Impuesta por el gobierno sin debate parlamentario, ha sido combatida por los sindicatos, la oposición de derecha y de izquierda, y parte de las filas socialistas.

La combatida reforma laboral del gobierno socialista francés quedó definitivamente aprobada el 21 de julio, pero sin la aquiescencia del Parlamento. El ejecutivo la impuso mediante un recurso extraordinario, para que ni la oposición –a su derecha y su izquierda– ni el sector rebelde de sus propias filas la aguaran. Pero un tanto aguada ha quedado. El gobierno cedió en unos puntos importantes y resistió en otros. El texto resultante sigue sin satisfacer a los sindicatos, que prometen más protestas después del verano, y ha decepcionado a la patronal. El gobierno ha tenido que invocar el artículo 49-3 de la Constitución en cada una de las tres lecturas del proyecto en la Asamblea Nacional. Aunque la tercera vez no hubo siquiera lectura: aplicó el 49-3, que le permite aprobar un texto sin el voto de los diputados, sin permitir siquiera el debate. Los parlamentarios de la oposición y algunos socialistas quieren recurrir al Consejo Constitucional para que anule la maniobra: alegan que el ejecutivo les negó un plazo razonable para estudiar la última versión. Habrá ayudas especiales para la inserción en el mercado laboral de los jóvenes de 16-25 años que ni estudien ni trabajen y sean de recursos modestos Esta vez, como la segunda, no hubo intento de presentar moción de censura, única manera de parar el recurso al 49-3. Los diputados partidarios de proponerla no vieron posibilidad de reunir los apoyos necesarios. Indemnización sin tope Al final, la llamada ley El Khomri, por el apellido de la ministra de Trabajo que la ha elaborado, mantiene el principal casus belli para los sindicatos: la primacía del convenio de empresa sobre el convenio del sector, si bien solo en lo relativo al tiempo de trabajo. Los sindicatos sostienen que con eso, los patronos tendrán fácil presionar a los empleados para aceptar las horas extraordinarias y los turnos que les convengan a aquellos. También se rebajan las condiciones exigidas para el despido por causas económicas. Por parte de las empresas, el mayor motivo de queja es que el gobierno haya renunciado a fijar un tope para las indemnización por despido improcedente. La ley solo contiene unos baremos indicativos, que los jueces pueden usar o no. La ley mantiene el principal “casus belli” para los sindicatos: la primacía del convenio de empresa sobre el convenio del sector, en lo relativo al tiempo de trabajo Tampoco ha gustado a la patronal el aumento, de un 20%, de las horas libres para los delegados sindicales. Empleo para jóvenes Fuera de esos puntos más polémicos, la ley contiene novedades interesantes. Para fomentar el empleo de los jóvenes, una de sus finalidades declaradas, implanta el programa “Garantie jeunes”, que se venía experimentando en algunos lugares desde 2013. Los de 16-25 años que ni trabajen ni estudien y sean de recursos modestos recibirán subvenciones para ayudarles a entrar en el mercado laboral. La reforma también concreta y hace efectiva la “cuenta personal de actividad”, creada el año pasado. En ella, el trabajador va acumulando puntos que puede emplear para financiar cursos de formación, reducir el horario laboral sin pérdida de salario o anticipar la jubilación hasta dos años. Se ganarán puntos en compensación por riesgos laborales (trabajo nocturno, turnos cambiantes, tareas repetitivas...) o por realizar labores de voluntariado. El Senado, que intentó, sin éxito, dar un giro más liberal al proyecto, incluso votando la abolición de la semana de 35 horas, logró sin embargo introducir una novedad. La idea fue de Françoise Laborde, una senadora de la oposición de izquierda, y fue acogida por la ministra Myriam El Khomri. Se autoriza a las empresas a incluir en el régimen interno un “principio de neutralidad”, para impedir o limitar la manifestación de convicciones personales por parte de los empleados en el lugar de trabajo. No se dice qué clase de convicciones, pero todo el mundo entiende que se refiere a la religión, y en particular a los “signos ostensibles” prohibidos desde 2004 en las escuelas públicas.

La reforma laboral francesa no contenta a patronos ni a sindicatos

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