Justo cuando Estados Unidos se dispone a anular las escuchas masivas reveladas por Edward Snowden, otros países occidentales las aprueban o refuerzan para combatir el terrorismo.

Tras las matanzas del 11-S en 2001, Estados Unidos reaccionó aprobando medidas de vigilancia que recibieron el aplauso de la mayoría. Hasta que hace dos años Edward Snowden dio a conocer la magnitud del espionaje que los servicios de seguridad estaban llevando a cabo sobre propios y extraños. Las revelaciones provocaron indignación también en el extranjero. Pero ahora, varios de esos países han sufrido el zarpazo del terror y han respondido “a lo Bush”. Canadá, Francia, Gran Bretaña, Australia han decidido ampliar los poderes de sus organismos de inteligencia para vigilar a los ciudadanos. La indignación por los actos terroristas trae el peligro de responder legislando impulsivamente, con medidas desproporcionadas Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 42/15 Edward Snowden sigue refugiado en Rusia y reclamado por la justicia estadounidense, pero en Washington la Cámara de Representantes le dio un reconocimiento implícito el pasado 13 de mayo al aprobar por gran mayoría (338 votos contra 88) el fin de las escuchas que él denunció Si el Senado hace lo mismo (o no hace nada, y entonces la medida expirará el 1 de junio), la Patriot Act (la ley de prevención del terrorismo promulgada tan solo mes y medio después del 11-S) ya no autorizará a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a obtener datos de las comunicaciones electrónicas con origen o destino en Estados Unidos. Hasta que Snowden la dio a conocer, esa actividad era secreta, controlada por un tribunal también secreto, y las empresas operadoras tenían que obedecer sin siquiera decir que la NSA les había reclamado datos. Ya el 7 de mayo, un tribunal federal de apelaciones había sentenciado que era ilegal recolectar registros de llamadas en Estados Unidos. Pero la vigilancia afectaba a veces a extranjeros, Angela Merkel incluida, y así también fuera de Estados Unidos hubo un clamor en contra. Un año y medio después de aquel escándalo, se procede a recoser las vestiduras rasgadas para adoptar medidas similares. “Grand Frère” en Francia Francia prepara una ley de vigilancia con disposiciones como las recién abandonadas en Estados Unidos. El pasado 5 de mayo, la Asamblea Nacional la aprobó en primera lectura por mayoría de 438 contra 85. El proyecto se venía elaborando desde más de un año antes, pero la tramitación se aceleró tras los atentados de enero contra Charlie Hebdo y una tienda judía en París, y el primer ministro, Manuel Valls, tuvo el gesto insólito de presentar él mismo el texto al pleno de la Asamblea. La ley permite escuchas telefónicas, leer e-mail privado, colocar micrófonos ocultos y captar conversaciones o mensajes de texto, y obliga a los operadores a entregar a los servicios de inteligencia los “metadatos” de las comunicaciones de sus clientes (origen, destino, fecha, hora… no el contenido) cuando se les pida. Todo ello será sin control judicial. Autorizarlo, a petición de los organismos de seguridad, corresponderá a una nueva Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Información (CNCTR), compuesta por trece miembros (jueces, parlamentarios y un técnico). Si la Comisión no accede, aún cabrá recurrir al primer ministro, que tendrá la última palabra. Y en caso de urgencia, no hará falta permiso previo, aunque la dispensa nunca se podrá aplicar a periodistas, abogados ni políticos. Un proyecto de ley británico pretende someter a censura previa todo lo que quieran publicar personas con “actividades perjudiciales” Los motivos que justificarían tales operaciones están definidos en la ley en términos bastante amplios: combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, defender la independencia nacional, proteger los intereses de la política exterior, prevenir “atentados contra la forma republicana de las instituciones”. Además, las medidas se aplicarán tanto a los sospechosos como a las personas de su entorno. La Comisión Nacional de Informática y Libertades, encargada de velar por la protección de datos personales, sostiene en su dictamen que el proyecto no ofrece garantías suficientes para preservar los derechos y libertades individuales, y se opone a que las escuchas no estén