En los años 90 el investigador y médico Gordon Guyatt acuñó el concepto de “medicina basada en la evidencia” para hacer referencia a un enfoque que “consiste en el proceso de búsqueda sistemática, evaluación crítica y aplicación de los hallazgos de la investigación a la toma de decisiones clínicas”.
Y si hay un área necesitada de este tipo de metodología, esa es la atención médica a las personas transexuales, especialmente si son menores de edad. Y es que existen narrativas dogmáticas que aseguran que la terapia afirmativa es la única vía para este tipo de pacientes, a pesar de que los datos no solo no lo respaldan, sino que, muchas veces, dicen lo contrario.
Así, sin que la eficacia de estas terapias esté realmente probada, las personas transexuales acaban recibiendo tratamientos que los convierten en pacientes de por vida y cuyas consecuencias, irreversibles, no siempre han sido contadas (aunque cada vez se sabe más, y no son noticias especialmente prometedoras).
Evidencia poco clara
Precisamente para paliar esta laguna, la Universidad de McMaster (Ontario, Canadá) llevó a cabo cinco estudios que analizaban cómo de sólida es la evidencia científica en la que se basa la terapia afirmativa. En los estudios participó Guyatt, considerado como el padre fundador de la medicina basada en la evidencia y uno de los investigadores con más prestigio en el campo y más citado en su ámbito.
Los primeros estudios, que fueron publicados a principios de 2025, consisten en revisiones sistemáticas sobre el uso de bloqueadores de pubertad y del tratamiento hormonal cruzado (es decir, la administración de hormonas del sexo al que paciente aspira). Sus conclusiones son las mismas en ambos casos: “una considerable incertidumbre en cuanto a los efectos”, debido a que las investigaciones revisadas aportaron casi en su totalidad pruebas de “muy baja certeza”.
Tras la campaña de presión, el equipo cortó lazos con el organismo que financiaba la investigación y anunció una donación a un grupo LGTB
Los resultados coinciden con lo que se está viendo en otros estudios similares como el informe Cass, y llevan a muchos a solicitar más prudencia a la hora de administrar estos tratamientos o a pedir directamente su prohibición.
En junio, el equipo publicó el tercero de los estudios: una revisión sistemática que reveló que la evidencia sobre los efectos psicológicos de la mastectomía en individuos menores de 26 años con disforia de género es de certeza «muy baja» o «baja», mientras que los riesgos de complicaciones físicas presentan alta certeza metodológica.
Campañas de acoso… y derribo
Sin embargo, desde las primeras publicaciones hasta la de la mastectomía, los investigadores sufrieron una campaña de transactivismo que los acosaba, calificaba su trabajo como “pseudociencia” y tildaba al equipo de “tránsfobo”.
Las campañas no criticaban solo el trabajo realizado, sino sobre todo al financiador: la Sociedad para la Medicina de Género Basada en la Evidencia (SEGM, por sus siglas en inglés), a la que se acusaba de promover el odio hacia los trans y de estar a favor de prohibir las terapias afirmativas.
Finalmente, en agosto de 2025, parte del equipo investigador publicó un comunicado en el que pedían que su trabajo no se utilizara para negar a las personas trans el tratamiento afirmativo, anunciaban una donación a un grupo LGTB que apoya estas terapias y comunicaban que habían cortado su relación con la SEGM.
Así es como un equipo de investigadores de alto prestigio que realizaba un trabajo puramente científico se ha visto en el epicentro de una polémica ideológica, en la que los datos y la evidencia objetiva han quedado relegados frente a presiones externas y narrativas políticas.
Qué dice cada uno: desde los activistas hasta el equipo, pasando por la SEGM
La reivindicación principal de los activistas es que la SEGM es un grupo de odio hacia los trans, por lo que la investigación estaría sesgada. Sin embargo, cuando en diciembre de 2024 la Corte Suprema evaluó si los estados deberían prohibir el acceso a terapia afirmativa, la SEGM fue la única organización que presentó un informe neutral, sin posicionarse a favor o en contra. De hecho, la SEGM apuesta por mantenerse fuera del discurso político para poder centrarse en la revisión de la evidencia científica.
Por otro lado, si para los transactivistas el equipo de McMaster es un colaboracionista tránsfobo, para otros, como los impulsores de la iniciativa Contra el borrado de las mujeres, que lucha, entre otras cosas, contra la autodeterminación de género, el comunicado es una “una renuncia a la ética médica y una rendición al transactivismo”. Y una con graves consecuencias.
En entrevistas concedidas a otros medios, Guyatt asegura que su comunicado no tiene nada que ver con la presión de lo políticamente correcto, sino con un principio fundamental de la medicina basada en la evidencia: la autonomía del paciente.
Y lo cierto es que Guyatt lleva defendiendo esto desde mucho antes de que estallara la polémica. Ya en 2023 lo afirmó así en una conferencia a la que fue invitado por la misma SEGM: “Las pruebas por sí solas nunca son suficientes. En el proceso de decisión, especialmente cuando las pruebas son de muy baja calidad, lo que significa que no estamos seguros, el peso de la decisión recae esencialmente en los valores y preferencias del paciente. Como mínimo, los valores y preferencias del paciente deben desempeñar un papel clave”.
