El fallido estreno de la ley del “Solo sí es sí”

Foto: CC Ana Rey

Un mes después de su puesta en vigor, el balance en España de la ley del “Solo sí es sí” no puede ser más descorazonador. Agresores excarcelados, reducciones de condenas, víctimas que se sienten de nuevo ultrajadas, mujeres más inseguras, jueces enfadados y una gran trifulca política y mediática. ¿Qué ha pasado para que se estrene con tantas sombras una ley celebrada como histórica para el feminismo? La abogada penalista Clara Casero nos explica los motivos jurídicos de este embrollo.

El pasado 25 de agosto, en un pleno extraordinario, el Congreso de los Diputados español aprobaba –por 250 votos a favor frente a 141 en contra y 3 abstenciones– la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del “Solo sí es sí”. Una ley impulsada con fuerza y determinación por el Ministerio de Igualdad. Su titular, Irene Montero, celebraba la aprobación afirmando que “la libertad sexual, por fin, va a ser un derecho más en nuestro país. Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo”. Subrayaba además la importancia de la nueva ley para proteger a las mujeres y, especialmente, a las víctimas de género: «Se lo debíamos a cada una de las víctimas, nos lo debíamos a nosotras mismas y, probablemente, sea uno de los derechos más importantes que podamos dejar a nuestras hijas en el presente y en el futuro”.

Sin embargo, un mes después de la entrada en vigor de la ley, si hay alguien perjudicado por ella son las mujeres, y quienes paradójicamente ha salido beneficiados son los agresores. Según pasaban los días aumentaba el goteo de peticiones de revisiones de condena por agresiones sexuales y… según pasaban los días también se conocían las sentencias de los jueces reduciendo las condenas e incluso firmando la excarcelación de algunos agresores.

Lo que vino después ha sido una semana de caos jurídico y político en España: revuelo mediático, dardos envenenados entre partidos, miles de interpretaciones jurídicas y una fuerte contestación por parte de jueces de todo el espectro ideológico ante las declaraciones de la ministra de Igualdad acusándoles de machistas y recomendándoles formación en temas de género.

Pero lo más grave de todo es que se ha reabierto el dolor de muchas víctimas y la inseguridad de millones de mujeres. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Hay alguna solución?

“La Manada” en el origen

En el origen de esta ley está un terrible acontecimiento que conmocionó a la sociedad española y que se conoció como caso de la Manada: la violación grupal de una joven en las fiestas de San Fermín del año 2016. La primera sentencia –dictada por dos tribunales de Navarra– condenó a la Manada por abuso sexual y no por agresión. Tres años después, el Tribunal Supremo elevó las penas por considerar que sí hubo agresión, pero el grito “No es abuso, es violación” que había inundado las calles de toda España seguía muy presente en la opinión pública y en la voluntad de algunos partidos a los que distinguir entre agresión y abuso les parecía insultante.

“No tiene ningún sentido echar la culpa a los jueces. En todo caso, habrá que echar la culpa a la ley” (Clara Casero, abogada penalista)

“El conflicto que se ha originado con esta ley es una demostración de que una cosa son los buenos deseos y otra muy diferente redactar bien las leyes”, señala Clara Casero, abogada penalista de Feldmans & Murdock Attorneys at Law, en conversación con Aceprensa. “El gran problema de esta ley es que ha unificado dos delitos, el de agresión y abuso sexual, en uno. Al unificarlos, ha habido que ampliar mucho la horquilla de las penas y el resultado es que los delitos más graves pueden acabar teniendo menos pena. Ahora mismo, se juzga por el mismo delito a una persona que toca a otra en el metro que a una persona que viola a otra en ese mismo metro. Lógicamente, como la gravedad es diferente, las penas tienen que variar. Pero esto, al final, a quien acaba beneficiando es a los autores de agresiones más graves, que ven cómo la pena mínima es ahora más baja”.

Con otras palabras, quienes agredan a partir de ahora podrían favorecerse de una menor condena. Pero quienes, ya de hecho, se han beneficiado, han sido las personas condenadas con una sentencia firme. Y aquí entra la otra gran cuestión que se debate estos días: la retroactividad de la ley.

“Efectivamente, el artículo 2 del Código Penal señala que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo’, y por esta razón, se han podido acoger a la nueva ley algunos agresores que ya habían sido juzgados y, por esta razón también, los jueces han fallado a su favor. Esto no es ninguna anomalía: al contrario, es una obligación de los jueces que, precisamente, tienen que plegarse ante la ley. Por eso no tiene ningún sentido echar la culpa a los jueces. En todo caso, habrá que echar la culpa a la ley”, afirma Casero.

La disposición transitoria: un salvavidas que llega tarde

Para esta penalista, lo que tiene muy poca explicación es que no se haya dictado una disposición transitoria para señalar que no se pueden acoger a la nueva ley los delincuentes ya juzgados. “Es relativamente corriente añadir en las leyes estas disposiciones transitorias: no es nada excepcional; por eso, sorprende que no se haya incluido en este caso, cuando sabemos, además, que había dictámenes que lo aconsejaban”.

En el fondo del debate de estos días está la sospecha de que se ha legislado con prisas y sin atender al consejo de los expertos ni de los técnicos. Una sospecha, por cierto, que persigue la elaboración de otras leyes de este Ministerio, como la muy discutida “ley trans”, una ley que –como la del “Solo sí es sí”– se está tramitando con urgencia y con fuertes críticas de colectivos feministas, familias y psiquiatras.

“No se pueden hacer chapuzas con la ley –señala Casero–, porque al final, nos guste más o menos, la ley es una garantía de la democracia y del Estado de Derecho, y si legislas mal, con prisas, sin tener en cuenta los aspectos técnicos, acabas perjudicando al ciudadano. Y a veces, como en este caso, en temas muy serios. Hacer una ley no es hacer un mitin, ni un eslogan. Y es normal que los políticos no sepan redactar leyes: no es su misión; pero entonces hay que escuchar a quienes sí saben hacerlo. Y no solo a ellos, sino a todos los estamentos implicados, que además de juristas, pueden ser médicos, hombres, mujeres, familias… según cada ley. El problema es que eso lleva tiempo, y trabajo. Y el tiempo y el trabajo no siempre rentan electoralmente. Y menos en el corto plazo”.

Casero no es muy optimista con la solución que se le puede dar a estas alturas a la ley del “Solo sí es sí”. “No es fácil, porque las leyes no se quitan y se ponen. No es un juego”. En su opinión, los criterios que ha fijado la Fiscalía General del Estado para tratar de limitar la revisión a la baja de las condenas es coherente con la misión que tienen los fiscales de defender el interés público; pero los fiscales no son los que tienen que aplicar la ley, así que no resuelve el problema de fondo, que es la redacción de la ley. En ese sentido, explica que el Gobierno esté hablando del Tribunal Supremo como último recurso. “Si el Supremo empieza a dictar sentencias en las que no se rebaja la pena, esto podría crear una jurisprudencia… El problema es que tendrá que explicar muy bien los motivos por los que no rebaja las penas, porque con la ley en la mano, está obligado a hacerlo”.

En cualquier caso, y al margen de que la ley consiga salir del laberinto donde está metida, su esperanza es que este caso sirva para dejar las ideologías a un lado, tomarse más en serio las leyes y entender que tanto la política como el derecho deben velar por el bien común de los ciudadanos.

Ana Sánchez de la Nieta
@AnaSanchezNieta