sometidas a control judicial. Se ha organizado una recogida de firmas contra la ley. Las encuestas estiman una mayoría de la opinión pública –en torno a dos tercios– a favor del proyecto. Pero a la vez revelan que una proporción poco menor teme que pondrá en peligro la privacidad. Escuchas en Canadá El pasado 6 de mayo, la Cámara de los Comunes canadiense aprobó un proyecto de ley antiterrorista presentado hace seis meses, a raíz de dos asesinatos cometidos por sendos extremistas islámicos con dos días de diferencia en octubre de 2014. La nueva ley pretende facilitar que el CSIS –los servicios de inteligencia– detecte y neutralice a los radicales que pueden planear atentados semejantes. Con ese fin, se amplían los poderes del CSIS, que podrá interceptar las comunicaciones de sospechosos y de las personas que tengan contacto con ellos. Un total de 17 organismos oficiales podrán compartir datos personales. Se facilita la detención preventiva de un individuo aunque no haya indicios concretos de delito. Se podrá impedir que alguien se embarque en un avión al extranjero si se teme que vaya a sumarse a la yihad. Según el diario de Toronto The Globe & Mail, tales medidas constituyen “un atentado injustificado a los derechos de los canadienses”. El Comisario de Privacidad alega que el intercambio de informaciones personales entre agencias estatales es una medida excesiva que puede afectar indiscriminadamente a todos los ciudadanos. Más de 200.000 personas han firmado una petición para que se retire la ley. Sin embargo, están en minoría. Una encuesta realizada en febrero pasado, cuando se estaba tramitando la ley, dio un 82% de opiniones a favor. En los Comunes salió por holgado margen: 183 votos contra 96. El plácet del Senado parece seguro. En Francia se podrán hacer escuchas sin control judicial Censura en Gran Bretaña El primer ministro británico, David Cameron, fortalecido por su victoria en las elecciones del 7 de mayo, solo una semana después avisó que volvería a apretar las tuercas a los extremistas y fanáticos. Ya el verano pasado su gobierno había enviado a los Comunes, con el acuerdo de liberal-demócratas y laboristas, un proyecto para reforzar la ley de 2009 sobre vigilancia de las comunicaciones. El objeto era asegurar que las operadoras guardaran los metadatos durante un año y cubrir una laguna que permitía a las operadoras extranjeras eludir las órdenes de facilitar escuchas. La ley recién anunciada ya se planteó en marzo pasado, pero tuvo que ser abandonada porque los socios de gobierno liberal-demócratas la vetaron por considerarla contraria a la libertad de expresión. Con la mayoría absoluta recién ganada, el gabinete de Cameron tiene las manos libres para estrechar la vigilancia de elementos peligrosos. La policía podrá solicitar una orden judicial para limitar las “actividades perjudiciales” de un extremista. Por tales se entienden las que supongan riesgo de desorden público o de acoso a personas, provoquen alarma o inquietud, o sean una amenaza contra el funcionamiento de la democracia. Si el juez accede a firmar la orden, el afectado no podrá publicar nada en medios de comunicación, blogs, redes sociales, etc. sin someter el texto a censura previa. También la autoridad tendrá poderes para cerrar establecimientos donde los extremistas tratan de influir en otros. En el trasfondo se vislumbra la violencia islamista que ha sufrido el país, los británicos musulmanes que han marchado a la yihad, las células radicales formadas en torno a mezquitas o lugares asimilados, la captación de jóvenes por predicadores exaltados. Parar esas amenazas exige, según Cameron, pasar de una “tolerancia pasiva” a “promover activamente ciertos valores” (los valores británicos de los que habla últimamente: cfr. Aceprensa, 15-04-2015). Entre ellos mienta la “libertad de expresión”, que sin embargo la futura ley limitará claramente. Australia: furor legislativo Australia ha aprobado 62 leyes antiterroristas desde el 11-S de 2001, según el recuento de un profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, George Williams. De las dos últimas, de octubre pasado, una autoriza a la ASIO –los servicios de inteligencia– a acceder a redes informáticas y castiga con hasta diez años de cárcel a los émulos de Snowden y a los periodistas que revelen operaciones secretas. La otra se dirige