Hace un año, cuando se publicaron los datos de abortos realizados en España en 2009, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, atribuyó el descenso observado (–3,73% con respecto a 2008) a la píldora del día siguiente (PDS), que por decisión de su Departamento pueden comprar sin receta incluso las menores de edad desde octubre de 2009.
Era un espejismo. En 2010 la venta de la PDS creció un 83%, hasta 712.000 unidades (1), y los abortos volvieron a aumentar. Las estadísticas recién publicadas registran un total de 113.031 abortos, un 1,4% más que en 2009.
Si los abortos no bajan con tan fuerte expansión de la “contracepción de emergencia”, será porque los dos procedimientos no son alternativos. De hecho, el uso de anticonceptivos y los abortos suelen crecer juntos hasta estabilizarse en un nivel elevado. Así ha sucedido en España, donde al parecer no se ha alcanzado el nivel de saturación, aunque tal vez ya no esté lejos. Quien lo considere paradójico olvida que la facilidad para evitar nacimientos sin regular la conducta sexual aumenta la probabilidad de embarazos no deseados mientras disminuye la tolerancia a las “sorpresas”. Por eso se multiplican las “emergencias” (cfr. Aceprensa, 4-10-2011).
Una de las tablas incluidas en el informe completo del Ministerio de Sanidad indica cuáles pueden ser las emergencias que llevan a abortar. Las de tipo económico no destacan. En estos años de crisis ha subido, naturalmente, la proporción de desempleadas entre las mujeres que abortan, del 12,5% a casi el 22%; pero esto simplemente refleja la subida general del paro, que en 2010 fue del 23% por término medio entre las mujeres de 16 a 44 años. También aumentó el paro, aunque menos, entre las parejas de las mujeres que abortaron. Sin embargo, sigue habiendo mayoría de personas con sueldo, tanto en ellas como en sus parejas.
Las otras características sociales de las mujeres que abortan no han cambiado mucho en el último decenio. La más persistente de todas es el estado civil: más de dos tercios son solteras. Cada una de ellas gestaba un hijo al que no esperaba un hogar constituido ni la seguridad de que su padre estaría dispuesto a cuidarlo hasta la mayoría de edad. La falta de compromiso es la emergencia de fondo, y contra ella no hay píldora eficaz.
Récord para las clínicas abortistas
La otra novedad de 2010 es la entrada en vigor (el 5 de julio) de la ley que permite abortar a petición hasta la 14ª semana (cfr. Aceprensa, 6-07-2010). El flojo crecimiento de los abortos ha sido un alivio para algunos: “La nueva ley no dispara los abortos”, tituló El País (14-12-2011). Todo lo contrario, afirma la autora del artículo, a coro con la ministra: “La tendencia a la baja registrada por primera vez en 2009, cuando se practicaron un 3,7% de abortos menos que el ejercicio anterior, se mantiene”. Hace falta tener vehementes deseos de ver un descenso para encontrarlo en un año de subida, que registra el segundo número más alto de la historia. Y aunque –pese a lo que por error dice la periodista– hubo una bajada antes de 2009 (en 1997), basta mirar el gráfico que publica el mismo periódico para comprobar que hasta ahora la tendencia es ascendiente.
Lo muestra también la evolución del número de abortos por mil mujeres, que es más significativa que el total absoluto porque el año pasado disminuyó la población de España, principalmente por el retorno de inmigrantes a sus países de origen. La tasa en 2010, 11,49 abortos por mil mujeres de 15-44 años, fue igualmente la segunda más alta registrada, ex aequo con la de 2007.
La relación entre abortos y nacimientos también experimentó un ligero aumento: de 22,58 abortos por cien nacimientos en 2009 a 23,35 en 2010.
En realidad, con solo seis meses de vigencia y una variación pequeña en el último año, es difícil determinar el efecto de la ley. El cambio que sin duda ha de atribuírsele es solo aparente. Del primer semestre al segundo del año, los abortos por peligro para la salud de la mujer bajaron del 96,7% al 8,1% de cada periodo (el Ministerio da los porcentajes con respecto al total del año). Naturalmente, no ha habido ningún progreso sanitario que haya hecho los embarazos más seguros. Antes casi todos los abortos eran ya a petición, disfrazados de necesarios para evitar un grave riesgo contra la salud psíquica de la gestante.
Una tendencia que permanece en 2010 es la subida de la tasa de abortos en las españolas, con la correspondiente bajada en las extranjeras. Todavía estas abortaron en número desproporcionado: siendo el 17% de las residentes de 15-44 años, hicieron el 39,5% de los abortos. En 2009 la desproporción fue un poco más acusada (16,7% de mujeres, 41,3% de abortos). De modo que su tasa de abortos ha bajado de 26,98 a 25,96 por mil. La de las españolas, en cambio, ha vuelto a subir: de 6,36 a 8,11 por mil.
El único récord nuevo alcanzado en 2010 es el de centros donde se practicaron abortos: 147, seis más que el año anterior. De modo que la nueva ley parece haber causado una cierta expansión del negocio. Pero (si vale la adversativa) no ha conseguido otro de sus objetivos: aumentar la proporción de abortos practicados en hospitales públicos. Al contrario, el sector privado exhibe la marca más alta del decenio, con el 98,16%. Incluso la posibilidad de que la operación corra a cargo de la sanidad pública –otra innovación de la reforma de 2010– parece haber jugado a favor de las clínicas privadas, a las que se desvían los abortos que los hospitales públicos no hacen.
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(1) Según un estudio de IMS Health citado por El País (14-12-2011). Los datos que aparecen en el artículo de Aceprensa (4-10-2011) al que se remite más abajo son estimaciones de otra fuente.
Una versión más breve de este artículo se publicó en la edición impresa: 96/11, Detrás de la noticia (21-12-2011). Para verla, clic abajo, en PDF.