Los expedientes de incapacidad temporal suponen un enorme gasto para el Estado y las empresas, pero se trata de un problema multifactorial y con implicaciones delicadas.

Que el aumento de las bajas laborales por incapacidad temporal (IT) supone un problema mayúsculo para la economía española es algo que nadie duda. En cuanto a las causas y, sobre todo, la forma de atajar el problema hay más diferencias. Según el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, en 2025 se dieron 53,7 procesos de IT por cada 1.000 trabajadores, la tasa más alta desde que hay datos; y eso, sin tener en cuenta las bajas por accidentes laborales. Sumando todas las ausencias por contingencias comunes –descontando también, por tanto, las debidas a permisos de paternidad o similares–, el número de jornadas laborales perdidas ascendió a 377 millones, lo que equivale a que cada día faltaran a trabajar más de 1,2 millones de trabajadores, o, lo que es lo mismo, que cada empleado se ausentara de su puesto algo más de 20 días al año. Si los números absolutos asustan, también es preocupante la evolución en los últimos años. La tasa de IT lleva creciendo ininterrumpidamente desde 2013 (antes, desde 2008 y coincidiendo con los peores años de la crisis económica, la tendencia era negativa, como suele ocurrir en escenarios laborales adversos). Pero si hasta 2020 el incremento anual era de dos puntos porcentuales, a partir de entonces el ritmo se ha acelerado hasta los 3,5. Solo entre 2023 y 2025, el número de procesos iniciados –sin contar con los que venían de años anteriores– aumentó un 14%. También ha venido creciendo la duración media de la baja, hasta superar los 40 días en 2025. Aquí el aumento es casi nulo en los últimos años, pues el incremento de las bajas de larga duración (las que sobrepasan el año) se ha visto contrapesado por el también grande de las más cortas, que representan la gran mayoría del total. Con todo, la evolución de las primeras preocupa. Según varios estudios de Umivale (una mutua que colabora con la Seguridad Social española) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), aunque las bajas de más de un año solo suponían en 2023 el 16% de todos los procesos en vigor, acumulaban casi el 50% de los días laborales perdidos. Además, son las que más están creciendo: en concreto, se duplicaron entre 2018 y 2023. Por último, también las bajas permanentes aumentan a un ritmo acelerado en los últimos años. En 2024, el gasto público en este tipo de prestaciones ascendió a más de 1.200 millones de euros, un 44% más que una década antes. Perfil del “ausente”: jóvenes, en grandes empresas… y “repetidores” Si hubiera que trazar un retrato robot de quien se acoge a una baja por IT, correspondería a una mujer (un 20% más de probabilidad que un hombre), joven (los datos muestran una relación inversamente proporcional entre la tasa de ausencias y la edad), con un salario medio, en una gran empresa (la probabilidad se va reduciendo cuanto más disminuye el tamaño de la compañía) y que trabaja en la industria o en la sanidad. No obstante, el rasgo que más peso tiene en la probabilidad de acogerse a una baja, hasta un 250% más, es haberse acogido a otra antes. Como señalan distintos estudios, aproximadamente un tercio de las IT corresponden a personas que acumulan al menos dos en el mismo año, una proporción que se ha incrementado notablemente en el último decenio. En parte, esto está relacionado con el aumento de las bajas entre los jóvenes, que ya representan un tercio del total pese a que su peso en la masa laboral es de solo un cuarto. Están especialmente representados, eso sí, entre las de menos duración. En concreto, las IT entre la población de 25 a 35 años tienen una duración media de 46 días, por los 79 del segmento de los 55 a 65 años. Parece que los trabajadores sénior solo se acogen a la baja por dolencias más graves, por lo que su recuperación es más lenta, mientras que las IT debidas a infecciones o problemas respiratorios (derivados, por ejemplo, de procesos gripales) son bastante más frecuentes en jóvenes. En 2025, los costes directos de las IT (sin contar con el descenso de la producción) ascendieron a 33.000 millones de euros, de los cuales algo más de 18.000 millones fueron costeados por el Estado. El resto, por las empresas Además de peinar canas y trabajar en una empresa pequeña, reduce notablemente la probabilidad de baja el hecho de ser autónomo. Frente a la media de 54 bajas anuales por 1.000 trabajadores en el conjunto de la población activa, la tasa entre los autónomos se queda en 39, lo que suele atribuirse a que para estos el “coste total” del parón es más alto. Por otro lado, la comparación histórica muestra que en este grupo la tasa de inactividad por IT es menos sensible al ciclo económico, lo que suele explicarse por que en ellos no opera el mayor miedo a ser despedido en tiempos de crisis –o el menor en escenarios de recuperación– que hace varar mucho la tasa entre los asalariados. Así puede entenderse que entre 2008 y 2018, los años de crisis