Entre el pre-empleo y la pre-jubilación
Las dificultades del mercado de trabajo se notan de manera especial en los dos extremos del abanico de edades: los menores de 25 años tienen que bregar duramente para encontrar un empleo, sometidos a menudo a contratos precarios; los mayores de 50 corren el riesgo de perder el suyo por despido o pre-jubilación, aunque también hay sectores que ven el retiro temprano como una meta dorada. Jóvenes y maduros se quejan de una discriminación laboral por razón de edad. Y en ambos casos, la situación de inactividad supone para las finanzas públicas un alto coste, cada vez más insostenible.
En el extremo superior de la edad laboral, hay una contradicción entre una jubilación cada vez más temprana y el aumento de la esperanza de vida hasta los 80 años. La mejora del estado de salud de la población permitiría que siguiera activa durante más años, pero las reestructuraciones de sectores en crisis y el afán de reducir costes laborales han llevado a estimular las prejubilaciones. La baja de actividad se nota sobre todo entre los hombres de 55 a 64 años. Mientras que en 1972 seguían trabajando, en importantes países industrializados, el 77% de los hombres de esa edad, en 1995 la proporción se había reducido al 60%. En cambio, el porcentaje de mujeres empleadas de ese grupo de edad había crecido del 33 al 36%, en el mismo periodo (ver cuadro 1).
A casa, a los 55
Si algunos trabajadores temen la jubilación anticipada, otros hacen todo lo posible por adelantarla. Francia tiene la edad de jubilación más temprana, con 60 años para hombres y mujeres. Pero a algunos les parece poco. Durante dos semanas los conductores del transporte público han estado en huelga en 11 grandes ciudades reclamando la jubilación con plenos derechos a los 55 años. Es cierto que podían invocar el precedente de los camioneros, a los que el gobierno concedió lo mismo cuando el pasado noviembre colapsaron con su huelga la circulación por carretera. En España, también un sindicato de camioneros ha estado hace poco en huelga para pedir, entre otras cosas, la jubilación a los 60 años en vez de a los 65. Pero el gobierno ha resistido, aunque haya concedido otras reivindicaciones.
Como herederos del mayo del 68 («Sed realistas, pedid lo imposible»), algunos sectores profesionales reclaman la jubilación a los 55. En su reivindicación se mezclan elementos razonables, como la especial dureza de algunos trabajos, con otros que son más bien un espejismo, como el de «dar paso a los jóvenes», tan necesitados de empleo.
Pero la experiencia indica que las jubilaciones anticipadas tan generosamente concedidas estos últimos años apenas han tenido efecto en la solución del desempleo juvenil. Así lo reconocía el informe de 1995 sobre El trabajo en el mundo, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al decir que los jóvenes «carecían a menudo de la experiencia y de la cualificación para cubrir satisfactoriamente los puestos liberados por los beneficiarios del retiro anticipado, y además muchas de esas plazas fueron suprimidas». En definitiva, en la mayor parte de los casos no se trataba de rejuvenecer las plantillas, sino de adelgazarlas. De hecho, el gran número de jóvenes de 20-24 años que no están escolarizados ni tienen empleo es un signo claro de crisis (ver cuadro 2).
A la Seguridad Social no le salen las cuentas
Además, el efecto total de la rebaja de la edad de jubilación sobre el empleo depende también de otros factores. La carga adicional sobre las cuentas -ya maltrechas- de la Seguridad Social exigiría elevar las cotizaciones sociales, lo cual repercutiría negativamente sobre el empleo. Y, en una economía cada vez más globalizada, el país que siga esa tendencia perderá competitividad y será menos atractivo para la inversión extranjera.
En cualquier caso, cuantos más pensionistas haya, mayor será la carga que recaerá sobre los activos. El informe de la OIT advierte que, si siguen las tendencias actuales, en el año 2025 no habrá más que 1,5 activos por cada jubilado en Europa Occidental. En Francia, sólo hay ya 1,6 activos por cada jubilado en el régimen general de la Seguridad Social, proporción que hace veinte años era de 3 activos por jubilado. Un medio de atraer nuevos cotizantes para las pensiones sería… abrir las puertas a más trabajadores inmigrantes, pero no parece que esta solución tenga hoy el viento a favor.
