La globalización y la digitalización de la economía y una legislación que no se ha adaptado a esos fenómenos han proporcionado a las grandes multinacionales tecnológicas una enorme posibilidad de eludir impuestos. La tasa mínima global del 15% sobre los beneficios, que se empezará a aplicar desde el próximo 1 de enero, es el primer paso para corregir esta ventaja competitiva.
A mediados de noviembre, la presidenta de BCE, Christine Lagarde, pronunció una conferencia en el Congreso de Banca Europea, en la que pidió la unificación de los mercados de capitales en la UE y la creación de un mecanismo único de supervisión, similar a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Hoy, cada país de la UE tiene su propio organismo, su propia bolsa de valores y sus propios mercados de bonos. “Hay que crear una SEC europea –dijo Lagarde–para reemplazar el mosaico de mecanismos de control y regulación de los mercados nacionales”, lo que ayudaría a recaudar el dinero necesario para abordar el triple problema de la “desglobalización, la demografía y la descarbonización”.
Lagarde añadió que “un mercado de capitales verdaderamente europeo necesita infraestructuras de mercado consolidadas”. La presidenta del BCE dijo que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables va a requerir más de 600.000 millones de euros hasta 2030 y la transición digital necesitará unos 750.000 millones hasta esa fecha. Hay mucho dinero en juego, y esa fragmentación de los mercados es una de las causas de que no haya grandes empresas tecnológicas en Europa. Para una startup es más fácil acudir a financiarse en un gran mercado como Estados Unidos, donde tanto el mercado de valores como la financiación privada a través del capital riesgo, por ejemplo, cuentan con un radio de acción mucho mayor que los “pequeños” mercados europeos. Y de eso se quejaba Lagarde: “A veces nos preguntamos por qué los unicornios se van a Estados Unidos y no se quedan en Europa”.
Competir con las mismas armas
Es un ejemplo más de cómo en un mundo en el que los capitales se mueven con total libertad, es necesario que los competidores actúen con las mismas armas, o al menos, que éstas sean lo más similares posible. En los sistemas impositivos se ve también de forma palmaria esta necesidad. La globalización y la “internetización” de la economía mundial han transformado el panorama tributario mundial de las empresas y, a la postre, han incrementado las desigualdades entre territorios.
El mundo va a necesitar billones de dólares para afrontar el triple problema de la “desglobalización, la demografía y la descarbonización”, que decía Lagarde, y parte de ese dinero es justo que llegue de los impuestos. Entonces, no tiene sentido que las multinacionales, todas ellas, pero especialmente las ganadoras del proceso de globalización y digitalización –las que se han venido a llamar las grandes plataformas tecnológicas– se aprovechen del sistema para lo “bueno” –incrementar exponencialmente su negocio y sus beneficios– y no para lo “malo” –contribuir, con un impuesto sobre lo que han ganado, a la distribución de esa riqueza–. Éste es el punto de partida del proceso de armonización fiscal que emprendieron los principales organismos multinacionales, como la ONU y la OCDE, y que empieza a cristalizar.
El caso Apple
Con un ejemplo real es más fácil explicar la situación. Es el caso de Apple en Irlanda. En 2014, la comisaria Margrethe Vestager inició una investigación por las ayudas fiscales otorgadas por el Gobierno de Irlanda entre 2003 y 2014 a Apple, por las que la empresa sólo pagó un tipo efectivo del 1% por todos los beneficios generados en Europa. La empresa de la manzana registraba en Irlanda todas sus ventas producidas en la Unión Europea, en lugar de en los países en los que había vendido sus productos, después de llegar a un acuerdo tributario favorable con la Hacienda irlandesa. En 2016, la Comisión Europea demandó formalmente a Irlanda y a Apple por esas ventajas fiscales que consideraba ilegales y exigió el pago de 13.000 millones de euros, que era la cantidad que consideraba que Apple había defraudado en esos años.