y de recuperación, la tasa de los autónomos fuera superior a la media, pero que apenas se haya movido después. Al igual que pasa con los trabajadores de más edad, las bajas entre los autónomos parecen obedecer a motivos más graves, por lo que también son más largas que la media. Junto a una mayor necesidad de trabajar (autónomos, personas con salarios muy bajos) o una tolerancia más alta al dolor, parece que el esfuerzo para conseguir empleo también reduce la tasa de IT. Por este motivo se explicaba Alejandro Oñoro, en una entrevista publicada en El Mundo en agosto del año pasado, que las bajas entre los trabajadores con discapacidad de la empresa Ilunion, de la que es CEO, fuera menor que entre el resto de empleados. Un agujero público y privado En España, el importe y el pagador de la retribución por IT varían con el tiempo. Los tres primeros días no se pagan. A partir del cuarto, que es cuando comienza “oficialmente” la baja, y hasta el decimoquinto, la empresa asume el pago; después, se hace cargo el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). En cuanto al importe, corresponderá al 60% del salario base hasta el día 20, y al 75% después. La duración máxima de la prestación –siempre que se trate de una incapacidad temporal, no permanente– es de un año, aunque puede extenderse por 180 días más si se prevé que la persona se recupere durante este período. En 2025, de los 33.000 millones gastados, 18.000 fueron pagados por la Seguridad Social (se estima que en 2026 se superarán los 20.000 millones), lo que ya supone un 70% de lo que se gasta en pensiones, la partida más cuantiosa en el gasto público. El resto, por las compañías. Sin embargo, existen unos costes indirectos que caen enteramente sobre las empresas: los derivados de la pérdida de producción, la eventual sustitución de los empleados de baja, o el mayor riesgo de burnout entre los que se quedan. Según algunos cálculos, el coste total de las bajas temporales en España en 2025 habría ascendido hasta los 130.000 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 8% del PIB nacional. Así pues, si las IT son un “agujero” para la hacienda pública, lo es mayor para la actividad privada. El debate empieza en las causas En el análisis de las causas, o más bien en el acento que se ponga en la importancia de cada una, se aprecian ya diferencias según sensibilidades políticas. Hay acuerdo general en la incidencia del envejecimiento de la fuerza laboral (en 2005, los trabajadores mayores de 50 años suponían el 20% del total; ahora son ya más de un tercio). También hay consenso en otros dos factores: el exceso de burocracia en los sistemas de control y el colapso en la atención médica. En cuanto a esto último, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un organismo público independiente que se encarga de vigilar la estabilidad presupuestaria) señaló en un detallado análisis publicado en febrero que existe una relación clara a nivel territorial entre el tamaño de las listas de espera y la tasa de IT. Sin embargo, la evaluación de la AIReF ponía más el foco en la influencia –negativa– de otros dos factores: la falta de vigilancia para evitar abusos en las bajas y la aprobación de políticas garantistas con el trabajador. Respecto a lo primero, su diagnóstico se centra en lo que en teoría económica y empresarial se denomina “asimetría principal-agente”: el problema que surge cuando quien asume los costes de una política (el principal) no tiene la misma información o los mismos intereses que quien la lleva a cabo (el agente). En el caso de las IT, la perspectiva y los “tiempos” de la Seguridad Social y las empresas, que son quienes pagan, no siempre coinciden con los de los médicos que se encargan de dar la baja o el alta al trabajador. Mientras las patronales reclaman aumentar el control sobre los procesos de baja y limitar las políticas garantistas con el trabajador, los sindicatos ponen el foco en la precarización del empleo y la saturación de la sanidad pública Además, la AIReF considera que algunas decisiones políticas o derivadas de la acción sindical han empeorado el problema: los complementos retributivos –para compensar la pérdida de salario durante la baja– que figuran en la mayoría de convenios colectivos, la restauración del complemento (hasta el 100% del sueldo) para trabajadores públicos aprobada en 2018 (que, según los cálculos de AIReF, aumentó un 40% la probabilidad de acogerse a una IT en este sector) o la reforma laboral de 2021, que, al transformar muchos contratos temporales en indefinidos, también hizo crecer esta probabilidad en un 30%. Por otro lado, el informe señala que el miedo a perder el trabajo si se pide la baja disminuye en periodos de estabilidad en el mercado, como el actual, de modo que desaparece otro desincentivo. Aunque el dictamen de la institución no hable en ningún momento de fraude por parte de los trabajadores, los sindicatos han criticado lo que consideran una “victimización” de quienes piden la baja. Las organizaciones sindicales ponen el foco, en