En consecuencia, para mantener a flote el sistema de pensiones, varios países ya han decidido elevar progresivamente la edad de jubilación o aumentar el número mínimo de años de cotización necesarios para beneficiarse de una pensión completa. En España, José Barea, director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, da una razón que por sí sola justifica la revisión de la Seguridad Social: «Antes, como media, un joven se incorporaba al mercado laboral a los 20 años, mientras que ahora lo hace a los 25. Paralelamente, antes, como media, un jubilado percibía su pensión a partir de los 65 años durante 12 años, mientras que ahora lo hace durante 17. Cinco años menos de cotizar y cinco años más de percepción de la pensión son razón suficiente para revisar el sistema». Por eso, el acuerdo recientemente alcanzado entre gobierno y sindicatos, prevé subsidios e incentivos fiscales a las empresas para el retraso voluntario de la jubilación después de los 65 años.
Una alternativa -más impopular- sería reducir las prestaciones y elevar los impuestos o las cotizaciones sociales. Esta es la línea que sugirió en Alemania el pasado enero un comité encargado de estudiar la financiación de las pensiones. Su informe recomendó que a partir del año 2000 se vaya rebajando la pensión, que ahora supone el 70% del salario neto, al 64%. A su vez, la OIT sugiere basar el derecho a la pensión completa en el número de años cotizados y no en la edad; eliminar los incentivos para la jubilación anticipada y, en cambio, estimular el empleo a tiempo parcial y la jubilación gradual.
Por otra parte, también es revisable el criterio de tener una misma edad de jubilación para todos, tanto para el camionero como para la bibliotecaria. Es significativo que, mientras los conductores de metro y autobús en Francia reclamaban la jubilación a los 55 años, un grupo de veinte destacados investigadores solicitaba la retirada de una ley recién aprobada que obligará a los científicos de los organismos públicos de investigación a jubilarse a los 65 ó 66 años, en vez de a los 68 como ocurría hasta ahora. El gobierno argumenta que la medida es necesaria para dar paso a los científicos jóvenes. Sin embargo, los científicos mayores, entre los que se encuentra el virólogo Luc Montagnier, sostienen que la ley pone en peligro la labor investigadora de docenas de laboratorios, cuyos directores tendrán que retirarse. Alguno ha apuntado que esta ley habría impedido a Pasteur crear su célebre Instituto, pues lo fundó a los 65 años.
Discriminación por la edad
Pero, a la hora de recortar costes laborales, las empresas miran a su cuenta de resultados y no a las cuentas de la Seguridad Social. Por eso, muchas veces tienden a despedir o jubilar anticipadamente a los trabajadores mayores, que son más caros (siempre y cuando la indemnización por despido no sea prohibitiva). En Francia, el propio Estado-empresario da mal ejemplo, pues la Administración y grandes empresas públicas han firmado en los últimos meses acuerdos que favorecen la jubilación anticipada, en algunos casos a partir de los 53 años. Ahora Renault ha creado una crisis laboral al anunciar el cierre de su fábrica en Vilvorde (Bélgica) y la reducción de 3.000 empleados en Francia, en su gran mayoría por prejubilaciones a partir de los 57 años.
La tendencia es mucho más radical en una sociedad como la norteamericana, tan centrada en la juventud. Y ahora lo empieza a experimentar en propia carne la generación del baby boom de postguerra, según cuenta el International Herald Tribune (17-II-97).
La ley sobre discriminación en el empleo por razones de edad, promulgada en 1967, establece que a partir de los 40 años se pueden plantear reclamaciones si uno se considera objeto de una injusticia en la empresa por ese motivo. Y el grueso de la generación de postguerra -los nacidos en 1957- alcanza ahora esa edad. Así que los abogados de todas las edades se frotan ya las manos ante esta clientela potencial de querellantes.
Cada año se producen unas 17.000 alegaciones de este tipo ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. La mayoría son desestimadas. Pero los casos de discriminación reconocidos obtuvieron como promedio, entre 1988 y 1995, una indemnización de 219.000 dólares, más de lo que se suele conceder por discriminación por motivos de raza o sexo.
