Más que defender los empleos amenazados en las multinacionales, los Estados deberían favorecer la multiplicación de pequeñas y medianas empresas (PYME), que es donde hoy se pueden crear más puestos de trabajo. Este filón -especialmente aprovechado en Italia- ha sido propuesto como ejemplo a otras naciones durante una conferencia internacional organizada en Madrid por el Instituto Madrileño de Desarrollo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ministerio de Trabajo español.
La OCDE considera que muchos gobiernos están equivocándose en el destino que dan a los recursos para combatir el paro. Según sus datos, los Estados dedican el 95% de los subsidios a la defensa de empleos amenazados o a paliar las consecuencias más dramáticas del paro, mientras que sólo el 5% se destina a la creación de nuevos empleos y la promoción de iniciativas locales. Junto a esta desproporción se advierte otra: mientras que los países occidentales contribuyen cada año con unos 60.000 millones de dólares a apoyar el empleo en las multinacionales, sólo reparten 1.000 millones a las PYME. Sin embargo, éstas proporcionan la mitad de los puestos de trabajo y son una veta más aprovechable de nuevos empleos.
El caso italiano es el más claro. En febrero de 1986, con la aprobación de la llamada «ley 44», se creó una agencia -dotada con un importante presupuesto, unos 782 millones de dólares- que selecciona proyectos de nuevas empresas organizadas por jóvenes de 18 a 35 años. En estos ocho años, se han estudiado más de 4.000 proyectos. Cada proyecto seleccionado recibe una media de 1,7 millones de dólares. Se da prioridad a los del sector industrial, pues se ha comprobado que cada negocio en este sector produce el cuádruple de empleos que uno del sector de servicios. Cada nueva empresa puede contar además con un «tutor» -elegido entre 700 patrones experimentados- que le transmite la cultura organizativa y le da los consejos oportunos.
Carlo Borgomeo, presidente de la Agencia italiana para jóvenes empresarios, ha visto nacer, bajo la ley 44, un total de 875 nuevas empresas con 18.000 puestos de trabajo. Esas PYME tienen como media una veintena de asalariados, y el éxito principal es que, cinco años después de quedarse sin subsidio estatal, el 80% continúan con vida.
También en Estados Unidos el gobierno acaba de aprobar la constitución de un fondo de 382.000 millones de dólares para financiar la creación de nuevas empresas en zonas desheredadas.
En Suecia, el gobierno también ha tomado medidas para alentar la creación de puestos de trabajo en la pequeña empresa. Se ve obligado a ello porque, en primer lugar, el déficit presupuestario del Estado ha impedido seguir el ritmo tradicional de creación de empleo del sector público e, incluso, se prevén recortes. Por otro lado, la parte fundamental del sector privado, dominada por un puñado de compañías orientadas a la exportación y a las inversiones en el extranjero, no crea apenas empleos en el país.
Con este panorama, la creación de empleo en Suecia depende cada vez más de las PYME. Pero el problema es que en Suecia los impuestos y las cargas sociales de cada nuevo empleado son tan elevados que las pequeñas empresas dejan de crecer cuando sus fundadores han alcanzado una posición económica confortable. Por eso el gobierno ha decidido estimular la iniciativa empresarial reduciendo los impuestos sobre los beneficios y aligerando los controles sobre la inversión.