Hacer interpretaciones milimétricas de la ley puede garantizar orden y “corrección”, pero difícilmente produzca mejores seres humanos. ¿Es eso a lo que aspira Noruega? Evitar la institucionalización del menor En España, afortunadamente, la protección del menor transita por senderos menos escabrosos. “Tengo la sensación de que en los países nórdicos hay un exceso de celo de las administraciones respecto a las familias. Puede que hasta cierto punto los sistemas de bienestar público se consideren más responsables de los niños que la propia familia”, nos dice Benigno Blanco, expresidente del Foro Español de la Familia. ¿Cualquier reprimenda física, como la narrada al inicio de este artículo, conllevaría en España una retirada de custodia, tal como en Noruega? Gerardo Rodríguez, presidente de la Confederación por el Mejor Interés del Menor, señala que de ninguna manera. “Lo que se emite es una orden de alejamiento. Si la situación ha sido provocada por uno de los progenitores, y no ha participado el otro, pues este continúa ejerciendo. Pero al agresor no se le quita la custodia. En nuestro ordenamiento, privar de esta o de la patria potestad requiere que se hayan cometido hechos muy graves, no una bofetada”. “Evidentemente –añade–, desde la Plataforma de la Infancia estamos en contra del uso de la violencia para educar a nuestros hijos, pero al privar de la custodia hay que examinar si no se perjudica al propio menor. Por ejemplo, si tiene un solo progenitor y se le priva de él, se le puede dejar desamparado”. Según explica Rodríguez, durante el tiempo que dure un juicio por agresión a un hijo, los servicios sociales buscan un pariente próximo que pueda acogerlo, porque “hay que evitar la institucionalización de los niños”. En España, sin embargo, no todos los casos de retirada temporal de tutela se derivan de episodios de violencia. La abogada Luisa Maldonado, nueva directora general del Foro de la Familia y con una experiencia de 25 años en estos temas, señala, entre otros motivos, el no disponer de vivienda, la falta de cuidados e higiene, el no tener escolarizado al menor, o los trastornos de personalidad. Pero los casos más frecuentes se producen por motivos económicos. Y no sin ciertos contrasentidos: “La causa más común es la económica, porque los padres estén en paro. Y mira qué cosa tan paradójica, que yo puedo acoger a ese niño que está en un centro de menores, y la comunidad autónoma me paga por eso. Esto ha ocasionado muchas protestas, pues las madres dicen: ‘Si estamos todos en paro y me quitas a mi hijo porque no tenemos ingresos, y le das 500 euros a otra familia para que lo acoja, entonces mejor dame el dinero a mí y me ayudas a criar a mi hijo’”.

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