cambio, en la precarización del empleo, en la falta de sanitarios, y especialmente de psicólogos clínicos, o en el propio ambiente laboral. Esto último apunta directamente a las bajas por problemas mentales, que requieren un capítulo aparte. Los datos de su evolución en los últimos años son bastante contundentes: crecieron un 111% entre 2018 y 2023, son bastante más frecuentes en jóvenes, y su duración media, que crece año a año, está por encima de los 100 días. Tanto los representantes de los empresarios como los sindicatos reclaman más especialistas en la sanidad pública, y mejor pagados, pero mientras que los primeros añaden que es necesario mejorar la objetivación de las dolencias y el control de su evolución, para evitar abusos, los segundos denuncian un ambiente laboral cada vez más tóxico, en el que la monitorización constante, las expectativas de conectividad permanente (pese a que la ley prevé un derecho a la desconexión) y la competitividad entre empleados son moneda corriente en cada vez más empresas, especialmente las grandes. Propuestas: de los controles médicos obligatorios al alta progresiva El debate sobre si se abusa de las bajas por motivos psicológicos, o de si algunos médicos las conceden demasiado a la ligera, no es exclusivo de España. Como tampoco lo es el problema general de las bajas laborales. Cada vez más países, sobre todo en Europa, lo consideran una prioridad, y están aprobando medidas alineadas mayormente con el enfoque de “más vigilancia contra el abuso” que reclaman la AIReF o la CEOE. Y eso que, según datos de Eurostat y de la OCDE, la tasa media de inactividad por IT en el viejo continente es bastante inferior a la española, con la excepción de Noruega y Eslovenia. Precisamente el Gobierno de Noruega ha anunciado un plan para reducir el número de bajas “completas” (en las que el trabajador suspende totalmente su labor) y aumentar, por cambio, el de bajas parciales, de modo que casi todas las que se aprueben sean de este tipo. Para ello, el médico tendría que especificar qué tareas puede llevar a cabo y cuáles no. El sistema noruego de prestaciones por baja es conocido por ser uno de los más generosos del mundo: durante el primer año, el trabajador cobra el 100% de su salario (las dos primeras semanas las paga la empresa; el resto, el Estado). Además, existe la figura de la egenmelding, por la que un empleado puede ausentarse de su puesto por tres días, cuatro veces al año, sin necesidad de presentar certificado médico y cobrando su salario. En Francia, donde el número de bajas ha crecido un 30% en la última década, también se han adoptado medidas para reforzar el control y la austeridad en las IT. Por ejemplo, se ha reducido el importe máximo de la prestación, se han establecido controles médicos por videoconferencia y las empresas podrán activar un “botón de alerta” para que la Seguridad Social inspeccione casos de ausencias reiteradas. En Alemania, las medidas para reducir las bajas forman parte del plan de 34 puntos anunciado por el Gobierno para revitalizar la economía del país. Entre esas medidas están la obligación de presentar el certificado médico desde el primer día de la baja o la eliminación de las “telebajas”: las que se concedían de forma telemática, una opción que se creó en tiempos de pandemia pero que seguía vigente. En España, una de las propuestas que más consenso generan es la de mejorar la coordinación de las distintas entidades implicadas. En su informe, la AIReF pedía un sistema de información integrado que, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial, estime la duración esperada de cada baja y, en caso de detectar patrones anómalos, genere alertas automáticas. Desde el mundo empresarial, también se pide que se aumente el margen de actuación de las mutuas y las propias compañías para monitorear las IT (por ejemplo, que puedan proponer altas en las IT de larga duración, aunque tenga que aprobarlas un médico). La CEOE va más lejos: reclama que se adelanten los controles médicos en estas bajas más largas, o que las empresas puedan eliminar en algunos casos los complementos retributivos acordados en los convenios colectivos. En un análisis pedido por el Gobierno español a la OCDE, esta organización incide en el control más estricto de las bajas, las consultas médicas obligatorias en momentos clave y la política de altas progresivas. Esta última medida es, hasta ahora, la propuesta que ha lanzado el ejecutivo para facilitar la vuelta al trabajo, aunque su discusión y puesta en práctica se viene demorando desde 2024 y todavía están por concretarse muchos detalles. Lo que resulta evidente es que, en el debate sobre las IT, soplan tiempos de austeridad. Sin embargo, como recuerdan tanto sindicatos como organizaciones de empresarios, es necesario que este enfoque se complemente con otro centrado en la prevención, especialmente centrado en colectivos y patologías determinadas.

Reducir las bajas laborales, un objetivo tan necesario como complejo

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