Una de las cuestiones centrales del debate político actual es la situación de la Justicia. ¿Hasta qué punto es independiente? Según muchos juristas, en España el poder judicial funciona con independencia, pero soporta una presión que consideran inédita.
Del 13 al 15 de julio, la segunda edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina dedicó uno de ellos a esta cuestión. Bajo la dirección de Alfonso Martínez-Echevarría, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, pasaron por San Lorenzo de El Escorial los magistrados Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Juan Carlos Campo, así como mandos de la Guardia Civil y periodistas especializados.
Manuel Marchena, expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, advirtió que “el poder político es metastásico, tiende a inundar, a llegar allí donde pueda haber cualquier mecanismo de control”. Su ponencia, dedicada a las dos formas de participación ciudadana en la administración de justicia –la acción popular y el jurado–, combinó el análisis técnico con un recorrido histórico que se remontó al regeneracionismo de Lucas Mallada y a las crónicas de tribunales de Galdós, para mostrar que la desconfianza hacia los jueces es una constante española que hoy presenta, en su opinión, “aspectos más preocupantes que en otros momentos históricos”.
“Una sociedad no puede vivir desconfiando de sus jueces” (Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo)
Sobre la acción popular, en el centro del debate político por los procesos que afectan al entorno del Gobierno español, Marchena describe una paradoja: la institución sufre un uso patológico y, al mismo tiempo, resulta indispensable. Con la vista puesta en una eventual reforma, defendió fijar un catálogo de delitos y, sobre todo, vetar el ejercicio de la justicia a partidos y sindicatos, porque trasladan al proceso penal el lenguaje de la política: “La batalla política tiene que librarse en el Parlamento”. Ahora bien, también alertó contra la tentación de aprovechar la reforma de la acción popular para desactivarla: “Si se tomara la decisión política de poner límites injustificados a la acción popular, creo que estaríamos coqueteando con el abismo”. España, manifestó, no puede dejar el monopolio de la acusación en manos de la Fiscalía, cuya “tentación inhibitoria” debe poder ser neutralizada por los ciudadanos.
El magistrado expresó una idea clave: “Una sociedad no puede vivir desconfiando de sus jueces”. De los más de un millón de causas penales que se abren cada año, recordó, apenas cinco o diez asuntos condicionan la percepción ciudadana sobre la relación entre política y justicia.
Del jurado, por su parte, ofreció una valoración serena: funciona adecuadamente, aunque convendría exigir a sus miembros algo más que saber leer y escribir, y normalizar las instrucciones que reciben del magistrado presidente, hoy dependientes de la vocación pedagógica de cada juez.
Del secretismo al relato
Carlos Berbell, director de Confilegal y antiguo responsable de la imagen de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial, también participó en el curso con un diagnóstico del presente poco amable. Si el problema hace años era la opacidad, explicó, “lo que estamos viviendo en estos momentos es un problema de credibilidad, alimentado desde el propio interior del Estado”, en alusión a las descalificaciones de miembros del Gobierno a jueces concretos. A ello se suma el fenómeno del relato, que definió como “un guion que existe antes de los hechos”: cuando llega una sentencia, ya no se lee para saber qué dice, sino para comprobar si confirma la historia previa. La paradoja, señaló, es que esa erosión se ampara en el mismo artículo 20 de la Constitución que hizo posible la transparencia. Como antídoto propuso importar la figura holandesa del juez divulgador: un magistrado ajeno a la causa que explique en lenguaje llano las resoluciones de mayor impacto público.
El deber de reserva de la Policía Judicial
Otro aspecto interesante de la Justicia es el terreno donde la separación de poderes se juega lejos de los focos. El coronel Diego Pérez de los Cobos, cuyo cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en 2020 fue anulado por el Tribunal Supremo, habló en el curso sobre el deber de reserva de la Policía Judicial, sometida a una doble dependencia: funcional respecto de jueces y fiscales, y orgánica respecto del Ministerio del Interior. Su tesis fue nítida: “El deber de reserva de la Policía Judicial no es una simple obligación profesional de discreción. Es una garantía institucional al servicio de la independencia de la investigación penal, de la separación de poderes y, en último término, del Estado de derecho”.
El coronel replicó a los argumentos con los que el poder político puede intentar perforar esa reserva, incluido el de que “el ministro no puede enterarse por la prensa”: vale más que un ministro se entere por la prensa de una investigación correctamente reservada, señaló, que contaminar esa investigación para ahorrarle un sobresalto.
También alertó sobre el artículo 539 del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a su juicio abre agujeros al flujo de información hacia la cadena de mando en lugar de reforzar la protección del investigador. Su conclusión resumió el espíritu de la jornada: “La Policía Judicial sirve a la justicia, no a la conveniencia del poder”.
Por su parte, el coronel Manuel Ángel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recordó desde su experiencia de tres décadas el fundamento de ese trabajo: “La Policía Judicial no existe para perseguir personas, existe para buscar la verdad de los hechos”.