“No firmé la declaración de McMaster porque sentía que implicaba una postura política” (Steven Montante, miembro del grupo investigador)
Esa postura es opinable, pero es evidente que Guyatt la defendía ya mucho antes de ser sometido a una campaña de presión transactivista, por lo que no se puede achacar su posicionamiento a un intento de adaptarse a la corrección política.
Lo que se entiende peor es que los investigadores pretendan dictar cómo debe utilizarse su trabajo, algo que no es común cuando se publican revisiones sistemáticas. Tampoco se comprende que se niegue la presión que ejercen las campañas sobre los investigadores a la vez que estos realizan una donación a un grupo que apoya el tratamiento afirmativo, algo que compromete la neutralidad del trabajo. Y es verdaderamente confuso que un equipo que aboga por la medicina basada en la evidencia, y que ha realizado estudios rigurosos que confirman la falta de ella en torno a las terapias afirmativas, las califique como “atención médica necesaria” en su comunicado.
Y, por último, surge la pregunta de por qué cortan lazos con una organización con la que pueden disentir en algunos aspectos, pero con la que claramente mantenían relación desde hace años sin que parezca que haya habido un conflicto por ello.
Por qué un cirujano que opera a pacientes trans se negó a firmar el comunicado
Steven Montante es un cirujano plástico que, entre otras cosas, realiza mastectomías para personas trans. Ha participado como experto en la investigación de McMaster y su firma brilla por su ausencia en el comunicado que ha publicado el equipo.
“Hubo muchas discusiones internas. Algunos, como Gordon, no estaban cómodos con el uso que se estaba dando a los resultados. Él decía que no bastaba con publicar evidencia si se usaba de forma dañina. Mi posición era que el propósito de la medicina basada en evidencia es evaluar los datos de forma imparcial, y que corresponde a los organismos profesionales, pacientes y gobiernos debatir y formular políticas a partir de ellos. No firmé la declaración de McMaster porque sentía que implicaba una postura política, y no corresponde a los autores determinar cómo debe usarse el trabajo. Podemos hacer sugerencias, pero no dirigir su interpretación”, explica.
Montante no tiene dudas de que Guyatt y su equipo se acobardaron ante la presión transactivista, especialmente cuando su trabajo empezó a ser citado por políticos en Estados Unidos para prohibir las terapias afirmativas (algo con lo que Guyatt no estaba de acuerdo ya desde antes de que empezara la campaña).
Montante asegura que las investigaciones se llevaron a cabo con total independencia de la SEGM, y que el contrato firmado con la sociedad incluía una cláusula que obligaba a publicar los estudios fueran cuales fueran los resultados. Es decir, incluso si la SEGM fuera un grupo tránsfobo, la independencia de la investigación estaba garantizada.
Además, la realidad es que los resultados no difieren de lo que se está encontrando en otras investigaciones: “Cualquiera que revise la literatura puede ver que faltan datos a largo plazo y que muchos pacientes se pierden en el seguimiento. El resultado no fue sorprendente, pero solo un análisis sistemático podía mostrar con claridad las limitaciones”.
Para Montante, la prioridad son las propias personas trans. De hecho, el cirujano se involucró en la investigación cuando detectó en su consulta un aumento de pacientes de este tipo y un descenso radical en su edad media.
“Al analizar los datos, vimos que en 18 meses nuestra carga de casos con pacientes trans se había multiplicado por seis. Lo que observábamos coincidía con las tendencias nacionales e internacionales de entre 2017 y 2020. Quise entender más. Busqué información en nuestra sociedad profesional, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, y no encontré mucho. Revisé la literatura para ver los resultados a largo plazo y vi que había muy pocos datos sólidos”, explica.
Dentro de la investigación financiada por la SEGM se encargó también un estudio sobre la evidencia en torno a la “transición social” y otro para analizar las prácticas de compresión de pecho y de escroto, y cuya publicación está paralizada. “Ha sido aceptado –comenta Montante–. El problema es que algunos autores no quieren aparecer con sus nombres ni que McMaster figure como institución. Estamos en un punto muerto, porque no pueden publicarse sin autoría. Los editores consideran que el trabajo es sólido, sin conflictos de interés, y desean publicarlo. Esperamos resolverlo pronto”.
Montante, que comenzó en esto para poder atender mejor a sus pacientes, ha optado por a cambiar la práctica en su consulta: solo realiza mastectomías, no opera a nadie menor de 25 años y es muy exigente con el tipo de informe psicológico que acepta para llegar a realizar una cirugía a un paciente.