específicamente contra los seducidos por la yihad. Permite que se prohíba viajar a países donde, según declaración oficial del gobierno, haya actividad terrorista. Prorroga diez años más los poderes concedidos a la ASIO para detener e interrogar a sospechosos sin la limitación del habeas corpus. Tipifica un nuevo delito de apología del terrorismo. Ambas se aprobaron fácilmente, con apoyo de la oposición laborista. Se han manifestado en contra organizaciones de derechos humanos o musulmanas, comentaristas, personalidades académicas. Pero el 77% de los electores están a favor, según una encuesta. “Hay que hacer algo” También fuera de Occidente han aprobado leyes semejantes algunos países golpeados o amenazados por el terrorismo islamista, como Kenia o Malasia. Todas se han adoptado en respuesta a atentados y para prevenir que se repitan. Pesa mucho que los culpables estuvieran fichados o incluso tuvieran antecedentes penales, y sin embargo las fuerzas de seguridad no se anticiparan. Así ocurrió con el asesino de un soldado en Londres (mayo 2013), los de otros dos en Quebec y en Ottawa (octubre 2014), el de dos rehenes en Sydney (diciembre 2014) y el de los tres terroristas que mataron a 17 personas en la sede de Charlie Hebdo y alrededores de París en enero pasado. A la vista de tales crímenes, naturalmente la opinión pública reclama y los gobiernos concluyen que “hay que hacer algo”. Pero lo que se ha de hacer tal vez se dar a los servicios de seguridad más medios, no más poderes. Estas leyes se parecen a grandes redes barrederas que, para pescar unos pocos criminales, capturan las comunicaciones privadas de miles de personas. Las agencias antiterroristas ya tienen más datos que los que pueden analizar y más sospechosos que los que pueden seguir. Aumentar el chorro de gigabytes no asegura por sí solo que se detectará la preparación de atentados. Una inmensa madeja de informaciones no sirve si alguien no encuentra el hilo que lleva a la pista relevante. Más preocupante resulta que invocando la prevención del terrorismo se justifique limar las garantías de las libertades: escuchas sin control judicial, suspensión del habeas corpus; hasta censura previa en la cuna de la libertad de prensa. Naturalmente, nos dicen, los buenos ciudadanos no tienen nada que temer. La nueva ley francesa está “enfocada” contra los terroristas, aclara Valls; un australiano podrá seguir embarcando en un avión al Oriente Próximo si prueba que no tiene relación con extremistas. Seguridad y libertad Con esta insistencia en la vigilancia y la prevención se pretende echar el guante a los malos antes de que actúen. Como dijo Cameron al anunciar el nuevo proyecto de ley el 13 de mayo: “Durante demasiado tiempo hemos sido una sociedad pasivamente tolerante, diciendo a nuestros ciudadanos: mientras usted obedezca a la ley, le dejaremos en paz”. Así ha sostenido siempre el tradicional liberalismo británico: en Inglaterra, lo que no está prohibido, está permitido, según el viejo dicho. Pero esto se va a acabar: la policía no va a dejar en paz a esos peligrosos radicales que “todavía no” han delinquido. Como en Minority Report. Es comprensible y aun loable el empeño por impedir nuevos atentados. Pero tiene que hacerse sin menoscabo de las garantías constitucionales. Si no, no podemos quedarnos tranquilos aunque nos aseguren que solo van contra los malos, porque será la policía, no un proceso judicial, la que diga quién es malo. Ni nos consuela que las excepciones estén rigurosamente definidas, pues serán aplicadas en secreto. ¿No lo han descubierto dolorosamente los norteamericanos? La Patriot Act llevó a las torturas en Guantánamo. Los actos terroristas, como es lógico, suscitan en la gente temor y el correspondiente deseo de mayor seguridad. Esto trae el riesgo de responder con medidas poco pensadas y excesivas, de legislar impulsivamente, a golpe de casos indignantes. Dijo el actual director de Charlie Hebdo, Gérard Biard, a propósito del proyecto francés: “Creo que las leyes oportunistas son siempre malas leyes”. Políticos y electores deben conservar la sangre fría y admitir que evitar todas las amenazas no es posible en la práctica, y pretenderlo no es deseable. La libertad exige limitar la seguridad. En Corea del Norte no hay terrorismo.

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