“Todavía hay jueces en Berlín”
Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, resaltó la necesidad de garantizar la independencia judicial. Aludió para ello a la leyenda del molinero de Sanssouci, que respondió a las amenazas de Federico el Grande de Prusia con una frase convertida en proclama: “Todavía hay jueces en Berlín”. Ahí reside, explicó, la esencia del poder judicial: los jueces tratan de evitar, apoyándose en la ley, la arbitrariedad en el ejercicio del poder, y por eso su independencia es “la garantía madre”, sin la cual el resto del edificio carece de sentido.
“Hoy la sociedad no juega al tenis, prefiere jugar al frontón; no comparte ideas con el otro, intenta aplastar al otro con sus ideas” (Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional)
Lesmes desmontó la imagen de un poder judicial que actúa como bloque: “Ningún juez depende de lo que diga otro juez”, ni de su presidente, ni del Consejo. Sobre la eterna polémica en torno al sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, desplazó el foco hacia lo esencial: en los 46 años de existencia del Consejo, con uno u otro sistema, los jueces españoles han actuado con independencia, y los hechos son tercos: ha habido condenas por corrupción bajo gobiernos de todos los colores, y un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió el poder a raíz de una sentencia judicial contra responsables de su partido. A su juicio, los políticos se equivocan al pensar que controlando los nombramientos del Consejo pueden cursar instrucciones a los jueces: no pueden, y si lo intentaran, los propios jueces reaccionarían.
Juan Carlos Campo, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, cerró el curso de verano con una reflexión sobre la reforma de la Justicia que trascendió lo organizativo. La Justicia, defendió, es un servicio público que nunca ha tenido un verdadero diseño, pero es también mucho más: el guardián de los valores de la convivencia en tiempos de polarización extrema. “Hoy la sociedad no juega al tenis, prefiere jugar al frontón; no comparte ideas con el otro, intenta aplastar al otro con sus ideas”, manifestó. Campo reivindicó la modernización del lenguaje jurídico –una Justicia que el ciudadano no comprende no genera confianza–; las oficinas de justicia municipales, que pondrán “el sello de España” en los pueblos de la España vaciada, y, en sintonía con Berbell, la figura del juez comunicador.
En la clausura del curso intervino Dimitry Berberoff, vicepresidente del Tribunal Supremo. Berberoff situó el Estado de derecho en su dimensión europea, con los casos de Polonia y Hungría como advertencia de que su degradación rara vez es abrupta: “El Rubicón del Estado de derecho no se traspasa de un solo golpe”. Las críticas razonadas a las decisiones judiciales son deseables en democracia, precisó; lo inadmisible es “la descalificación generalizada, gratuita, llegando incluso al insulto a jueces concretos”. Y dejó un apunte terminante: la independencia judicial no admite calificativos ni graduaciones; o se es independiente o no se es.
El cierre del curso corrió a cargo de la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa María Visiedo Claverol, con una idea que bien podría servir de resumen del debate entre magistrados, guardias civiles, periodistas y estudiantes: “La verdad no se impone, se busca”. Y esa búsqueda, en San Lorenzo de El Escorial, tuvo este año forma de curso de verano.
Un comentario
Creo que este encuentro para reivindicar la justicia en España no va a conseguir un objetivo de clarificación y de corrección de la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia. Por los nombres de los juristas oradores, creo que tienen una tendencia muy de derechas con pocas excepciones, teniendo en cuenta que la acusación que se hace de determinados jueces es que parten de posiciones parciales influidos por su pertenencia a la derecha o derecha radical, el debate no va a cambiar las posiciones, es decir, las ideologías más a la izquierda continuaran pensando que los jueces de los altos magristrados adolecen del requisito de imparcialidad que supone la imposibilidad de ejercen su función de manera independiente.
Si quieren un debate y no un monólogo tienen que intervenir también juristas de todas las visiones, porque sino el problema continuará como está y no se responderá a las preguntas que se están formulando en la sociedad.
¿Es verdad que los juicios contra políticos de derechas se eternizan y los que implican a políticos de izquierda son fulgurantes? En caso de que existan explicaciones se deberían dar con claridad, porque como ya se sabe, una justicia lenta no es justicia. Incluso se acusa a los tribunales de aplicar sentencias más duras a ciudadanos y políticos de izquierdas que a los de derechas.
¿Es verdad que los jueces respetan las leyes? La teoría en democracia es que las leyes proclamadas por el legislativo se tienen que aplicar y vinculan a los tribunales. La ley de amnistía se está entorpeciendo por la interpretación filibustera de los jueces, no hay ninguna duda de la finalidad de la ley salida del Congreso y, en cambio, encuentra resistencia para su aplicación conforme al poder legislativo por parte de los jueces. Quizá sería imprescindible un tipo de organización judicial distinta y más especializada para casos que estén tan entrelazados en materia política, para evitar varapalos a España de organizaciones supraestatales como órganos especializados de la ONU o del TJUE.