Hace poco más de un año, en abril de 2025, nada más llegar a su cargo, la presidenta de la Universidad de Yale, Maurie McInnis, encargó a un comité de expertos, compuesto por diez académicos, un informe sobre las causas de la desconfianza pública hacia los centros universitarios. El diagnóstico destaca tres males a los que insta a poner remedio.
En su informe final, el comité señala que la desconfianza es generalizada y que, según las encuestas, el 75% de los norteamericanos creen que el camino tomado por las universidades no es el adecuado. Y Donald Trump, nada más llegar a la Casa Blanca, criticó la deriva ideológica de los campus y amenazó con recortes presupuestarios.
Poco valor añadido
El descrédito se manifiesta en tres aspectos claramente identificados en el informe. Por un lado, se ha extendido la sensación de que las instituciones universitarias son excesivamente caras. Aunque se constata, por ejemplo, que existen numerosas ayudas y créditos, el proceso de admisión es laborioso y largo. Pero es que, además, no se cree ya que estudiar en la universidad sea un valor seguro: lo que se aprende no parece merecer el desgaste personal y económico que exige pasar por el campus.
En segundo lugar, lleva ya años bajo sospecha el sistema de admisión, sobre el que incluso se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Es difícil cuantificar el mérito académico, y el procedimiento es poco transparente.
Por último, hay una enorme preocupación por “lo que se enseña en las aulas, la libertad de expresión, los sesgos ideológicos y la autocensura”, como evidenciaron las protestas con motivo del ataque de Hamás a Israel. El comité llama la atención sobre la fragmentación ideológica del alumnado y el profesorado, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales.
Mejores notas, menos exigencia
Se suman ciertamente otras inquietudes, como el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la excesiva burocratización y el anquilosamiento de la estructura y la gobernanza. A resultas de todo ello, la universidad, a ojos de la sociedad, ha perdido su relevancia para la movilidad social y ya no se considera imprescindible para garantizar la inserción profesional.
Existe, señala el informe, un descenso en la calidad, a pesar de que las calificaciones son hoy sorprendentemente altas. Esa “inflación” explica que las notas hayan dejado de transmitir información sobre la capacidad real de los alumnos. “El problema persiste porque ningún docente quiere ser la excepción y calificar con rigurosidad a sus alumnos”, afirma el texto.
El comité recomienda que las clases sean presenciales y que no se admitan dispositivos electrónicos en las aulas
Con respecto a la tecnología digital, los testimonios de profesores y alumnos son concluyentes: impacta negativamente en el aprendizaje e impide la concentración. Es sintomático que ningún estudiante haya cuestionado que los dispositivos en el aula perjudican la enseñanza, revela el comité.
Recuperar la misión de la universidad
El diagnóstico del equipo de trabajo es exhaustivo y no deja resquicios. Por otro lado, sus reflexiones son aplicables a buena parte de las universidades, puesto que el deterioro de la enseñanza superior es un hecho tanto en Estados Unidos como en Europa.
El comité cree que únicamente se puede atajar el problema si la institución recupera su esencia, sin perder de vista que su objetivo es “crear, difundir y preservar el saber a través de la enseñanza y la investigación”. El resto de las aspiraciones –políticas, económicas o profesionales- no solo se deben considerar accesorias, sino que, como se ha visto, pueden resultar perjudiciales cuando se priorizan.
La consecución de ese propósito constituye, para el comité, la brújula que guía y ordena el resto de las recomendaciones. Así, el informe aconseja proteger especialmente la libertad de expresión en el campus, libertad que ampara las protestas de los estudiantes, pero que igualmente incluye “el derecho de quien es invitado a impartir una conferencia, con independencia de su ideología política o convicciones intelectuales, a hablar sin impedimentos en el campus”. Se anima a tomar también medidas para defender la libertad de cátedra.
A fin de asegurar un sano pluralismo –y un debate enriquecedor–, se deben poner en vigor medidas que eviten la autocensura, sobre todo en la clase. Eso requiere que el profesorado y el alumnado actúen de buena fe y no se comporten como si se les hubiera encomendado una suerte de cruzada política. Fomentar el espíritu crítico, el encuentro entre personas que piensan diferente y estimular el debate constituyen medidas para que quienes participan en la vida universitaria “abran sus mentes”.
Cero dispositivos
La mejora de la accesibilidad pasa por la gratuidad de la matrícula para alumnos provenientes de hogares con rentas inferiores a los 200.000 dólares, apunta el comité. El sistema de becas y ayudas debe ser más claro y comprensible; de otro modo, resulta impracticable.
Las admisiones han de basarse en el rendimiento académico principalmente; además, se aconseja limitar las preferencias –hijos de exalumnos, por ejemplo, o del personal–, porque perjudican la equidad. La transparencia se considera imprescindible: según el comité, Yale debería informar de la nota mínima que deben tener los candidatos para que se considere su solicitud.
La medida académica más importante es la que tiene que ver con la recuperación del valor de la asistencia a clase. La enseñanza se lleva a cabo en el aula y, por tanto, se debe animar la presencia del estudiantado, el rigor de las lecciones y las actividades que se desarrollan en la clase.
“Recomendamos –se señala– que la Universidad de Yale apoye activamente un entorno de aula que propicie la atención plena de los alumnos, su concentración y la interacción. Esto comienza con una política de cero dispositivos –no teléfonos, no computadoras portátiles ni tabletas– como norma general en las aulas”, aunque siendo flexibles y permitiendo su uso por razones académicas, de investigación, etc.
Otras medidas
El comité aborda otros problemas, como la simplificación de la burocracia, los cambios en las calificaciones, mejoras en la gobernanza de la universidad o la puesta en marcha de planes de educación cívica.
Las recomendaciones del informe han sido bienvenidas, pero son demasiado abstractas. Constituyen únicamente el primer paso. Por el momento no se sabe qué hará la presidenta McInnis, aunque ha afirmado que está en su agenda aplicar algunas de ellas.
Mientras tanto, ella ha insistido en que considera haber cumplido ya uno de sus principales objetivos: impulsar el debate sobre la educación superior y la calidad educativa.
