Televisión pública: ¿con o sin anuncios?

Mientras los espectadores reclaman una mejora de los contenidos de la televisión, las cadenas públicas y privadas se enzarzan en un debate sobre la financiación. Más allá de la competencia por los anuncios, se trata sobre todo de encontrar una fórmula para impedir que los gobiernos, por un lado, y la avidez comercial, por el otro, puedan someter a los medios audiovisuales.

Ya desde el próximo 5 de enero la televisión pública francesa dejará de emitir publicidad después de las 20 horas. La decisión del presidente Sarkozy ha adelantado una fecha que la comisión interparlamentaria creada al efecto, presidida por el diputado Jean François Copé, había previsto para septiembre de 2009. En cualquier caso, el objetivo del gobierno es la completa supresión de los espacios comerciales a partir de 2011. Así se establece en la ley de reforma de la televisión pública, ya aprobada en la Asamblea Nacional y que llegará al Senado el próximo enero.

El principal argumento del jefe del Estado francés para promover esta medida es que, según ha dicho, “la publicidad conduce a la tiranía de las audiencias”, pues “convierte a los espectadores en consumidores, y no es ése el papel de un servicio público”.

El espinoso asunto de la financiación

Otro asunto en el que el empeño presidencial ha desbordado las recomendaciones de la comisión Copé ha sido en los montos de las cuotas de financiación exigidas a los operadores de telefonía y a las televisiones privadas. Porque lo previsto en el plan de Sarkozy es que las televisiones públicas han de financiarse en parte con las tasas que el Estado prevé cobrar por un lado a los operadores de telefonía y a los servidores de Internet (que estarán obligados a entregar al Estado el 0,9% de sus ingresos), y por el otro a las cadenas privadas (que aportarán el 3% de sus beneficios publicitarios brutos). Este impuesto a terceros es la contrapartida a que toda la tarta publicitaria se reparta entre las emisoras privadas. Hasta ahora, las televisiones públicas tenían el 18% de la publicidad.

Esta financiación adicional para la televisión pública ha de compensar la pérdida de los ingresos publicitarios, que hasta ahora suponían un 29% de su financiación. Pero la parte fundamental de la financiación de las televisiones públicas seguirá siendo el canon, que representa el 64%.

Hay quienes se muestran escépticos y creen que la televisión pública poco tendrá que hacer frente a unas privadas dispuestas a alimentar el rating aun por los medios menos escrupulosos. La ministra de Cultura y Comunicación Christine Albanel ha salido al paso escribiendo en la prensa que “este es el reto: interesar, deslumbrar, tratar de otra forma los grandes temas de la sociedad, inventar ficciones que nos hablen de lo que somos hoy en día, con un tono, un humor y un ritmo que serán el nuevo French touch“. Siguiendo el razonamiento del presidente, la ministra precisa que “no se trata de dar a los telespectadores lo que esperan, lo que se cree que esperan -lo que es el modo más seguro de equivocarse-, sino de proponer, de trastocar; de ahí la importancia de una financiación garantizada, de recursos permanentes, porque tal es el precio de la creación, de la innovación”.

Sin embargo, una ex ocupante de la cartera que ahora lleva Albanel, la socialista Catherine Tasca, calificaba de “ingenuas” estas expectativas y prevenía contra un panorama que pintaba así en un artículo publicado por Le Monde: “Si este proyecto se realiza, el maná publicitario que se retira a la televisión pública vendrá a confortar los recursos del audiovisual privado y su omnipotencia, dándole todos los medios para imponer su modelo”.

Controvertida independencia

Con todo, lo que ha generado más polémica es que por un lado se pretenda dar mayor independencia al audiovisual público liberándolo de intereses publicitarios, y por otro se establezca que sea el propio presidente de la República quien nombre al presidente de France Télévision, actualmente designado por el Consejo Superior de lo Audiovisual (autoridad administrativa con nueve miembros que escogen respectivamente, por ternas, el jefe del Estado, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados). Por eso , la oposición ha declarado una “guerra de resistencia” contra un proyecto que, según cree, “amenaza el futuro y la independencia de las televisiones públicas”.

