Los funcionarios, a dieta

La idea de que empleo público era igual a seguridad se está yendo a pique con la crisis. También la Administración Pública en España se está viendo sometida a un proceso de adelgazamiento, que por ahora se concreta en congelación de plantillas y sueldos. Una dieta que se ha puesto de moda en los países europeos más afectados por el déficit público. La tasa de empleo público siguió aumentando durante el periodo 2008-2010, mientras que el empleo privado decrecía en ese mismo periodo un 12,1% Que el sueño autonómico produciría monstruos se había vaticinado hace mucho, pero es ahora cuando la política, o más bien la crisis, ha puesto en su lista de tareas urgentes la reforma efectiva de la administración pública para evitar duplicidades y solapamientos de competencias. ¿Son muchos? Según los datos (de julio de 2010) del Registro Central de Personal, las administraciones españolas dan trabajo a 2.680.200 personas. La CEOE, basándose en la Encuesta de Población Activa –que siempre ofrece cifras más altas–, sube el número total de empleados públicos hasta los 3.129.600. El proceso de descentralización ha ido concentrando el personal público en la Administración local (21%) y sobre todo en las comunidades autónomas (56%), frente al progresivo enflaquecimiento de la Administración central (hoy solo ocupa al 21,7% de los trabajadores públicos). Actualmente hay una proporción de casi un empleado público por cada cinco privados. En total, suponían un 14,5% de todos los trabajadores en julio de 2010, según los datos del Registro Central de Personal y el INE (ver la tabla, que compara los datos españoles con los de otros países, muestra datos de 2008). El grueso lo forman los profesores y el personal del Sistema Nacional de Salud. Entre los dos copan casi un 45% de todos los trabajadores a sueldo de alguna administración, ya sea estatal, autonómica o local. De ahí que algunos de los recortes hayan afectado a estos dos colectivos, que además no estaban acostumbrados a ellos. No obstante, hay factores que hacen de la educación y la sanidad sectores especialmente calientes a la hora de recortar: a pesar de que más de un 75% de los docentes y un 60% de los trabajadores sanitarios son funcionarios de carrera –y por tanto tienen el puesto prácticamente asegurado–, la sanidad y la educación son dos de los sectores, dentro de lo público, en los que más abundan los contratos temporales y fijos discontinuos. Por otro lado, cuentan con poderosos sindicatos, frecuentemente encastillados en su lucha contra el fantasma de la privatización, lo que provoca que cualquier recorte se presente desde estos sindicatos como un movimiento en esa dirección. Aumento por duplicidades Esta es una de las observaciones del informe presentado por la CEOE (Debate de la eficiencia del sector público: una contribución en el ámbito del número y el coste del personal): según su punto de vista, el número de empleados dependientes de las comunidades autónomas ha crecido en los últimos años de manera desproporcionada. Según los cálculos de la CEOE –que se basan en datos del INE–, solo un 47% del aumento de empleados en las administraciones territoriales se puede explicar por la transferencia de competencias, sobre todo el INSALUD (2001) y la educación universitaria y no universitaria (1996 a 1999). Otra parte del aumento cabe achacarla al crecimiento de la población y a la mejora de la cobertura e instalaciones de los servicios públicos. Aun así, a la CEOE no le salen las cuentas, y argumenta que una proporción considerable del aumento de trabajadores públicos se debe simplemente a las duplicidades de competencias entre administraciones, y por tanto supone una pérdida de productividad. ¿Qué ha pasado con la crisis? A pesar de que, según los datos del INE, el trabajo público siempre experimenta una caída más tardía y leve que el privado en tiempos de crisis, la diferencia durante este último periodo de crisis ha sido extraordinaria. No obstante, las tendencias parecen haberse moderado desde 2010. En concreto, durante el periodo 2008-2010, el empleo público aumentó un 13,5%, mientras que el empleo privado decrecía en ese mismo periodo un 12,1%. Si nos centramos en los últimos años, se puede observar un comportamiento diferente por sectores, aunque lo general sea la tendencia alcista. Desde 2002 hasta 2010, las comunidades autónomas aumentaron su personal un 22,3%, aunque en el primer semestre de 2010 bajó por primera vez. Ni siquiera el primer año y medio de crisis frenó el aumento de personal: desde agosto de 2008 a comienzos de 2010 el número de trabajadores aumentó un 1,1%. Lo mismo se puede decir de las administraciones locales, que en esa misma franja de años crecieron un 21,5%, aunque en su caso el recorte a partir de enero de 2010 fue más acusado. Quienes no han notado en absoluto la crisis han sido los profesores universitarios. El crecimiento, ininterrumpido, desde 2002 hasta 2010 supone un aumento del 16%, lo que no se corresponde con el número de alumnos, que en el mismo periodo descendió un 1,3%. No obstante, el sector que más ha crecido, y de manera también constante, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (+24,1%). En comparación con Europa La proporción de trabajadores públicos por cada 1.000 habitantes en España (64) está por debajo de la media europea, al mismo nivel que Holanda o Irlanda, un poco por encima de Reino Unido y Alemania, y un poco por