El 23 de marzo de 2010, el presidente Barack Obama firmó la nueva ley de atención sanitaria. Para ayudar a hacerse cargo del alcance de esta ambiciosa reforma, recordamos primero cómo es el sistema actual y explicamos a continuación los principales cambios adoptados.
Hasta ahora, hay cobertura sanitaria pública para los pensionistas, para la población de renta baja y para los miembros y veteranos de las fuerzas armadas. Los demás tienen que contratar seguros médicos privados. En la mayor parte de los casos, los ofrece la empresa, que paga la mayor parte del precio negociado con la aseguradora para el conjunto de sus empleados (inferior al que tendría que pagar cada uno si suscribiera una póliza por su cuenta), y a cambio todo lo que gaste en eso queda exento de impuestos. Si uno pierde el empleo, la empresa deja de contribuir a la póliza: por eso muchos parados se quedan sin cobertura.
Como no es obligatorio suscribir un seguro médico, hay jóvenes profesionales que, al verse con buena salud, prefieren no hacerlo, sino correr un riesgo calculado: si les pasa algo grave, irán al servicio de urgencias de cualquier hospital, donde están obligados a atenderles.
El resultado del actual sistema es que en el país hay unos 46 millones de personas sin cobertura sanitaria. Esto es lo primero que la reforma pretende remediar.
Resumimos a continuación los principales puntos de la nueva ley. Podrá haber algunos cambios si el Senado acepta las enmiendas propuestas por la Cámara de Representantes.
Cobertura casi universal. Se extenderá la cobertura al 94-95% de la población mediante dos fórmulas. El programa federal Medicaid, hasta ahora solo para personas de renta muy baja, será accesible para todos los que ganen menos del 133% del umbral oficial de pobreza, o sea, menos de 29.327 dólares anuales para una familia de cuatro personas según la definición actualmente vigente. Y todo aquel que no tenga derecho a cobertura pública tendrá que contratar un seguro privado. Si no lo hace, tendrá que pagar una multa anual por el importe equivalente a la mayor de estas dos cantidades: 750 dólares o el 2% de sus ingresos (versión del Senado), o bien 695 dólares o el 2,5% de sus ingresos (enmienda propuesta por la Cámara de Representantes). Así se espera reducir el número de no asegurados en unos 32 millones. Seguirán sin cobertura unos 12-15 millones de personas, en gran parte inmigrantes en situación irregular.
Ayudas públicas. Quienes no tengan opción a Medicaid pero tampoco ganen lo suficiente para pagar una póliza recibirán subvenciones públicas. Los límites de renta fijados son 88.200 dólares anuales para las familias y 29.300 dólares para las personas solas.
Seguro a través de la empresa. Los patronos no estarán obligados a ofrecer cobertura médica, pero los que tengan al menos 50 empleados tendrán que contribuir a sufragar el seguro de aquellos que lo paguen con ayudas públicas. Ese nuevo impuesto se ha fijado en 2.000 dólares anuales por empleado; la Cámara de Representantes propone una exención para los 30 primeros empleados, a fin de proteger a las pymes.
Se mantienen las deducciones fiscales para las empresas que ofrezcan cobertura a los empleados; solo se quita la exención de impuestos para las pólizas más caras, conocidas como “planes Cadillac”. Según algunos, esta medida falsea el mercado y contribuye a la inflación sanitaria, al facilitar que se contraten seguros a precios elevados. Si se suprimiera, el dinero que se recaudaría por impuestos que ahora no se cobran (unos 250.000 millones de dólares al año, casi el triple del coste total de la reforma) podría ser mejor utilizado por el gobierno para costear la expansión de la cobertura.
Bolsa sanitaria. Con intermediación pública, se creará un mercado o bolsa de planes de cobertura para las pymes y los trabajadores autónomos. El fin es facilitar que se agrupen para comprar paquetes de pólizas a precios más bajos.
Mejores condiciones para los asegurados. Las aseguradoras no podrán rechazar un nuevo cliente porque llegue con una enfermedad crónica o grave, ni subirle o cancelarle la póliza por una enfermedad sobrevenida de ese tipo. Se podrá mantener en la póliza familiar a los hijos menores de 26 años.
Aborto. A diferencia de la versión que aprobó la Cámara de Representantes y ha sido abandonada, la del Senado, que es la definitiva, no prohíbe expresamente que se sufraguen abortos con fondos federales destinados a las ayudas para suscribir seguros. Solo dice que las futuras bolsas pueden ofrecer planes que cubran el aborto, pero en ese caso quienes los contraten tendrán que pagarlos con dos abonos separados: uno para el aborto y otro para el resto de la cobertura. Esto no es garantía suficiente para muchos representantes que apoyaron la enmienda Stupak-Pitts, pues no especifica de dónde podrá o no podrá salir el dinero para pagar la parte del aborto. El decreto presidencial prometido por la Casa Blanca para convencerles eliminará la ambigüedad.
Financiación. Aplicar la reforma costará cerca de un billón de dólares en los primeros diez años. El dinero se sacará de recortes a Medicare, el programa para pensionistas; una mayor eficiencia de la provisión de servicios y un descenso de precios -frutos que se esperan de la cobertura casi universal y de las bolsas de planes-, y más impuestos. En concreto, se gravarán los “planes Cadillac” (de precio superior a 27.000 dólares anuales para una familia de cuatro miembros) que proporcionen las empresas, y las parejas que ganen más de 250.000 dólares al año pagarán una tasa del 3,8%.
Asuntos pendientes. Habrá que ver cómo afecta la reforma a la calidad de las prestaciones. Ahora, en Estados Unidos la atención médica es cara y no alcanza a todos; pero es reconocida su buena calidad. En Europa, la contrapartida de la cobertura universal es el “racionamiento” de hecho, en forma de listas de espera y consultas a toda prisa. La calidad norteamericana a costo soportable y para todo el mundo no se conoce hasta hoy fuera de países pequeños y ricos.
Otra incertidumbre es si se cumplirán las previsiones de costo. Massachusetts implantó el seguro obligatorio (cfr. Aceprensa, 3-05-2006), y el costo ha subido muy por encima de las previsiones y de lo que el estado puede pagar.