Si algo pone de manifiesto esta controversia es la capacidad del transactivismo para amenazar la libertad de expresión y el rigor en este debate
Precisamente por su preocupación por las personas trans, a Montante le inquieta cómo puede afectar esta polémica: “No publicar los resultados sería un mal precedente. Los médicos debemos basar la atención en evidencia. Si decimos que son procedimientos médicamente necesarios o que salvan vidas, debe haber datos sólidos que lo respalden. Si la evidencia es de baja calidad, es razonable adoptar un enfoque más prudente, especialmente con adolescentes”.
El transactivismo y su capacidad de comprometer la investigación científica
Si algo pone de manifiesto esta controversia es la capacidad del transactivismo para amenazar la libertad de expresión y el rigor en este debate; algo que precisamente redundaría en la mejor atención posible a las personas trans.
Quien lo ha vivido sabe el coste que tiene acabar en la diana de los transactivistas y cómo puede acabar con una trayectoria profesional consolidada y hundir la vida personal. También, que las fuerzas que sostienen las campañas de desprestigio son mayores de las que parecen.
“Este tema es de una tensión y genera un nivel de conflicto y de desautorización personal extremo. Se ha convertido en un asunto prácticamente religioso, de herejes, creyentes, de censura y de inquisiciones. Está rodeado de una gravedad emocional que no tienen otros temas”. Quien habla así es José Errasti, psicólogo y profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y coautor de Nadie nace en un cuerpo equivocado junto con Marino Pérez Alvarez.
En este libro se diseccionan, con rigor y desde múltiples perspectivas, los postulados y consecuencias de la ideología queer. Las anécdotas que podría contar Errasti sobre las reacciones a la publicación llenarían las páginas de otro libro. Desde amenazas en redes sociales, hasta cancelación de charlas en universidades, pasando por la interrupción de la presentación en una librería porque los transactivistas amenazaban con quemarla.
“El transactivismo ha sabido, de forma muy inteligente, unir su causa a la causa LGTB”, explica. “También se ha acercado al feminismo. Y así da a entender que oponerse a sus postulados implica estar en contra de las mujeres, de las personas homosexuales o del resto de las siglas LGB”, sostiene.
“Lo que proponemos es prudencia”, defiende Errasti, que señala que el tiempo les va dando la razón y que algunos países están dando marcha atrás en sus enfoques radicalmente afirmativos y optando por explorar otras posibles causas del malestar de género, especialmente en el caso de menores.
A pesar de todo, Errasti y su equipo no fueron escuchados en los grupos de trabajo que elaboraban la Ley trans y siguen recibiendo críticas a día de hoy. Quienes podían defenderles no lo han hecho: “No hemos recibido de las autoridades o del Estado, la clase política o autoridades académicas, el apoyo que debería haber sido obvio y evidente”.
Si Errasti no cedió ante las presiones transactivistas fue por un temple y veteranía naturales, pero también gracias al apoyo de su universidad. Y es que tener un mínimo respaldo es clave a la hora de mantenerse firme, porque el coste personal puede ser muy alto.
Quien también lo sabe es Paula Fraga, abogada penalista, que lleva años denunciando la falta de base científica de las políticas transgeneristas y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres y sobre los menores vulnerables. Fraga ha estudiado y analizado las proposiciones de ley, las leyes trans autonómicas y los protocolos educativos, a los que acusa de instaurar una “policía de género” en los colegios. Fue pionera en alertar de los peligros de la ideología en un artículo de 2019 titulado La teoría queer y la institucionalización de la misoginia, y ha ido desarrollando un discurso de contraargumentación jurídica a la Ley Trans.
Todo ello le ha ocasionado pérdida de oportunidades profesionales, cancelación y varias campañas masivas de descalificación, amenazas de muerte y desactivación de sus redes sociales. A eso se le suma la indiferencia que tiene lugar en el día a día. “Lo que más duele es cuando gente de tu entorno político más cercano, gente incluso que pensabas que tenía cierta amistad, te rechazan”, señala.
Entre los aliados del transactivismo, Fraga señala, en primer lugar, a la universidad: “Las tesis académicas, pseudo filosóficas, que sostienen todo esto salen de las universidades norteamericanas, con Judith Butler y compañía. Lo queer se basa en un lenguaje farragoso, en un oscurantismo total”. También apunta a quien tiene un mayor interés en que estos postulados se acepten: “Económicamente, quien ha financiado todo esto es, sobre todo, la industria farmacéutica. Es un negocio redondo para ellos porque quien se hormona ya lo tiene que hacer de por vida”.
Errasti coincide, y añade que la narrativa atrae a adolescentes a los que se les ofrece un «horizonte de revolución», diciéndoles que son la primera generación que ha entendido la «gran verdad» y que representan “el grupo más oprimido de la historia».
Más allá de las discrepancias, el caso McMaster plantea una cuestión fundamental: cómo preservar la independencia de la ciencia cuando entra en contacto con causas políticas o sociales. Las experiencias de Fraga y Errasti permiten comprender el coste de enfrentarse al dogma queer, pero el caso de McMaster también ilustra la factura de no hacerlo. Y lo paradójico es que los que más pierden son las propias personas trans.