Prostitución: la ley sola no arregla el problema

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El debate sobre legalizar la prostitución, penalizarla o dejarla en el limbo legal es tan viejo como el oficio. En Europa, Holanda, Dinamarca y Alemania han optado por considerarla un trabajo con derecho a prestaciones y el deber de pagar impuestos.

Alemania emprendió el camino de la legalización en 2002 tras aprobar una ley que concebía la prostitución como un oficio más y ofrecía a prostitutas y proxenetas, entre otras ventajas, la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social. Hoy, The Economist la llama “el gran burdel de Europa”, y cita datos precisos del fracaso: de las 400.000 prostitutas estimadas en ese país, y que prestan “servicios” a un millón de clientes diarios, solo 44 se han registrado para obtener beneficios sociales.

Lejos de contribuir a un mayor control del fenómeno y a reducir el peligro de la trata y el proxenetismo, la regulación ha dado pie a situaciones tan dramáticamente risibles como el caso de una mujer que en 2003 recibió una oferta para trabajar como “camarera” en un sitio de servicios sexuales, y al no aceptarlo, perdió el subsidio de desempleo.

En España el fenómeno ha crecido y se ha “normalizado”, dentro de un limbo legal

Menos humorísticos, sin embargo, son los casos de miles de jóvenes que llegan desde Nigeria, China, Rumania, y que son enclaustradas en burdeles bajo reglas ultrarrestrictivas y les fijan los precios y las cuotas que deben entregar.

Las chicas no tienen otra salida que aceptar cualquier condición. Ante demandas legales, los tribunales, aplicando la ley de 2002, suelen posicionarse generalmente a favor del proxeneta denunciado. El caso de una corte de Augsburgo, en 2006, es ilustrativo: el tribunal declaró que, bajo la legislación, se había creado una relación empleado-empleador, en la que este último tenía derecho a establecer cuáles serían las condiciones de trabajo.

Con la ley del lado de los explotadores sexuales (en 2000 fueron encarcelados 151 de ellos, y solo 32 en 2011); con el testimonio directo de las chicas prostituidas, amenazadas con el sutil mensaje de que “sabemos dónde vive tu familia en tu país”, y con la policía impedida de actuar en profundidad por los tecnicismos legales (un tratante es considerado “explotador”, por ejemplo, si retiene más de la mitad de lo ganado por una prostituta, lo cual es difícil de probar), Alemania es la mejor muestra de que el laissez-faire en temas de tráfico sexual es un fiasco total.

La penalización del cliente implantada en Suecia ha hecho disminuir la prostitución en la calle

La trata, del brazo de otros crímenes
La postura alemana está en la orilla contraria a la de Suecia, cuya estrategia de “tolerancia cero” a la compra de servicios sexuales advierte a los posibles clientes de que se arriesgan a pagar fuertes multas, mientras que la prostituta, a efectos legales, es vista como la parte perjudicada, necesitada de protección.

En un informe de 2013, que evaluaba el recorrido de la ley de 1999 contra la prostitución, el gobierno sueco argumenta su actuación contra este fenómeno en que “provoca serios daños tantos a los individuos como a la sociedad” y que está relacionado con otros delitos.

Según el gobierno, la estrategia ha rendido frutos. Al término de la pasada década, la prostitución callejera se había reducido a la mitad y los clientes multados se habían triplicado desde el centenar de los primeros años. El país –asegura– no experimentó crecimiento alguno en las cifras de tráfico sexual, y como efecto colateral, se frustró el establecimiento de redes del crimen organizado en suelo sueco.

Otros Estados, como Islandia y Noruega, han imitado la estrategia de multar a los clientes. Francia ha sido la última en sumarse a iniciativas de este corte. A inicios de diciembre, los parlamentarios socialistas sacaron adelante un proyecto de ley por el cual se considera un delito pagar por tener relaciones sexuales. Las multas variarán desde unos 1.500 euros por la primera infracción, a 3 750 por reincidir. Hasta ahora, acceder a una prostituta no era ilegal, aunque sí lo eran los proxenetas y los locales que ejercieran como burdeles. La legislación prevé además ofrecer ayudas a aquellas mujeres que quieran salirse de este envenenado círculo.

