Evitar que las multinacionales evadan impuestos recurriendo a paraísos fiscales es una cuestión de justicia que solo un acuerdo internacional podría resolver.

Cuando nos planteamos los problemas de armonización fiscal solemos centrarnos en zonas relativamente pequeñas o en algunos países afines por proximidad o por cultura. Sin embargo, las compañías multinacionales le llevan la delantera por varios cuerpos a los funcionarios fiscales de los diferentes países, y consiguen su objetivo, que no es otro que pagar muchos menos impuestos. Es cierto que ante la propuesta de tipos mínimos del Impuesto de Sociedades formulada por la secretaria del Tesoro norteamericana Janet Yellen y el presidente Joe Biden, varios países han manifestado su conformidad a que las grandes multinacionales paguen más impuestos y tributen en cada país lo que les corresponda. Pero, en muchos casos, es difícil que países distantes y con idiosincrasias tan distintas acepten unas normas comunes de funcionamiento, cuando no se ponen de acuerdo en cosas mucho más sencillas. Pienso que si se consigue un acuerdo va a ser en el contexto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que componen 38 países, entre ellos la mayoría de las potencias económicas mundiales. El problema que se proponen solucionar viene de lejos, ya que una cosa es dónde se producen los bienes y servicios que se comercializan, y otra dónde se venden. Siempre se ha asumido que donde se produce la venta se tributa por Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), puesto que este impuesto lo paga el consumidor, pero el beneficio que se obtiene, hasta ahora se queda en el país donde se produce, y en algunas empresas constituye la “parte del león”. Ventajas de las multinacionales Además, cuando por cuestiones logísticas se crean varios centros de producción mundial en los diferentes continentes, la multinacional siempre tiene la posibilidad de decidir dónde tributa por la mayoría de estos beneficios, utilizando los denominados “precios de transferencia”, es decir, a qué precio se considera que se están produciendo los bienes y servicios, inflando este precio con coste de patentes, management fee (costes corporativos de la alta dirección) y demás, de manera que al final es el director financiero de la multinacional el que decide dónde se tributa y por cuánto. La transferencia de beneficios a paraísos fiscales provoca una pérdida anual de 240.000 millones de dólares a las haciendas de la OCDE Evidentemente, se trata de minimizar el coste, por lo que la mayoría de la tributación por sociedades irá al país o países que menores tipos impositivos tengan, cuando no a paraísos fiscales, en los cuales y según nos indica The Economist, se situaron el 63% de los beneficios de las multinacionales norteamericanas en 2018, a pesar de que estas empresas sólo tenía radicado en estos países el 5% de su personal. La OCDE reconoce que este tipo de prácticas supone una pérdida anual de ingresos fiscales de hasta 240.000 millones de dólares, lo cual, obviamente, supone un motivo de preocupación para los ministros de Hacienda de los diferentes países occidentales, y se rasgan las vestiduras cuando alguno de ellos, como Irlanda, debido a su bajo tipo impositivo (12%), consigue una parte del pastel. La exigencia de un tipo impositivo mínimo (se habla del 15%) para el Impuesto sobre Sociedades (ISS) puede corregir parte del problema, pero solo una parte, ya que los paraísos fiscales van a seguir existiendo, y que Irlanda acepte pasar del 12% al 15%, tampoco sería suficiente para que las multinacionales tecnológicas pensaran en abandonar la isla verde, ya que en los demás países se sigue tributando entre el 25% y el 30%, y estos no van a reducir su tributación hasta esos niveles. Así que los paraísos fiscales seguirán mirándonos desde un otero riéndose de los esfuerzos de los fiscalistas occidentales para incrementar sus ingresos fiscales, cuando probablemente con ese tipo mínimo conseguirán que se incremente la transferencia de márgenes a sus países. “Dumping” fiscal El otro problema puede venir del hecho de que, dentro de la OCDE, hay países beneficiados y perjudicados por la situación actual, por lo que conseguir un apoyo unánime a un proyecto de este tipo puede ser bastante complicado. En The Economist han publicado una estimación de cómo afecta porcentualmente el dumping fiscal a la recaudación por ISS de determinados países en el año 2017. Entre los beneficiados, estarían Irlanda (+68%), Luxemburgo (+57%), Holanda (+32%) y Suiza (+31%); y entre los perjudicados, Estados Unidos (–20%), Francia (–23%), Gran Bretaña (–25%) y Alemania (–26%). Ello supone que, por ejemplo, el peso de los ingresos del ISS sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en Luxemburgo en el año 2019 (5,9%) casi triplique al peso que tienen en Alemania (2%). La solución para el primero de los problemas pasaría por hacer desaparecer los países fiscales; pero, seamos serios, eso es imposible, habida cuenta