Ha sido un lugar común en el campo del pensamiento jurídico referirse a la pugna entre iusnaturalismo y positivismo, como si la ley natural y la ley positiva no pudieran más que contender. La crisis del Estado constitucional, sin embargo, ha llegado a tal punto que juristas y filósofos ya no reivindican normas por encima de las escritas para asegurar la justicia, sino simple y llanamente el respeto debido a la ley positiva, a los mecanismos institucionales y a las bases estructurales que hacen posible la convivencia social.
De ahí que resulte acertado que Javier Cremades, con una larga trayectoria como abogado, emplee sin tapujos la expresión “imperio de la ley”, que concita tantas resonancias históricas. Y aunque, según precisa él mismo, con ella se hace referencia a reglas y principios variados, lo cierto es que muestra que el poder tiene que estar fiscalizado y su actuación vinculada a la Constitución, de modo que el derecho se emplee para lo que está: la defensa de la dignidad humana, la libertad y la democracia.
El ensayo es ambicioso y preciso. Apunta pormenorizadamente algunos casos recientes, sucedidos en España y otros países, en los que el ejecutivo, el legislativo o el judicial han mostrado una clara desconsideración hacia los principios y normas más básicas del Estado de derecho. Venezuela, Corea del Norte, México o Nicaragua son algunos de los lugares donde Cremades ha asumido la defensa de ciudadanos, cuyos derechos casi siempre han sido conculcados por motivos ideológicos.
Estamos, por tanto, ante una obra clave, publicada en un momento decisivo, que recuerda, con valentía y rigor, que los logros de la democracia liberal son demasiado trascendentales para abandonarlos como baratijas en el basurero de la historia. La obra puede leerse también como un aviso a navegantes, puesto que, según su autor, el Estado de derecho comienza a desintegrarse poco a poco, imperceptiblemente al principio. Por desgracia, a veces se toma conciencia de su destrucción demasiado tarde.
En su recorrido, Cremades no da puntada sin hilo: se refiere a la división de poderes, a la inviolabilidad, a los estándares constitucionales, al gobierno de los jueces. La conclusión es que todos, los poderes públicos como es evidente, pero asimismo los ciudadanos, cada uno en sus circunstancias, deben ser sumamente escrupulosos y no permitir que se transgreda o deslegitime ni un ápice la ley. Ni siquiera su letra. De ello depende la salvaguarda de libertades fundamentales para nuestra existencia.