El gobierno socialista francés proyecta, con la oposición de los sindicatos y de un sector de su mismo partido, una reforma laboral con la que pretende fomentar los contratos fijos para los más afectados por el paro: jóvenes y trabajadores menos cualificados.

Los sindicatos franceses han tocado a rebato contra la reforma laboral preparada por el gobierno, con manifestaciones de protesta en todo el país. La consideran un regalo a los empresarios. En cambio, los partidarios sostienen que fomentará los contratos fijos para jóvenes y para trabajadores de baja cualificación, los dos grupos más afectados por el paro. El proyecto elaborado por la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, ha sido recibido con tanta oposición, que el gobierno ha decidido aplazarlo y ha prometido reconsiderarlo. Los sindicatos han llamado a una movilización general contra la reforma, aunque no han logrado hasta ahora formar un frente común. De diez centrales reunidas la semana pasada para coordinarse, cinco firmaron una declaración que pide sustanciales enmiendas, y las otras –partidarias de que se retire el proyecto entero– abandonaron las conversaciones, alegando que se habían encontrado con un documento redactado de antemano. En Francia, uno de cada cuatro parados tiene menos de 25 años, uno de cada tres no tiene ningún título y el 80% no ha pasado de la enseñanza secundaria A la protesta se han sumado las organizaciones estudiantiles e incluso un sector del Partido Socialista, encabezado por la alcaldesa de Lille, Martine Aubry. Es una figura muy destacada dentro del partido: predecesora de El Khomri en la misma cartera, ex primera secretaria del partido, número dos del gobierno hasta 2000 con el presidente Lionel Jospin, rival de François Hollande por la candidatura socialista a la presidencia de Francia en las elecciones de 2012. La oposición al proyecto se centra sobre todo en dos aspectos: el abaratamiento del despido y la mayor facilidad para alargar el tiempo de trabajo por encima de las 35 horas semanales fijadas por ley desde 2000. Para los sindicatos, la reforma es muy generosa con los patronos y rebaja la protección a los trabajadores. 35 horas… o más Esto son, en resumen, los principales puntos del proyecto: Tiempo de trabajo. Desde 2000, la semana laboral es de 35 horas, aunque las numerosas excepciones, previstas en la ley original o añadidas después, hacen que no sea en la práctica la regla general. El proyecto El Khomri simplifica el elenco de motivos legales para alargar la jornada y la forma de justificarlos. Fija en diez horas la jornada máxima, o –si lo prevé el convenio colectivo– a doce “en caso de aumento de la actividad o por causas relacionadas con la organización de la empresa”. La semana laboral no puede pasar de 48 horas, pero se puede conceder, por tiempo limitado, prolongarla hasta las 60 horas. Las empresas pequeñas (menos de 50 empleados) podrán obtener más fácilmente una dispensa de las 35 horas. En cualquier caso, todas las horas que pasen de las 35 semanales, serán extraordinarias, y se pagarán con un sobresueldo del 10% al 50% –según el número de semanas y lo que acuerden las partes– o se compensarán con días adicionales de vacaciones. Representatividad de los sindicatos. Los convenios de empresa tendrán que estar avalados por sindicatos que en conjunto hayan obtenido al menos el 50% –en vez del 30%, como ahora– de los votos en las elecciones sindicales. Si unos sindicatos no llegan al 50% pero tienen por lo menos el 30%, podrán recurrir a una votación entre los empleados, y si estos refrendan el convenio, los sindicatos mayoritarios no podrán oponerse. Indemnizaciones por despido. La reforma fija topes a las indemnizaciones por despido improcedente, con un baremo en función de la antigüedad del trabajador: desde tres meses de salario para el que lleve menos de dos años en la empresa, a quince meses para el que lleve más de veinte años. A la vez, precisa las condiciones para el despido por motivos económicos: un descenso de las ventas por tres trimestres consecutivos, déficit de explotación durante un semestre. Estas condiciones se podrán modificar por acuerdo con los trabajadores. Los que no conocen el contrato fijo Con el último punto, el más contestado, el gobierno pretende reequilibrar los derechos, no tanto entre patronos y trabajadores, cuanto entre los trabajadores mismos. Pues aún hay clases en la clase obrera: unos –los que llevan largo tiempo con contrato fijo– están muy protegidos, mientras que los otros parecen condenados al paro o a pasar de un contrato temporal a otro. Este es el último caso de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados, señala una declaración a favor del proyecto firmada por un grupo de profesores universitarios. Los jóvenes y los trabajadores poco cualificados tienen las tasas de paro más altas y se perpetúan en los contratos temporales En efecto, dice el documento, el desempleo se concentra en esos dos grupos: uno de cada cuatro parados tiene menos de 25 años, uno de cada tres no tiene ningún título y el 80% no ha pasado de la enseñanza secundaria. Según las cifras oficiales publicadas la semana pasada, Francia registra una tasa de paro general del 10%, con grandes diferencias por edades: 24% entre los menores de 25 años, 9,1% entre los de 25-49 años y 6,9% entre los mayores de 50. Una razón importante, sostienen los firmantes, es que la dificultad para despedir a empleados fijos disuade de contratar a otros nuevos. Los últimos incorporados al mercado de trabajo y los de poca cualificación son, así, los eternos candidatos al contrato temporal: forman el colchón con que las empresas adecúan el tamaño de la plantilla a las circunstancias cambiantes. El ejemplo de España A este respecto, la principal aportación del proyecto El Khomri no es tanto abaratar el despido cuanto suprimir la incertidumbre sobre el costo. El código laboral vigente, recuerda la declaración, no define con precisión las causas que justifican el despido por motivos económicos, ni fija la cuantía de la indemnización en caso de despido improcedente. Los jueces disponen de tan amplio margen de apreciación, que ni el empleado ni el patrono pueden saber de antemano si las dificultades económicas alegadas serán consideradas suficientes para admitir el despido, como tampoco qué indemnización se otorgará si el despido resulta improcedente. En este segundo caso, a un empleado con dos a cinco años de antigüedad se le puede adjudicar una compensación de uno a diez meses de salario. La reforma propuesta fija la cuantía de las indemnizaciones por despido, que ahora no están definidas De ahí que las empresas hayan recurrido masivamente –“mucho más allá de los casos previstos por la ley”, dicen los profesores firmantes– a los contratos temporales, que son el 90% de los contratos nuevos. En particular, los trabajadores jóvenes y los menos cualificados ven muy limitadas sus oportunidades de promoción profesional y social, pues los contratos temporales dan menos formación y salarios más bajos, y dificultan el acceso al crédito y al alquiler de vivienda. En apoyo del proyecto El Khomri, la declaración remite a un caso cercano. “El ejemplo de España debería hacer reflexionar a los detractores [de la reforma]. Tras adoptar una ley similar en 2012, desde el año siguiente este país ha conocido un aumento de 300.000 contratos de duración indefinida. (…) Estos nuevos contratos fijos han beneficiado sobre todo a los abonados a los contratos temporales, lo que ha permitido reducir los despidos”. La paradoja sería, entonces, que el ejecutivo socialista francés aprobara una reforma laboral como la que en España implantaron los conservadores y la izquierda ha prometido derogar si logra formar gobierno.

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