Se acercan las elecciones europeas y no es sorpresa que la palabra lobby vuelva a ocupar titulares. A pesar de que el propio Parlamento Europeo describe la labor de estas entidades como “un componente legítimo y necesario del proceso de toma de decisiones con vistas a garantizar que las políticas de la Unión reflejen las necesidades reales de los ciudadanos”, la etiqueta de “grupos de presión”, que se les suele aplicar, puede generar confusión.
Durante años se ha relacionado el lobby a una actividad negativa, a grandes secretos, a sectas o a maletines con dinero. Pero, ¿qué es verdaderamente un lobby? ¿Qué buscan estos miles de grupos (más de 12.000 registrados en la UE)? En pocas palabras, y aunque muchos autores nos brindan diferentes definiciones, el lobby se puede entender como la búsqueda de que determinados intereses lleguen a los oídos de quienes pueden realizar un cambio. Así pues, es una de las formas que tiene la sociedad de alzar su voz. Y también, un cauce privilegiado para la colaboración entre lo público y lo privado.
Actualmente, el papel que desempeñan los lobbies ha evolucionado mucho hacia un enfoque más especializado. Esta transformación ha hecho que su labor sea una tarea centrada en la gestión de información mediante estrategias que abarcan el contacto directo y la asesoría técnica. Además, los lobbies persiguen influir en la opinión pública y, en ocasiones, movilizar a la sociedad.
Algunos lobbies son muy conocidos, como Greenpeace o Amnistía Internacional. Otros no tanto, pero su labor es muy efectiva. Un ejemplo reciente en España es el de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), que ha trabajado intensamente para influir en las políticas agrícolas nacionales y europeas, logrando que se implementen medidas de apoyo al sector agrario. En concreto, su trabajo ha sido clave para conseguir subvenciones y ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que han proporcionado un respaldo económico crucial a los agricultores españoles. O, en Europa, Make Mothers Matter, un grupo que ha contribuido a la adopción de políticas familiares, como la Directiva de Equilibrio entre la Vida Profesional y Privada.
La profesionalización de los lobbies en cuanto a gestión y la adopción de códigos de conducta han mejorado la transparencia y la responsabilidad de estos grupos
En muchas ocasiones, la idea de “hacer lobby” se relaciona con los medios de comunicación. Esto se debe a que la información, tanto de manera directa como a través de la influencia en la opinión pública, es un recurso esencial para su labor: todas las actividades de los lobbies, ya sean para fomentar un entorno político favorable a los intereses que representan, o mediante campañas específicas con objetivos claramente delimitados, se centran en la obtención, gestión y transmisión de información a los diversos actores involucrados en la toma de decisiones públicas.
La profesionalización de los lobbies en cuanto a gestión y la adopción de códigos de conducta han mejorado la transparencia y la responsabilidad de estos grupos, permitiendo que la labor se lleve a cabo de manera más ética y en beneficio del interés público.
Una legislación deficiente
La autorregulación es, sin duda, una buena noticia. Pero esto no exime al sistema legal de su obligación de establecer un orden jurídico que permita una ponderación adecuada de los derechos, valores o intereses en juego en cada situación, sin desestimar por completo ninguno de los intereses en conflicto.
En España, esta regulación está incompleta, a pesar de que son los propios lobbistas quienes la exigen. Es cierto que existe la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que obliga a informar sobre las relaciones que establecen letras entidades. También lo es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido un registro de grupos de interés, en aras de mejorar la transparencia. Pero quedan por solucionar aspectos importantes: cómo regular los acuerdos a que pueden llegar los lobbies, quién puede participar en ellos y quién no, cómo puede conocerlos la sociedad.
La Unión Europea va algo por delante en esta tarea. Cuenta con un registro de transparencia conjunto del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en el que se deben inscribir las organizaciones y los individuos que buscan influir en la formulación e implementación de políticas de la UE. Es un registro obligatorio para las entidades que desean acceder a los edificios del Parlamento Europeo y participar en reuniones oficiales con la Comisión Europea, que les obliga también a dar información detallada sobre sus objetivos y financiación. En esta línea, Francia, Alemania y Reino Unido ya tienen leyes sobre el lobby que, en sintonía con Europa, exigen un registro de las actividades e incluyen códigos de conducta para su actuación.
En España, además de la regularización, hay más desafíos a los que los profesionales lobbistas y la sociedad deben enfrentarse, como el de las “puertas giratorias”, la práctica por la que conocidos altos cargos políticos y funcionarios públicos pasan a ocupar puestos en empresas privadas o grupos de interés, y viceversa, después de haber dejado sus responsabilidades. Este problema subraya la necesidad de una regulación más estricta y efectiva para asegurar que las transiciones entre el sector público y privado no comprometan la integridad del proceso político y la confianza pública.
En cualquier caso, estas malas prácticas o la deficiente legislación al respecto no deben hacernos olvidar que son los profesionales del lobby los que, día a día, llevan la voz de la sociedad hasta los despachos de quienes tienen poder para mejorarla.