El gobierno italiano hace de la inmigración ilegal una cuestión de seguridad

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Roma. Los modos para combatir la inmigración clandestina y los problemas de orden público que le suelen acompañar, están siendo objeto de una viva discusión en Italia durante las últimas semanas. El debate demuestra de nuevo la relevancia que estos temas han adquirido en la esfera política, y también que se trata de cuestiones en las que a veces se presta menos atención a los datos reales que a su posible uso en la lucha política.

La inclusión de la inmigración clandestina como agravante penal, y no como simple falta administrativa, fue uno de los temas más debatidos. Según un decreto ley del nuevo gobierno de centro-derecha, si el autor de un delito se encuentra en Italia ilegalmente, las penas correspondientes a ese delito se incrementarán en un tercio. Además, a partir de ahora los jueces ordenarán la repatriación de los ciudadanos extranjeros (también de países miembros de la Unión Europea) culpables de delitos cuya pena supere los dos años de reclusión (hasta ahora eran diez años).

La inmigración ilegal y los problemas de seguridad y orden público habían ocupado una parte relevante de la campaña electoral italiana de esta primavera. Algunos delitos cometidos por inmigrantes -que recibieron una amplia cobertura en la prensa- contribuyeron a fomentar un clima de opinión favorable para adoptar medidas en un campo en el que se acusa a la izquierda de haberse inhibido durante años.

Junto al carácter delictivo de la inmigración ilegal, otro punto de conflicto ha sido la propuesta del gobierno de llevar a cabo un censo de la población de origen gitano que vive en Italia. Tal vez faltó tacto a los promotores, pero el hecho es que la idea fue presentada como una iniciativa con la que se pretendía “fichar” a los integrantes de un grupo étnico. Por esta razón recibió en un primer momento numerosas críticas, incluso de instituciones vinculadas con la Iglesia católica.

El texto de la ordenanza del Ministerio del Interior, sin embargo, solo pretende poner orden en un sector en el que abundan la clandestinidad y la marginación, caldo de cultivo para la delincuencia. A principios de julio ya se habían censado mil campos de nómadas, la mayoría de ellos clandestinos y en condiciones higiénico-sanitarias alarmantes. Se calcula que la población gitana en Italia ronda las 160.000 personas, de las que unas 70.000 tiene nacionalidad italiana.

Uno de los aspectos más discutidos ha sido si tomar o no las huellas dactilares a los niños gitanos. Es discutible la oportunidad del método, muy usado, por otra parte, en países democráticos con su propia población, como sucede en España en la expedición del Documento Nacional de Identidad; pero lo que se busca es dotar a los niños de una identificación cierta (como la del resto de los ciudadanos), que en este caso puede ser además un arma de defensa contra las explotaciones de las que son víctimas.

No lo vieron así algunos grupos políticos adversarios al gobierno de Silvio Berlusconi, que promovieron en el Parlamento Europeo la aprobación de una resolución contra lo que consideran una política racista y xenófoba. Mientras tanto, alcaldes de ciudades gestionadas por esos mismos partidos han mostrado su apoyo a las medidas del gobierno, e incluso ciudades no incluidas en el censo -como Venecia-han solicitado su inclusión.