de que estamos hablando de temas geopolíticos, de soberanía nacional, de intereses de multimillonarios, e incluso de políticos que presuntamente cobran allí sus sobornos. Una solución posible Descartada la solución fácil, nos tocaría ir a la solución posible. Está claro que las multinacionales, muchas de ellas norteamericanas, tienen que publicar sus resultados en la Securities and Exchange Commission (SEC), y en los files que las empresas envían periódicamente, están obligadas a publicar sus beneficios y dónde se obtienen. Calcular la ratio beneficio sobre ventas es bien sencillo, y una solución que podíamos tildar hasta de elemental, sería exigirles ese porcentaje sobre las ventas que se producen en cada país. Se podría subir el IVA a los productos de las multinacionales que evaden impuestos, para penalizar sus ventas y su reputación Sí, ya sé que lo que se me va a decir es que si no radican en un país no pagan ISS. Cierto, pero los que sí pagan impuestos son los compradores de sus productos. Supongamos que una empresa gana un 15% a nivel global, y que, en un país concreto, por ejemplo, España, solo paga el 5%. Si el Estado español decide recuperar esos impuestos, y el IVA de los productos de esa empresa pasan a ser del 31% en vez del 21%, y además se anuncia oficialmente en las tiendas que los comercializan que esos productos tiene ese sobrecoste porque la compañía fabricante no paga los impuestos que debe en España, se conseguirían dos efectos: La multinacional tendría que rebajar sus precios para poder competir con otras empresas, o bien sus ventas disminuirían radicalmente; en el primer caso, la multinacional mantendría las ventas y Hacienda cobraría el 10% que antes no cobraba; en el segundo caso, se incrementarían los beneficios en las otras empresas que sí tributan en España, y Hacienda cobraría los impuestos de estas empresas. La multinacional sufriría un deterioro reputacional importante, ya que si en todas las tiendas y distribuidores se indica en carteles que ese producto paga un 31% en vez de un 21% porque la empresa no paga sus impuestos, en condiciones normales, los consumidores rechazarían sus productos y preferirían, por conciencia ciudadana, adquirir productos de otros competidores. Cualquier empresa, por muy grande que sea, no podría arriesgarse a sufrir un deterioro de resultados o de ventas, y una pérdida reputacional de esta categoría. Si un planteamiento de este tipo se hiciera conjuntamente por los 38 países de la OCDE, una importantísima parte de las ventas de las multinacionales quedarían dañadas, y estas entidades se verían obligadas a negociar y a cerrar sus filiales en paraísos fiscales que, en el fondo, solo tienen por objetivo evadir impuestos. En busca de un modelo común Asumido que las multinacionales negociarían, habría que adoptar también un modelo común a los 38 países, e incluso que las negociaciones se realizaran dentro de la OCDE, y fueran de obligado cumplimiento para todos los países. El modelo pasaría por establecer un marco único contable en el que se estimara cuál es el porcentaje de las ventas que se corresponde con producción en cada centro logístico, cuál el porcentaje razonable de management fee, y cómo se realizan las derramas de los gastos corporativos (lo lógico sería que se imputaran a las unidades producidas de forma lineal; de esa manera, los gastos seguirían a las ventas en cada país). Esto evidentemente no es sencillo y llevaría muchos meses de negociaciones entre los equipos técnicos de las multinacionales y de las haciendas nacionales (coordinadas por la OCDE), pero, en condiciones normales, se debería llegar a un modelo objetivo que todas las multinacionales aceptaran y que evitaría llegar al incremento de IVA al que antes hemos hecho referencia. Y lo que es más importante, dejaría de ser interesante el desvío de beneficios a paraísos fiscales. Dejar de pensar en clave nacional La solución para el segundo problema (dumping fiscal entre países de la OCDE) tendría que ser más sencilla, puesto que es meramente política. Los países pertenecientes a esta organización tienen que ser conscientes de la necesidad de un marco fiscal común, y no solo para el ISS, sino para el resto de los impuestos. Tenemos que ser capaces de dejar de pensar en clave nacional y hacerlo en clave comunitaria. Si las multinacionales ven a los países de la OCDE como un núcleo compacto dispuesto a no ceder a sus ofertas de establecimiento de filiales a cambio de ventajas fiscales, tendrán que modificar sus pautas de actuación, y a lo mejor llegamos a ver cómo se deja de tener colectivos de trabajadores en régimen de semiesclavitud en Bangladesh contratados por una empresa de las Islas Cayman, filial de una multinacional norteamericana. La armonización fiscal puede también conllevar ventajas desde el punto de vista ético y social. Miguel Córdoba Profesor de Economía y Finanzas

¿Vamos camino de los Estados Unidos Fiscales de la OCDE?

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