¿Los trabajadores de más edad son más caros y menos productivos? El citado informe de la OIT advierte que «su rendimiento y el valor de los conocimientos adquiridos compensan a menudo su mayor coste». Quizá en algunas actividades los jóvenes son más rápidos, pero los mayores cometen menos errores y alcanzan más calidad en el producto final.
La inserción de los jóvenes
Eric Rolfe Greenberg, director de estudios de la American Management Association, afirma que los trabajadores mayores tienen menos conocimientos informáticos que los jóvenes, lo cual es una desventaja para ellos. Pero, si corren más riesgo de perder el empleo, se debe a un criterio puramente «aritmético»: «Se ahorra más dinero despidiendo a un ejecutivo que gana 100.000 dólares que a una secretaria de 20.000. Si es preciso reemplazarlos, puedes contratar otra secretaria por 20.000, pero puedes encontrar un ejecutivo de similar capacidad por 80.000». Pragmatismo se llama esa figura.
Lo que la empresa no puede evitar es el efecto desmoralizador que esto tiene sobre los empleados que quedan. Desde luego, no contribuye a reforzar ni la lealtad ni la motivación. Si se empieza a prejubilar a los de 50, los asalariados de 45 saben que no cabe esperar ninguna promoción.
Así que el período «útil» de la vida laboral se reduce cada vez más. Hasta los venticinco años se está en la Universidad o trampeando en empleos sin carácter fijo y mal remunerados; a los cincuenta se cierne la amenaza de la prejubilación. Como ironizaba un sindicalista en declaraciones a Le Monde (11-XII-96), «el intervalo que separa al joven genio del viejo chocho es cada vez más reducido».
Si los mayores temen ser expulsados del mercado de trabajo, los jóvenes encuentran muchas dificultades para poner pie. Aunque, por mucho que se diga, los títulos todavía cuentan. En Francia, cinco años después de acabados los estudios, menos del 10% de los diplomados de la enseñanza superior están en paro, contra el 30% de los que acabaron su escolaridad sin diploma o con simple certificado de estudios profesionales.
Para favorecer la inserción laboral de los jóvenes, empresarios y sindicatos están negociando fórmulas. En Francia, la patronal hizo el pasado febrero una propuesta de «primera formación en la empresa», para que estudiantes de enseñanza superior puedan tener una experiencia laboral al menos durante un semestre universitario. No se trataría de un cursillo más, sino de una parte de su formación, controlada por dos tutores (uno de la empresa, otro del centro educativo), sancionada por una nota, y con una «indemnización» de 1.800 francos mensuales (unas 45.000 pesetas). En España, el diseño de un contrato para jóvenes, que mejore la precariedad actual, está siendo también un capítulo espinoso en la negociación de patronal y sindicatos que sigue en curso en este mes de marzo.
De todos modos, no tiene sentido crear una oposición entre trabajadores jóvenes y maduros, como si el empleo fuera un pastel fijo. La solidaridad es no sólo más útil, sino más realista. Si los jóvenes pueden afrontar con cierta serenidad su precaria inserción en el mundo del trabajo es gracias a la solidaridad familiar; y mientras las pensiones se basen en el sistema de reparto, los mayores inactivos necesitarán siempre del trabajo de los más jóvenes.
Ignacio AréchagaReformas para afrontar el envejecimientoLa acción de los poderes públicos para afrontar el envejecimiento en los países de la OCDE es expuesta por Peter Hicks en un artículo publicado en L’Observateur de l’OCDE (enero 1997), que aquí sintetizamos.
De aquí a la segunda década del próximo siglo, la generación pletórica de la postguerra alcanzará la edad de jubilación, mientras que la población activa habrá disminuido en bastantes países. El número de personas muy viejas -de más de 80 años- aumentará sensiblemente. La estructura por edad tenderá a parecerse más a un cilindro que a una pirámide.
En 1990, la relación entre personas de más de 65 años y población activa (de 24 a 65 años) era un 19% como media en la zona de la OCDE. En el 2030, podría haberse duplicado hasta llegar al 37%. En Japón podría alcanzar un 44%. En Europa, la relación ha comenzado a aumentar durante los años 90 y registrará un crecimiento particularmente rápido después del 2010. En EE.UU. la progresión no se notará hasta después del 2010.
