Sigue habiendo muchos obstáculos a la movilidad de los trabajadores europeos

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Aunque las normas de la Unión Europea consagran la libre movilidad de los trabajadores, este sigue siendo uno de los puntos débiles de la integración europea. Del total de 370 millones de habitantes de la UE, sólo 5,5 millones (el 1,5%) residen en un Estado miembro distinto del suyo, según un informe de la OCDE que analiza los previsibles efectos de la implantación del euro. Esta reducida movilidad hace que, ante la pérdida de empleo, la reacción sea el cambio de actividad o el paro, y rara vez el empleo en otro país.

El informe destaca que la movilidad es mayor en Estados Unidos, Canadá o Australia. En Estados Unidos, más del 2,5% de la población en edad de trabajar y un poco menos del 5% de los desempleados cambian de Estado de residencia cada año.

El nomadismo norteamericano se aviene mal con las costumbres europeas. En Europa los obstáculos son múltiples, comenzando por la diversidad de lenguas y culturas. Pero existen también obstáculos de orden institucional, como la reserva de empleo para los nacionales en la función pública o el riesgo de perder las prestaciones por desempleo si uno va a buscar trabajo a otro país.

Un buen muestrario de las trabas al empleo de los extranjeros se refleja en un estudio sobre el caso francés publicado por la asociación CERC (Conocimiento del empleo, de las rentas y de los costes), del que se hace eco Le Monde (21-IV-99). El informe se refiere a los empleos prohibidos a los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea. Los extranjeros no sólo deben obtener permiso de trabajo, sino que un número considerable de empleos les están vedados. Para empezar, de los 5,6 millones de empleos de la función pública en sentido amplio, el 90% están sujetos a la condición de nacionalidad (se exceptúan la enseñanza superior y la investigación). En consecuencia, los extranjeros (comunitarios o no) ocupan solamente el 1,7% de estos empleos, aunque representan el 5,5% de los asalariados.

Quienes critican esta situación hacen ver que parece legítimo exigir la nacionalidad para ciertas funciones -como magistrado, policía o agente del Fisco- que suponen el ejercicio del poder público. Pero en el Estado providencia actual la inmensa mayoría de los funcionarios cumplen cometidos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la autoridad pública. Así que las restricciones legales al empleo de extranjeros sirven de justificación a prácticas discriminatorias a menudo criticadas en el sector privado.

Pero las prohibiciones no se limitan a la Administración. Según el informe del CERC, si se suman las restricciones en la función pública en sentido estricto, en las empresas del sector público, en los organismos de la Seguridad Social y en ciertas profesiones liberales (médicos, arquitectos, expertos contables…), un tercio de los empleos están vedados a los extranjeros no comunitarios. Bien es verdad que estos tiempos de desempleo y restricciones a la inmigración no son los más propicios a quitar las barreras al empleo de los extranjeros.

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