También una encuesta publicada en el diario Le Parisien ha mostrado que el 74% de los franceses desaprueba el traspaso de competencias al presidente de la República.

El plan francés, sin embargo, pone como ejemplo el sistema británico, donde a propuesta del primer ministro la reina nombra a los doce miembros del BBC Trust, el órgano más alto de la BBC -encargado de velar por la calidad de la programación y de preservar la independencia editorial-, y donde es también el primer ministro quien designa al presidente del Trust. Parece claro que estas circunstancias y una financiación que no depende de la publicidad están lejos de hacer de la BBC una “televisión de Estado”; pero no todos en Francia se muestran convencidos de que el plan Sarkozy tenga en cuenta los factores necesarios para conjurar ese peligro.

Pública, no estatal

Así, por ejemplo, lo ha expresado David A.L. Levy, miembro de la comisión Copé, que se queja de la ya excesiva presencia de representantes del Estado en el consejo de administración de France Télévisions (conjunto de las televisiones públicas). Según Levy, “un servicio público de televisión independiente exige un cambio radical. El Estado debería retirarse y delegar su poder en France Télévisions según modalidades definidas por un plan de trabajo claro a largo plazo, y luego, llegado el momento, pedirle cuentas de sus actividades, más bien que imponerle una presencia directa en su consejo de administración”. Un método sin duda distinto al actual sistema de representación directa del Estado y de cuentas anuales por el que se ve limitado el contrato de objetivos y de medios que rige a la emisora.

Según Levy, “la BBC (…) dispone de un financiamiento garantizado por seis años y de un estatuto previsto para diez años de vigencia, establecido después de otros tres de prolongado debate público y de profunda investigación. La cadena debe rendir cuentas más al público que al Estado”. El citado estatuto consigna que “la BBC será independiente en todos los aspectos relativos al contenido de sus programas, al horario y al modo de su difusión, así como en la gestión de sus asuntos”.

En última instancia, dice Levy, la “independencia debe apoyarse en una cultura democrática que reconozca su valor, en una cultura periodística que prefiera a los profesionales independientes sin concesiones a los enchufes y, sobre todo, en sistemas de financiación que estimulen a los responsables de las cadenas públicas a preocuparse principalmente de sus espectadores”.

Es necesario decir, además, para el caso de la BBC, que los planes de la emisora son sometidos a un test de “valor público” y a una “valoración de impacto en el mercado” para asegurar que no desplazan a la iniciativa privada.

Pulso de públicas y privadas

En Europa, con más de 22.000 millones de euros anuales en tarifas de licencias o ayuda directa del gobierno, las televisiones públicas son los terceros receptores de ayuda estatal, tras los agricultores y las empresas del transporte.

Prácticamente en todos los países de la zona las televisiones públicas reciben acusaciones de hacer una competencia desleal a las privadas. Se les reprocha que emitan publicidad a la vez que reciben subvenciones públicas, o que las ayudas por emitir contenidos de servicio público sirvan para financiar otros que no lo son. La comisaria europea de Competencia, Neellie Kroes, ha promovido una consulta para revisar el modelo actual en favor de otro más transparente -a la manera, se pretende, de la BBC-.

La cantidad de horas de programación subvencionadas para emitir en la web hace pensar también que las públicas podrán reforzar su posición en Internet. Con todo, y salvo en el caso de Gran Bretaña, donde los sitios web dirigidos por la BBC ocupan el quinto lugar en la lista de servicios de Internet más visitados -tras Google, Microsoft, Yahoo y e-Bay-, ninguna televisión pública europea amenaza todavía la preeminencia de televisoras y editores on line privados.

Otro terreno en el que las televisiones públicas europeas han perdido la batalla ha sido en el de los Juegos Olímpicos de 2016. El COI, dueño de los derechos de retransmisión, ha favorecido al magnate australiano Rupert Murdoch rompiendo con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a televisiones de 56 países europeos (RTVE entre ellas) y 19 del Norte de África y Oriente Próximo. La decisión del COI de privilegiar la oferta económica sobre cualquier otra consideración ha tenido en cuenta que el 53% del dinero movido por las Olimpiadas corresponde precisamente a los derechos televisivos.

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