En 2020, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló la decisión de Bruselas. Tras un recurso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Abogado General de ese tribunal solicitó hace un mes la anulación de la sentencia del TGUE por haber incurrido en “errores de Derecho”. El caso sigue en los tribunales y tardará en tener una sentencia firme, pero sirve para ilustrar que esa competencia fiscal beneficia considerablemente al país que la practica y perjudica a los demás, porque Apple, como otras compañías radica sus filiales en el país con una tributación más beneficiosa. En España, Apple cuenta con dos filiales, Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia, que tuvieron un beneficio conjunto de 87 millones de euros en el ejercicio fiscal 2021-2022, pero la matriz “sólo” pagó en impuestos 5 millones, porque Apple Marketing Iberia factura desde Irlanda sus ventas en España y tributa en ese país… con sus grandes ventajas fiscales.
Lo que se deja de recaudar
El primer pilar de este proceso ha sido establecer un tipo mínimo de tributación de los beneficios, concretamente del 15%. La OCDE, el organismo multilateral que más años ha dedicado a estudiar este fenómeno, concluye que más de un tercio (36%) de los beneficios de los mayores grupos del mundo está gravado a un tipo efectivo inferior al 15%. Es más: a este resultado, paradójicamente, contribuyen más los países que tienen impuestos de sociedades con tipos nominales elevados, gracias a los generosos incentivos fiscales que ofrecen.
Según la ONU, los impuestos sobre beneficios empresariales no recaudados suponen hasta el 10% del total pagado en el mundo
El foco del informe de la OCDE está puesto en cómo se distribuyen los beneficios corporativos en el conjunto de países y en las ventajas que varios de ellos, muchos de ellos en el seno de la UE, contemplan para determinadas actividades y empresas, con multitud de desgravaciones y exenciones. El resultado es el antes mencionado: también en Estados con impuestos de sociedades considerados elevados –tipos legales por encima del 15%–, hay ganancias empresariales gravadas a tipos muy inferiores. En España, por ejemplo, el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 25% de los beneficios –y del 30% para bancos y compañías energéticas–, pero el tipo efectivo pagado en 2022 no llegó al 10%.
El estudio de la OCDE incorpora la información agregada de las mayores multinacionales del mundo –con beneficios de más de 750 millones de euros– en 222 países y jurisdicciones. Cerca de un 13% de sus ganancias totales –unos 750.000 millones– están gravadas por debajo del 5%; otro 23% de los beneficios soporta tipos de entre el 5% y el 15%. El hecho es que, según estimaciones de la ONU, existe un coste de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales por impuestos empresariales no recaudados, una cifra que supone hasta un 10% de todos los impuestos sobre beneficios pagados en el mundo. En el caso de España, esta cifra se ha estimado en un 16% del impuesto de sociedades recaudado anualmente.
Por lo menos, el 15%
A partir del próximo 1 de enero, los grupos empresariales que facturen más de 750 millones de euros deberán tributar por el 15% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades en cualquier parte del mundo en el que trabajen. En otras palabras, independientemente del país en el que una multinacional declare esos beneficios, éstos estarán sujetos a ese tipo mínimo del 15%. Cada nación conserva su derecho soberano a fijar el tipo impositivo que desee, pero si éste es inferior al impuesto mínimo global, la diferencia se pagará en el país donde la empresa tenga su domicilio fiscal. Por tanto, en teoría, tanto los paraísos fiscales como el denominado “dumping fiscal” pierden la mayor parte de su atractivo.
Se podrá discutir si el 15% acordado es suficiente o no. Hay expertos que consideran que es demasiado y no va a suponer un aumento significativo de la recaudación. El Gobierno español estima que ese nuevo impuesto elevará en 10.000 millones la recaudación por sociedades, lo que supone alrededor de un tercio más de los 32.000 millones ingresados en 2022.
Pero lo que está claro es que hace falta una legislación que armonice la tributación de todas las empresas. Si la ley permite a las grandes multinacionales, en especial a las tecnológicas, detraer la mayoría de los impuestos que las pequeñas y medianas empresas tienen que pagar porque no tienen cauces para aplicarse esas exenciones ni para jugar con los diferentes modelos fiscales, habrá que cambiarla para hacer el sistema más equitativo. No es justo que compañías –grandes, pequeñas y medianas– que no tienen posibilidad de jugar con la ingeniería fiscal, paguen los impuestos que les corresponden mientras que las grandes multinacionales aprovechan las lagunas en las leyes para dejar de tributar por sus enormes beneficios y de contribuir al bien común. Eso es lo que pretenden evitar los cambios legales que se empiezan a poner en marcha el próximo 1 de enero.