Cuando, en diciembre de 2012, un joven tomó un rifle Bushmaster –de la colección de armas de su madre– y asesinó a 20 niños pequeños y a seis miembros del staff de una escuela elemental de Newtown, Connecticut, muchos dijeron que era inaplazable que se dictaran leyes más estrictas de control de armas en EE.UU..
Pero nada ha cambiado. En una de sus columnas, el semanario británico The Economist explica que el Congreso ha torpedeado desde entonces varios intentos de este tipo. De hecho, el Legislativo ha rechazado ampliar la lista de compradores de armas a los que se aplicaría un chequeo previo para comprobar si tienen antecedentes criminales o enfermedades mentales. Además, en marzo de este año, se retiró un proyecto que prohibiría un tipo de bala que puede atravesar chalecos similares a los que usan los cuerpos policiales.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), que cuenta con cinco millones de miembros, acusa a la administración Obama de estar en “asalto permanente” contra el derecho constitucional de los ciudadanos a tener y portar armas. Sin embargo, la evidencia real de “tiranía federal” es un poco inadecuada, en parte porque la NRA es muy hábil para influir en los políticos de Washington.
Mientras tanto, los chicos siguen cayendo bajo los disparos de armas de fuego en las escuelas (a veces son otros chicos quienes aprietan el gatillo). En los dos primeros años después de la masacre de Newtown, hubo al menos 95 tiroteos en escuelas y centros universitarios, con un resultado de 45 muertes, según registra la Everytown for Gun Safety, una campaña erigida para el control de armas. Tras Newtown, unos pocos estados legislaron para frenar las ventas de las armas más mortíferas. Desde 2012, cinco han ampliado los chequeos a los compradores de armas y cerrado los vacíos legales dejados por el Congreso, pero muchos más estados han relajado sus leyes sobre armas de fuego.
A menudo, los amantes de las armas se refugian en un argumento familiarmente conservador: que el criminal se disuade cuando los ciudadanos bien apercibidos se arman. Florida está debatiendo una ley de “seguridad en las escuelas” que autorizaría a los superintendentes a elegir equipos de trabajo o voluntarios con experiencia militar o policial para servir como guardias armados. Además, en 16 estados se han propuesto este año varias leyes para revertir la prohibición de armas en los campus universitarios, y tales iniciativas forman parte del debate en otra docena de estados.
Algunos querrían ir incluso más lejos y defienden que la segunda enmienda constitucional es el único permiso que precisan los estadounidenses para portar un arma de modo oculto o visible, sin licencia, chequeos o adiestramiento. Tales leyes existen en Alaska, Arizona, Arkansas, Vermont y Wyoming, y legisladores de Kansas acaban de aprobar una versión, y así también en Montana y Virginia Occidental. El gobernador de este último estado, un demócrata que va de salida, ha vetado una ley en tal sentido, aunque como muchos estados rurales, el suyo permite portar armas sin permiso. El de Montana, también demócrata, vetó la ley igualmente, aunque su estado ya autoriza llevar armas sin permiso fuera de las ciudades.
Por primera vez en dos décadas, un sondeo del Pew Research Centre arroja que los estadounidenses apoyan más el derecho a las armas que el control de estas. ¿Cómo puede ser, cuando una inmensa mayoría respalda el control de los antecedentes de los compradores? La respuesta es que tales chequeos son una herramienta del Estado, y la confianza en este se desplomó durante la pasada década, notablemente entre la derecha, donde ello se mezcla con el odio a Obama.
En febrero, Wayne LaPierre, uno de los adalides más carismáticos de la NRA, hizo saber a una multitud conservadora que cuando los criminales atacan, o cuando las esposas, hermanas e hijas sufren un asalto tras ver derribadas sus puertas por una patada, “las leyes no pueden protegerlas. Tienen que hacerlo ustedes mismas”. Es la auténtica voz del lobby armamentístico en 2015: el miedo sobrepasa al debate racional.