En los países asolados por conflictos, el hecho de que se tenga en cuenta el reclamo de los afectados puede incidir en la consolidación de la paz.

La justicia ordinaria se ve sobrepasada a veces por situaciones de delito a gran escala. Ocurre en los conflictos de carácter nacional, donde es mayor el número de víctimas y donde los victimarios van mucho más allá del hurto o de la agresión puntual. Así sucedió con el asesinato de más de un millón de personas durante la ola de violencia étnica desatada en Ruanda en 1994, que fue azuzada por la élite gobernante hutu contra la población tutsi. Los políticos instigaron, sí, pero fueron miles –decenas de miles– los brazos civiles que empuñaron machetes y despedazaron a sus vecinos, seres humanos inocentes pero de la etnia “equivocada”. En un contexto de este tipo, además de poner tras las rejas a los responsables, se precisa hacer un verdadero proceso de introspección personal y social, airear los motivos de los violentos y facilitar que estos sean conscientes de la magnitud del daño. La justicia retributiva, pretendidamente más expedita, no puede detenerse en estas consideraciones. Es el turno, pues, de la justicia restaurativa. Las víctimas del conflicto en Irlanda del Norte cuentan con un servicio de apoyo económico y psicológico, pero necesitan una reparación moral En definición de la ONU, la justicia restaurativa es “la respuesta evolucionada al delito, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social, a través de la sanación de víctimas, infractores y comunidades”. Subraya el daño que causa el delito, y la necesidad de restañar la herida, no solo mediante una compensación, sino sobre todo haciendo que el culpable reconozca el sufrimiento de la víctima y pida perdón. El culpable, al centro del círculo Tras la carnicería contra los tutsis, la urgencia del país africano era la sanación de la sociedad. Según explica el Dr. Phil Clark en su artículo “How Rwanda judged its genocide”, en 2001 había unas 120.000 personas detenidas por su presunta implicación en la matanza, pero los procesos estaban estancados –quedaban muy pocos jueces y fiscales en el país–, mientras que los costos de mantener en prisión sine die a tan alto número de sospechosos se elevaban a 20 millones de dólares anuales. Además, unos 10.000 presuntos criminales ya habían muerto en la cárcel, sin tener oportunidad de escuchar directamente a las víctimas o a sus familiares, y sin ocasión de reparar el mal. La solución fueron los gacaca, comparecencias públicas de los acusados en aquellos sitios donde habían causado tanto dolor, ante ciudadanos formados como jueces y ante las propias comunidades. Colocados en un círculo formado en un espacio abierto, sobre el césped –en ruandés, gacaca–, los presuntos culpables escuchaban los testimonios de las víctimas, reconocían sus culpas y pedían perdón a los afectados y al resto de la comunidad. Muchas sentencias fueron así conmutadas a los infractores por el deber de hacer trabajos sociales y reintegrarse en la sociedad. Es precisamente de lo que va la justicia restaurativa: de sanar. “Sospechosos y sobrevivientes a menudo afirman que la oportunidad de hablar abiertamente en el gacaca sobre los hechos y los sentimientos relacionados con el genocidio habían contribuido a su sanación –señala Clark–. En las entrevistas, muchos sospechosos mostraban una liberación de sus sentimientos de vergüenza y enajenación social, a través de la confesión y la petición de perdón por sus crímenes frente a sus víctimas y a la comunidad. Además, muchos sobrevivientes dijeron que pudieron vencer su sentimiento de soledad al describir públicamente el impacto personal del genocidio y recibir el reconocimiento comunitario de su dolor”. Donde el criminal fue multitud La solución ruandesa no convenció a todos, desde luego. Human Right Watch y Amnistía Internacional criticaron fuertemente en su momento la imagen de impunidad que pudieran transmitir los veredictos del gacaca. Solo que el proceso clásico, en que el Estado va contra el agresor, le exige que rinda cuentas y finalmente lo neutraliza, puede no ser siempre procedente. “La orquestación de los conflictos modernos es frecuentemente difusa y requiere un planteamiento de respuestas legales apropiadas”, subraya Clark. “El profundo impacto en las poblaciones civiles también hace notar la necesidad de perseguir objetivos sociales más amplios. El establecimiento de la verdad, la sanación psicosocial y la reconciliación están más allá del alcance de instituciones legales más convencionales y geográficamente distantes, como los tribunales para los crímenes de guerra”. “La justicia a través del gacaca –añade– refleja que el alto grado de participación popular en el genocidio, y