En cuanto al envejecimiento individual, la noción misma de vejez está cambiando. En muchos casos, la dependencia, la enfermedad y la soledad no se presentan hasta después de cumplir 80 años. A medida que envejecen, las personas recurren más a los servicios de salud. Pero los gastos sanitarios sólo aumentan de modo espectacular en las mayores de 80 años, cuyo gasto es cuatro veces superior a la media por habitante.
También hay una evolución importante en la utilización del tiempo en los diferentes estadios de la vida. Los hombres hacen estudios más largos, ocupan durante menos tiempo un empleo remunerado y se jubilan antes. En cuanto a las mujeres, también dedican más tiempo a los estudios y viven más, pero tienen una actividad remunerada durante más años que antes.
Los poderes públicos, los empresarios y los particulares advierten cada vez más que sería mejor no hacer compartimentos estancos entre las diferentes fases de la vida. La formación, por ejemplo, debería desarrollarse a lo largo de toda la vida y el tiempo de trabajo debería repartirse con más flexibilidad entre el trabajo remunerado y la atención en casa a los jóvenes, a los padres ancianos o minusválidos.
En cuatro direcciones
El envejecimiento individual y de la población en su conjunto, así como la evolución de los modos de instrucción, empleo y jubilación, exigen reformas en cuatro direcciones.
La primera es de tipo presupuestario y tiene que ver con la renta percibida durante la jubilación. El número de personas en edad de jubilarse aumenta, los pensionistas viven durante más tiempo y, en la mayoría de los países, la edad de jubilación tiende a bajar. Pero las dificultades presupuestarias llevarán a introducir reformas dirigidas sobre todo a centrar las pensiones públicas en aquellas personas que las necesitan más y a buscar un nuevo equilibrio entre pensiones públicas y privadas. Parece importante elevar progresivamente la edad para jubilarse con derecho a pensión plena, así como introducir disposiciones que permitan un paso gradual de la vida activa a la jubilación.
El segundo eje de las reformas se refiere a cómo orientar a los mercados de trabajo y de capitales para que se adapten a los efectos del envejecimiento. Las políticas que favorecen la jubilación anticipada son particularmente preocupantes. Hay que dar más importancia a la formación de los trabajadores a lo largo de toda la vida, para que conserven y mejoren su productividad a medida que tienen más edad. Pero de nada serviría elevar la edad de jubilación si no hay trabajo para las personas a partir de una cierta edad.
Los mercados financieros sufrirán también el efecto directo del envejecimiento, ya que se requerirá una parte mayor del ahorro para financiar un período de jubilación cada vez más largo. Desempeñarán, pues, un papel esencial para apoyar reformas de los sistemas de pensiones que impliquen un crecimiento de la financiación por capitalización.
El reparto del tiempo durante la vida
El tercer tipo de reformas concierne a las políticas en favor de la prestación de servicios: enseñanza, salud y cuidados permanentes, empleo, servicios sociales. Serán esenciales las reformas que permitan prepararse a un aumento importante del número de personas ancianas dependientes.
El cuarto eje de las reformas supondrá un nuevo equilibrio de responsabilidades entre el individuo y la comunidad. Entre otras iniciativas, es decisivo cambiar los programas sociales que no incitan a seguir trabajando, especialmente a los trabajadores de mayor edad. Otros cambios van en la línea de adoptar medidas preventivas para promover una vida sana y activa o retrasar la aparición de dolencias crónicas (en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, bastaría diferir su aparición cinco años para que el coste se redujera a la mitad).
Las políticas gubernamentales tienen influencia, deliberada o no, sobre el reparto del tiempo a lo largo de la vida. Entre las que tienen efectos directos están las disposiciones sobre la edad de jubilación y sobre la duración del trabajo y de las vacaciones. Los medios de financiar la enseñanza y la formación, y la falta de incentivos para trabajar -resultado de diversos programas sociales- son ejemplos de políticas que pueden tener un efecto negativo sobre la formación en un estadio ulterior de la vida o sobre el trabajo a tiempo parcial.