La elección de escuela, ¿decisión de los padres o de la Administración?

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Una libertad menos en las regiones gobernadas por socialistas en España
La libertad de enseñanza empieza por la posibilidad de escoger escuela. Esto viene haciéndose difícil en distintas regiones de España para quienes no pueden pagar un colegio privado, pues las autoridades educativas deciden la distribución de alumnos en la red de centros públicos y concertados (privados y gratuitos, con subvenciones públicas). Este año se ha dado una vuelta más de tuerca, con varios decretos de admisión de alumnos que restringen la libertad de los padres y marginan a la enseñanza diferenciada. Una política que puede acentuarse con el nuevo gobierno socialista.

Desde que culminó el proceso de transferencias educativas, cada comunidad autónoma elabora sus decretos para la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Estos decretos contienen una serie de indicaciones y baremos para hacer compatible la libertad de elección de centro con el limitado número de plazas que se ofertan. Pero el hecho es que en España, por lo general, sumando la oferta de los centros concertados y públicos, hay número suficiente de plazas. Más aún, en un buen número de centros la ratio profesor/alumnos está muy por debajo de los máximos establecidos por la normativa nacional, la LOGSE y la Ley de Calidad (LOCE). Hoy, salvo en pocos centros -los situados en zonas donde se ha establecido una emergente población de inmigrantes-, se puede afirmar que la enseñanza no está masificada.

La admisión, en manos de los ayuntamientos

Todos los años surge la polémica cuando se publican los correspondientes decretos de admisión, que no son iguales en todas las comunidades autónomas, aunque las diferencias son poco significativas y dependen del partido político que ocupe el poder. Los problemas afectan a la enseñanza concertada, pues el número de solicitudes desborda, en algunos casos, las previsiones. A día de hoy, la realidad es que los centros concertados podrían admitir a un mayor número de alumnos si les diesen la posibilidad de escolarizarlos.

Sin embargo, los partidarios de la educación de vía única en la escuela pública siempre han sembrado de sospechas este proceso de admisión, diciendo -pero nunca demostrando- que los centros concertados no respetan las normas de estos decretos. Su tesis es que no deben ser los centros -ni los consejos escolares, ni la dirección- los que se hagan cargo de la admisión de alumnos, sino que debe gestionarla directamente la propia Administración. Como afirmaron recientemente en Oviedo los representantes del Movimiento Social por la Escuela Pública -donde están agrupados los sindicatos y asociaciones de padres del ámbito de la izquierda-, la planificación educativa por parte de la Administración debe estar por encima del derecho de elección de los padres.

Esta parece ser la consigna para este año en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista (PSOE), solo (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura) o en coalición con otras fuerzas (Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña). Los decretos hasta ahora aprobados o en fase de alegaciones implantan la planificación educativa en detrimento de la elección de los padres.

Un intento centralizador

Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el decreto de admisión de alumnos, ya aprobado, crea unas Oficinas Municipales de Escolarización, que se encargarán de tramitar todas las solicitudes. Los padres deberán entregar en estas oficinas sus instancias, sin necesidad de pasar por el centro educativo que hayan escogido. Los defensores de esta medida la presentan como un avance en la simplificación de los trámites y en la transparencia. Sin embargo, es muy evidente que esta estrategia pretende alejar a los responsables de los centros concertados del proceso de admisión, con la idea de equiparar los centros concertados a los públicos (solo en estas cuestiones, pues las diferencias en cuanto a financiación siguen siendo abismales).

El decreto, que da todavía más prioridad a la proximidad del domicilio como criterio preferente, ha sido criticado muy duramente por las organizaciones educativas vinculadas a la enseñanza concertada, pues suprime el derecho de los centros a informar sobre su carácter propio a los padres y alumnos que lo deseen, y apartan a los responsables de los centros de cualquier asunto relacionado con la gestión de las admisiones. Se trata de un claro intento centralizador, como si los poderes públicos -la comunidad autónoma, los ayuntamientos- fuesen los responsables directos de la educación. De esta manera, la elección de centro se convierte en un mero acto administrativo, cuando implica motivos que tienen que ver con las convicciones de los padres.

Colegios discriminados

Pero no acaban ahí las irregularidades de este decreto. Como novedad se ha incluido una cláusula contraria a lo que figura en la LOCE, en la Constitución y en la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza. La cláusula en cuestión prohíbe asignar alumnos a centros que no sean mixtos, por definir como discriminatoria la educación diferenciada, cosa que expresamente niega la citada Convención de la UNESCO (art. 2).

En Cataluña, la Consejería de Educación ha hecho público el borrador de su decreto de admisión, todavía en fase de alegaciones. En líneas generales, es igual que el de Castilla-La Mancha, pues impone la centralización de todo el proceso en unas Oficinas Municipales y también discrimina a los centros de educación diferenciada en el acceso a los conciertos. El gobierno catalán (coalición del PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida) ha optado por la enseñanza pública, marginando la oferta concertada y cuestionando este modelo.

Sin embargo, para el diputado de Convergència i Unió Manuel Silva, “existe el riesgo de que estas oficinas desinformen a los padres sobre el ideario de los centros y sus opciones pedagógicas, discriminando unos centros en relación con otros en función de su carácter público o concertado, o de su ideario, generando conflictos entre centros o entre algunos padres y los centros”.

En Andalucía, el 10 de marzo se celebró en Sevilla una manifestación a la que asistieron 35.000 personas en protesta por la política educativa del gobierno andaluz. La manifestación había sido convocada por el Colectivo Ciudadano en Defensa de la Enseñanza de Iniciativa Social (www.ccdeis.com), integrado por asociaciones de padres, sindicatos, colectivos sociales, etc., que defienden la libertad de enseñanza, amenazada desde hace años en Andalucía por el gobierno socialista. Uno de los motivos de la manifestación ha sido la protesta contra el decreto de admisión de alumnos recién aprobado por el gobierno andaluz, que aumenta las trabas a la libre elección de centro educativo reforzando la zonificación.

Adolfo Torrecilla

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