El modelo de legalización en Alemania no ha logrado que las prostitutas se registren para obtener prestaciones sociales

Feministas vs. feministas
El modelo sueco no está exento de críticas. Un informe de 2012 del Center for Human Rights & Humanitarian Law, del Washington College of Law, es lapidario al calificar la ley sueca de “fallido experimento de ingeniería social”. Según Ann Jordan, su autora, Estocolmo ha puesto en situación de riesgo a las prostitutas, al elaborar la legislación sin escucharlas, y las ha colocado a todas en la categoría de víctimas, sin diferenciar a las que se prostituyen por su propia voluntad y a las que son objeto de trata sexual.

Su investigación arroja que, al verse obligadas a buscar clientes de modo clandestino, las “trabajadoras sexuales” se aventuran a ser víctimas de individuos violentos. Además, se les obliga a testificar en el juicio contra los eventuales clientes, lo cual constituiría una tensión añadida.

Por otra parte, la amenaza de multa y prisión (esta última bastante irrealizable, por la imposibilidad de poner tras las rejas a cada persona que busque los servicios de una prostituta), podría afectar a la cooperación de clientes que detecten, en su búsqueda de sexo de pago, indicios de esclavitud sexual.

La ley sueca fue adoptada por impulso de un fuerte movimiento feminista. No hay libertad alguna en prostituirse, sostienen, sino una reproducción del “esquema patriarcal de dominio” del hombre sobre la mujer. Sin embargo, según Jordan, con la imposición de su punto de vista por medio de la ley, las feministas suecas se posicionan como las “mujeres buenas”, frente a las “mujeres malas”; las que dictan qué tipo de relación sexual es “correcta” y cuál “repudiable”, con lo que restringen las libertades de otras mujeres sobre sí mismas.

La “mujer libre”, capaz de disponer de su cuerpo según su voluntad, es el ideal de otras feministas que están en las antípodas de las suecas. Una ojeada a Francia: allí, la filósofa Edith Badinter estima que la propuesta de criminalizar al cliente puede hacer retroceder “los logros del feminismo”.

“Si una mujer —afirma Badinter— desea ganar en tres días, por la prostitución, lo que otras ganarían en un mes como cajeras de supermercado, es su derecho, siempre que no sea de manera forzada”. Nada dice Badinter de la cosificación a que se expone la mujer al aceptar que un hombre disponga de su cuerpo a cambio de dinero.

La afirmación de la filósofa olvida el hecho de que buena parte de quienes ejercen el “oficio” en el país galo lo hacen bajo amenazas. Un dato: en los años 90, la proporción de prostitutas extranjeras era del 10 por ciento, y en los 2000 saltó aceleradamente al 90 por ciento.

“Rumana, de 20 años, residente legal…”
En España, la prostitución no está expresamente prohibida, por lo que no es un delito, si bien las leyes persiguen a quienes participan en redes de trata o se implican en casos de corrupción de menores. Las autoridades locales suplen a su nivel lo que no está legislado a niveles superiores, sobre todo para que la prostitución no sea un fenómeno callejero. Así, diversos municipios penalizan el ofrecer sexo de pago en la vía pública, multando a los clientes, a las prostitutas o a los dos.

A las profesionales del sexo les irrita cualquier intento de regulación. El colectivo Hetaira, que dice defender a las “trabajadoras sexuales” por decisión propia, apunta: “Somos víctimas de la falta de derechos laborales que nos niega el Gobierno y de multas a nuestros clientes y a nosotras por captarles en la calle”.

Para el resultado del modelo alemán indica que solo ha logrado deteriorar aun más las condiciones de las prostitutas, darles a los proxenetas una imagen de empresarios respetables, y hacer más ardua la lucha contra la trata.

Por otra parte, en septiembre pasado, un informe del Ministerio del Interior español daba cuenta de 1.237 inspecciones en sitios vinculados a la prostitución, y apuntaba que 7.114 personas estaban en “situación de riesgo” de explotación sexual. El perfil de las víctimas es el de una mujer de 20 años, rumana, con residencia legal en España. Más de 400 individuos (37 por ciento de ellos rumanos) habían sido arrestados en la primera mitad del año por trata y explotación. Pero estas mujeres y muchas de sus historias de terror no cuentan para Hetaira.

Cabe desear que cuando las instituciones gubernamentales se sienten a elaborar una política eficaz contra el fenómeno de la prostitución y la trata, los expertos examinen los logros y fallos de la estrategia sueca y la de otros países de su entorno, conscientes de que los calcos automáticos serían inaplicables en un país con una población mucho más numerosa.

En cualquier caso, la ley sola no arregla el problema. Habría que revisar también qué visión de la sexualidad ha llevado a que la cultura del sexo de pago se extienda y se normalice.

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