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Una voz para las generaciones futuras

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¿Qué cambiaría en los debates sobre las pensiones, la deuda pública o la protección del medio ambiente si las generaciones futuras estuvieran presentes? Con esta pregunta en mente, varias organizaciones privadas, ayuntamientos y gobiernos nacionales están impulsando la figura de un representante que hable en nombre de quienes están por venir.

La preocupación por el impacto de las decisiones políticas en las generaciones venideras empezó a cristalizar en los textos internacionales de la mano del principio del desarrollo sostenible, definido en 1987 por el Informe Brundtland (Nuestro futuro común) como aquel “que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.

Este informe, elaborado a petición de la ONU por una comisión presidida por la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, expresó con una frase feliz una de las quejas del movimiento a favor de introducir la perspectiva a largo plazo en la política: “Actuamos como si pudiéramos salirnos con la nuestra: las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones”.

Adiós a Malthus

El Informe Brundtland recogía medidas valiosas para atajar este problema. Pero también abogaba por “limitar las tasas extremas de crecimiento de la población”, con una clara mentalidad antinatalista. Paradójicamente, esta recomendación amenazaba el futuro de algunos de los que estaban por venir. No es extraño que el documento acabara cayendo en el cálculo aritmético: “Una persona adicional en un país industrial consume mucho más y ejerce una presión mucho mayor sobre los recursos naturales que una persona de más en el Tercer Mundo”.

El movimiento en defensa de las generaciones futuras se ha ido distanciando del discurso malthusiano. De hecho, no hay atisbo de él en el texto considerado clave por sus activistas: la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras (1997), aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. Si bien hay algún grupo, como el World Future Council (WFC), que defiende el “acceso universal a los derechos de salud sexual y reproductiva” como forma de política demográfica “sostenible”.

Otra idea de progreso

Junto al desarrollo sostenible, otra coordenada clave para este movimiento es el principio de equidad entre generaciones, que insta a “dejar el planeta a nuestros descendientes al menos en las mismas buenas condiciones en las que lo encontramos”, en palabras del informe Intergenerational solidarity and the needs of future generations (2013), del secretario general de la ONU.

En este punto, las coincidencias con los decrecentistas son patentes. El WFC, que reúne a activistas de todo el mundo, lamenta que “el concepto de ‘bienestar’ por el cual se guían los resultados de la política se centra en el crecimiento del PIB”, sin tener en cuenta que el bienestar de las personas “depende de muchos factores como la salud, el trabajo, los contactos sociales, la democracia o el tiempo libre”.

Asimismo, denuncia que “los ciclos comerciales a corto plazo, impulsados por los informes trimestrales de resultados, agravan la presión de obtener una rentabilidad inmediata en vez de a largo plazo”. Lo mismo cabe decir de la política cortoplacista, donde la brevedad de los ciclos electorales presiona para que “los intereses del ahora y el aquí” tengan prioridad sobre los futuros.

En último término, el enfoque a largo plazo lleva a replantearse la idea de progreso, de forma que concilie las necesidades e intereses de la generación actual con los de las venideras. Para el think tank alemán Foundation for the Rights of Future Generations (FRFG), este reequilibrio se concreta en la obligación de no transferir al futuro los costes del sistema actual. La nueva visión ética del progreso impide a las generaciones actuales comprar su propia felicidad a expensas de las siguientes.

El desarrollo sostenible y la equidad entre generaciones son las coordenadas básicas del movimiento a favor de las generaciones futuras

Defender a los que no compran ni votan

En España, la Fundación Savia –una organización en defensa del entorno rural– lleva varios meses visitando localidades para impulsar la figura del Defensor de las generaciones futuras. Según explica a Aceprensa su secretario general, Antonio Aguilera, la fundación ha presentado a casi un centenar de municipios una propuesta de moción para que insten al gobierno de España, al Parlamento Europeo y a Naciones Unidas a dar los pasos necesarios para la creación de esta figura.

De momento, la han aprobado 53 plenos municipales y, en breve, podrían hacerlo más. “Calculamos que cuando finalice noviembre y tengan lugar diversos plenos, serán más de 60”. La inmensa mayoría están en Andalucía, pero también hay algunos en Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. Otros municipios de Canarias, Castilla y León, Cataluña y Asturias lo están considerando.

Al principio, explica Aguilera, era la Fundación Savia la que tomaba la iniciativa y visitaba a los ayuntamientos. Pero cada vez más les llaman a ellos para interesarse por el proyecto. “Nos felicitan por la propuesta y nos comentan que este tipo de iniciativas son las que dan sentido a su vocación política”. Subraya que es “una propuesta que no va en contra de nadie”, y que defiende a “los que a veces quedan demasiado olvidados porque aún no compran ni votan”. Lo que explica el amplio apoyo que está recibiendo entre alcaldes de distintos colores políticos.

A finales de agosto, Erik Solheim, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), felicitó a la Fundación Savia por la iniciativa.

Guardianes del bienestar

La figura del Defensor de las generaciones futuras también interesa al Partido Socialista (PSOE). En su programa para las elecciones generales de 2016 proponía crearla como un cargo adjunto al Defensor del Pueblo. Sus competencias no se limitarían al medio ambiente, sino que se extenderían también a otras áreas como las pensiones, las infraestructuras o la deuda pública.

En 2015, Gales aprobó la Well-being of Future Generations Act, que obliga a los organismos públicos a valorar “el impacto a largo plazo de sus decisiones” sobre el “bienestar social, cultural, ambiental y económico” de las generaciones venideras. La misma ley creó el Comisionado para las generaciones futuras, cuyo principal cometido es actuar como un “guardián” de los intereses de los que han de venir y evaluar cómo están cumpliendo las administraciones esa obligación.

Desde 2015, los organismos públicos de Gales están obligados a tener en cuenta el impacto a largo plazo de sus decisiones

Esta figura, heredera del anterior Comisionado para el desarrollo sostenible, tiene sus detractores. El director general en Gales de la Confederación de la Industria Británica (CBI), Mike Plaut, criticó a la primera y actual comisaria, Sophie Howe, por oponerse a la ampliación de una autovía para descongestionar el tráfico y priorizar así el medio ambiente sobre el empleo. Y a algunos líderes tories no les gusta que una persona vinculada al Partido Laborista dirija una oficina independiente. Pero Howe fue nombrada por una comisión de cuatro personas de diferentes partidos.

El World Future Council destaca otros ejemplos de representantes que hablan en nombre de las generaciones futuras. En Nueva Zelanda existe desde 1986 un comisario parlamentario del medio ambiente, que formula recomendaciones no vinculantes tanto al gobierno como a los partidos de la oposición. En Hungría surgió en 2007, para proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural, como consecuencia de una iniciativa de la sociedad civil. En Israel funcionó entre 2001 y 2006 una Comisión para las generaciones futuras con poder de veto sobre las leyes que afectaban a doce áreas… Aunque los modelos varían, el objetivo es el mismo: poner voz a los que vendrán y representarles “en las mesas en las que se toman las decisiones políticas de hoy en día”.

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