De todas las reformas emprendidas en Francia por Lionel Jospin, la semana laboral de 35 horas es aquella en la que el gobierno se juega más su credibilidad política y la que se sigue con más interés en el extranjero. Hasta el mes de enero, el balance de esta política había sido modesto en cuanto a creación de empleo. Pero los acuerdos firmados por la compañía aérea Air France, que creará 4.000 empleos suplementarios, y por la empresa de electricidad y gas EDF-GDF, que se compromete a crear de 3.000 a 5.000, suponen las primeras victorias importantes. Bien es verdad que se trata de empresas públicas.
Hasta mediados de diciembre, los acuerdos sobre la semana de 35 horas firmados en virtud de la ley afectaban, según datos del Ministerio de Trabajo, a 1.055 empresas y 107.560 trabajadores (ver cuadro). Los acuerdos de reducción de jornada se consideran «ofensivos» o «defensivos», según de trate de crear nuevos empleos o de preservar empleos amenazados. Hay que tener en cuenta que en Francia hay unas 200.000 empresas de más de diez trabajadores, que podrían aprovechar las ventajas de esta ley, y que las ayudas más importantes previstas para las que den el paso están vigentes hasta el próximo junio.
Air France, con 34.700 trabajadores en nómina, pasará de 39 a 35 horas sin pérdida de salario, y creará 4.000 empleos en los próximos tres años. Por su parte, los sindicatos se comprometen a renunciar durante un periodo de tres años a aumentos salariales.
En el caso de la empresa pública de electricidad, la semana laboral pasa de 38 a 35 horas sin pérdida de sueldo; y a 100.000 de los 141.000 trabajadores se les ofrece la posibilidad de la semana laboral de 32 horas pero pagadas como 37. La empresa se compromete a emplear de 18.000 a 20.000 jóvenes, para compensar la jubilación de 15.000 empleados, lo que daría un saldo positivo de 3.000 a 5.000 puestos de trabajo; a su vez, los sindicatos renunciarán durante tres años a reivindicaciones salariales.
El acuerdo es estimado engañoso por los que subrayan que, al ser empresas públicas o semipúblicas en régimen de monopolio, pueden eludir los imperativos económicos propios de las empresas privadas. A su juicio, los acuerdos serán financiados por el contribuyente. De hecho, el Estado accionista da ayudas a la empresa de electricidad por valor de 600 millones de francos (91,5 millones de euros) y permite que los sueldos en esos monopolios sean entre un 10% y un 15% superiores a los del sector privado. Los sindicatos aseguran que esas ayudas son estructurales. En el sector privado, dos próximos acuerdos en la industria del automóvil darán el tono. Se dice que el gobierno está dispuesto a pagar el rejuvenecimiento de la pirámide de edades de los dos constructores (Renault y PSA), financiando las prejubilaciones, si llegan a un buen acuerdo sobre las 35 horas. Pero, si eso fuera así, sería a costa del contribuyente.
A partir del 1 de enero del año 2000, la semana laboral de 35 horas será obligatoria en todas las empresas de más de veinte trabajadores.