Queda en pie la facultad dada a la policía de pedir la documentación a cualquiera, pero no otros artículos que sobrepasaban los límites de la ley federal.

El sueño de Jan Brewer, la gobernadora republicana de Arizona, de poner automáticamente tras las rejas al inmigrante ilegal que fuera sorprendido mientras buscara un empleo con el que ganarse la vida, tendrá que esperar. En sentencia del 25 de junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha bloqueado tres de los preceptos de su controvertida ley migratoria de 2010. El Tribunal Suporemo ha anulado varios preceptos que eran más duros que la ley federal con los inmigrantes ilegales Los jueces han suspendido asimismo la posibilidad de que se pueda encausar criminalmente al inmigrante que no se registre como dispone la ley federal, y la facultad que la legislación otorgaba a los policías del estado para arrestar a una persona si tenían sospechas de que había actuado de una manera que la convertía en “deportable” según la ley federal. Otro precepto anulado establecía que quien transportara a un extranjero podía ser multado y su vehículo confiscado, si sabía o ignoraba “temerariamente” que su pasajero se encontraba ilegalmente en Arizona. Y ese estado, según el Pew Hispanic Center, alberga medio millón de inmigrantes ilegales y es puerta de entrada de casi la mitad de indocumentados que ingresan al país. Lo que no ha tocado el veredicto del Tribunal Supremo es lo que muchos consideran el corazón de la ley: la provisión popularmente conocida como show me your papers (“muéstrame tus papeles”), que faculta a los agentes del orden a inquirir por el estatus migratorio de cualquier persona, si hay indicios para sospechar que no está en regla. Brewer, de hecho, ha convertido la decisión en un estandarte de “victoria” frente a la Casa Blanca. El pronunciamiento judicial choca frontalmente con la postura expuesta por el presidente Barack Obama el propio lunes. “Ningún estadounidense –afirmó– debe vivir jamás bajo una nube de sospecha solo por su aspecto. (…) Tenemos que asegurar que los agentes del orden en Arizona no apliquen esta ley de manera que perjudique los derechos civiles de los estadounidenses”. Su posición en el tema, que es respaldada desde varios sectores de la sociedad estadounidense –lo mismo por organizaciones de derechos civiles que por figuras como el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney, y varios pastores evangélicos–, puede suponerle “de rebote” al mandatario un apoyo más acentuado de la comunidad hispana, que ya asistió en días pasados a la promulgación de una ley que regularizará la situación de más un millón de jóvenes, llevados por sus padres al país como indocumentados. En un año electoral, el gesto bien puede no ser gratuito. En cuanto a la legislación de Arizona, los jueces determinaron que las potestades del gobierno federal en política migratoria implicaban que otras partes de la ley estatal no podrían implementarse. “El gobierno nacional tiene un poder significativo para regular la migración”, escribió el juez Anthony M. Kennedy, quien llamó a basar las leyes en una voluntad política respaldada por un discurso cívico racional y reflexivo. “Se comprende que Arizona esté frustrada con el problema causado por la inmigración ilegal, pero no puede aplicar políticas que minen la ley federal”, aseguró el magistrado.

La ley de inmigración de Arizona: suavizada pero no anulada

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