no solo el rol de las élites, confiere a la población un papel central en la persecución de los casos de asesinato, […] y esta es suficientemente flexible para perseguir localmente objetivos definidos, más que enfocarse exclusivamente en castigar a los perpetradores”. La justicia restaurativa subraya la necesidad de otorgar reconocimiento a las víctimas por el daño sufrido y de que los culpables pidan perdón Según cifras de la web ruandesa Gacaca, desde 2001 y hasta junio de 2012 –cuando esos tribunales terminaron sus trabajos– se juzgaron 1.958.634 casos relacionados con el genocidio. Para muchos ruandeses, el mecanismo sirvió para dar a conocer la verdad (83,5% de los consultados), poner fin a la impunidad (86,4%) y fortalecer la unidad y la reconciliación (87,3%). Reconocer el daño real Por otra parte, los implicados en estos programas de justicia restaurativa, y particularmente los responsables de delitos, deben evitar la percepción de que con un perdón genérico, con una disculpa “ante la sociedad” como ente abstracto, se hace borrón y cuenta nueva. Les sucedió días atrás a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su representante, Rodrigo Londoño, pidió perdón “a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”. Ciertamente, uno de los puntos vitales del Acuerdo de Paz era el de reparación a las víctimas, para el cual se estipulaba la creación de la Comisión de la Verdad, que ni reemplazaba a la justicia ordinaria ni involucraba a las autoridades judiciales, y que además de trabajar por esclarecer lo ocurrido y de promover la convivencia, debía contribuir al reconocimiento de las víctimas, a la reparación del daño que se les causó y a darles garantías de que algo así no volvería a ocurrir. Pero los matices pueden ahogar las buenas intenciones. Hubiera sido más de agradecer la afirmación “el dolor que causamos”, que la empleada y distante “que hayamos podido causar”. Junto a otros factores, la sutileza de que “quizás causamos daño o quizás no” puede haber alimentado la percepción de muchos de que no hay un sincero arrepentimiento del dolor ocasionado, y haber conspirado contra todo el esfuerzo desplegado en pro de la paz. Por ahora, dado que el resultado del referéndum del 2 de octubre ha colocado el Acuerdo de Paz en la nevera, no podemos saber cómo funcionaría en la práctica la Comisión de la Verdad, ni de cuánta visibilidad y alivio otorgaría realmente a las víctimas un cara a cara con aquellos de sus victimarios que se hayan arrepentido. La verdad, arrinconada por los mitos Irlanda del Norte ha sido otro sitio donde la violencia ha hecho blanco en la población civil. Todos los bandos han apretado el gatillo: desde las fuerzas del orden británicas (para muestra, el Domingo Sangriento de Derry, en 1972) hasta los grupos paramilitares unionistas y, por supuesto, los grupos armados republicanos, como las diversas facciones del IRA, que no fueron, por cierto, las únicas en consagrar el terrorismo como vía. Pese a que en 1998 quedó establecida la paz en el territorio con el cese de la lucha armada y el desarme por parte del IRA, la reparación a las víctimas del conflicto norirlandés permanece como asignatura pendiente. Según explica Amnistía Internacional en su reporte de 2015, el gobierno británico, los partidos políticos de Irlanda del Norte y el ejecutivo irlandés no han logrado llevar adelante una legislación que cree mecanismos adecuados para investigar las muertes atribuidas al conflicto. Pero sin sacar a la luz la verdad, sin que los culpables asuman sus responsabilidades, poco se puede avanzar más allá de una paz formal. Las víctimas y sobrevivientes cuentan, sí, con un servicio de apoyo económico y psicológico; pero entre sus frequently asked questions no incluye nada que remita a un proceso de justicia restaurativa: solo preguntas sobre trámites burocráticos del tipo “¿y cuándo voy a recibir mi paga?”. Parafraseando la Escritura, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. En 2013, el saliente comisionado de Derechos Humanos de Irlanda del Norte, Michael O’Flaherty, advertía de que mucha gente vulnerable, afectada por el conflicto, permanecía aún sin reconocimiento, y que muchos habían muerto sin que nadie escuchara sus historias de pérdida y dolor. Ese sentimiento de injusticia, según el experto, funcionaba como resorte de problemas sociales. “La ausencia de un proceso de esclarecimiento de la verdad implica que los mitos tribales continuarán desplazando a la memoria real”, denunció en ese momento, y por desgracia, todavía hay una escasa voluntad de cambiar las cosas. Las víctimas de todos los bandos siguen, pues, esperando. Y no precisamente por los cheques.

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