debajo de Francia. Sin embargo, la mayor tasa de paro española hace que el porcentaje de empleados públicos entre el total de empleados se acerque más a la media, aunque siga un poco por debajo: 14,46% frente al 16,5% de la media europea. No es posible establecer una relación unívoca entre la salud económica de los países y su proporción de trabajadores públicos, pues tanto entre los que más tienen como entre los que menos se pueden encontrar algunas de las grandes potencias económicas: Alemania o Japón se encuentran muy por debajo de España. En el lado opuesto están los países escandinavos, con las tasas más altas de trabajadores públicos en el mercado laboral: lideran el ranking Noruega, Dinamarca y Suecia (todas con valores entre el 25% y el 30%); les siguen Finlandia y Francia, pero también otras economías menos fuertes como Hungría y Estonia. Sus condiciones laborales No todo el que trabaja para un ente público es funcionario. En España son funcionarios el 60,6% de los trabajadores a sueldo de alguna administración. Por administraciones, son un 76% en la estatal, un 66% en las comunidades autónomas y tan solo un 34% en las administraciones locales. Lo que más distingue a España dentro del panorama europeo es el mayor peso de los salarios dentro del presupuesto de gasto público. En total suponen un 26% del gasto público, cuando la media en la Unión Europea es del 22,1%. Este elevado gasto en salarios se debe fundamentalmente al aumento de la remuneración en los últimos años. Según datos de la OCDE, desde 1995 a 2009 el salario medio del trabajador público en España subió un 145%. El salario medio en el sector público ha sido mayor que en el privado desde 2002 a 2010, aunque, según los datos de la OCDE, esto está cambiando. La organización patronal advierte que el aumento en los salarios ha venido produciéndose de manera especial entre los empleados públicos cuyo sueldo no está regulado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que quienes se han subido el sueldo indiscriminadamente han sido sobre todo las empresas de gestión semiprivada pero de titularidad pública, así como las agencias nacionales u otros organismos dependientes del Estado. Un ejemplo de la facilidad con que se amplían las plantillas son las televisiones públicas. Las 13 cadenas autonómicas acumulan un total de 27 canales de los que solo cuatro superan el 10% de audiencia en sus respectivos territorios: TV3 (Cataluña), Aragón TV, TVG (Galicia) y Canal Sur (Andalucía). En total, las televisiones autonómicas emplean a 10.000 trabajadores (más de 2.500 en Cataluña), mientras que entre las privadas Telecinco y Antena 3 no llegan a 3.000. Sin embargo, las cadenas privadas tienen una audiencia mucho mayor. Plantillas y sueldos no crecerán Volviendo a las administraciones, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que más dedican al pago de salarios, y también quienes en mayor medida han aumentado la masa salarial. Por ejemplo, las comunidades autónomas incrementaron el gasto en nóminas una media del 9,3% por año de 2003 a 2010, aunque desde 2009 se haya moderado la tendencia. Con todo, este dato, sumado a otros parecidos, parece indicar que las administraciones han tardado mucho más que el sector público en apretarse el cinturón. Ahora, la política de ajustes les golpea con especial virulencia, y lo peor es que podían haberlo evitado siendo menos derrochadoras. Algunos cambios ya se están produciendo, forzados por la falta de ingresos. En el ámbito nacional, el gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado la congelación salarial de los funcionarios para 2012, por lo que a poco que suba la inflación, sufrirán una pérdida de poder adquisitivo. También se suspende el reemplazo de personal público, salvo la renovación de un 10% de los puestos en educación, sanidad, fuerzas de seguridad del Estado y técnicos de Hacienda; esto último, en un intento de combatir el fraude fiscal. En las comunidades autónomas se imponen también medidas de reducción de plantillas y tijeretazos en emolumentos extras. En Madrid, los empleados de la administración que solo trabajaban 35 horas semanales pasarán a equipararse a los profesores públicos, que ya trabajaban 37,5 horas; en Cataluña, los días de asuntos propios disponibles pasarán de 9 a 6 por año, y se reducirá un tercio la jornada laboral –y las retribuciones– de los interinos. Como en otras comunidades, no se han anunciado convocatorias para nuevos puestos públicos. Las comunidades autónomas han dado de baja 55 entes públicos –y 24 de alta– en 2011. Según el inventario nacional de entes públicos, la comunidad que tiene más es Cataluña. En su discurso de investidura, Rajoy anunció también un proceso de simplificación para reducir el número de empresas semipúblicas, agencias y organismos, y para suprimir administraciones donde se den duplicidades de competencias. El gobierno ha analizado un documento elaborado por la Intervención General del Estado que cifraba en más de 4.000 el número de organismos, agencias y empresas públicas del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Dentro del plan de reducción drástica del gasto público, el gobierno pretende prescindir de una buena parte de esos organismos. La mayoría pertenecen a las Administraciones autonómicas y locales, y por eso es preciso que se haga mediante acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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