La reforma agraria, necesaria para la justicia y el desarrollo

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Duración lectura: 11m. 19s.

Documento vaticano sobre la distribución de la tierra
La apropiación y concentración indebida de las tierras en diversos países del mundo es el tema que presenta el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” en un reciente documento titulado Para una mejor distribución de la tierra (1), hecho público en enero pasado. El estudio tiene en cuenta sobre todo la situación en Latinoamérica, donde abundan los latifundios y hay mayores conflictos por la cuestión de la tierra como últimamente en Brasil (ver sevicio 68/97). Ofrecemos un resumen del documento.

El documento intenta responder a las cuestiones éticas y sociales relacionadas con la función social de la tierra, la propiedad, la producción y la concentración indebida de la tierra. No es un estudio económico o político: es un documento de carácter ético que analiza, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, los agudos problemas del sector agrario en los países en vías de desarrollo.

Con este estudio la Iglesia pretende llamar la atención de quienes tienen responsabilidades en el ámbito de la agricultura y del desarrollo económico, a escala nacional o internacional, e incitarles a que “actúen urgentemente para evitar nuevas injusticias”, exigiendo una reforma agraria eficaz como “condición indispensable” para llegar a un futuro de mayor justicia.

La tierra en pocas manos

El Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, que preside el Cardenal Roger Etchegaray, preparó este documento con aportaciones de las Conferencias Episcopales de la mayoría de los países iberoamericanos, que a través de informes regionales han denunciado el “dramático problema de la apropiación indebida y de la concentración de las tierras en el latifundio” (n. 2).

En el primer capítulo sobre los problemas vinculados con la concentración de la propiedad de la tierra, se señala que en países del llamado Tercer Mundo un pequeño número de latifundistas posee la mayoría de las tierras cultivables, mientras que una multitud de pequeñísimos propietarios, de arrendatarios y colonos cultivan el resto de las tierras, que a menudo son de peor calidad. Esta situación genera injusticias sociales y en algunos países de Latinoamérica se ha agravado.

“La apropiación de la tierra no ha llevado solamente a la creación y la consolidación de los latifundios sino también a la pulverización de las pequeñas propiedades” (n. 4).

“En los últimos decenios la situación no ha cambiado de forma sustancial, es más, en muchos casos ha ido empeorando progresivamente aunque la realidad demuestre el impacto negativo que tiene en el crecimiento económico y en el desarrollo social” (n. 5).

Según los estudios realizados en los países más afectados por este fenómeno, se concluye que los últimos cambios en materia económica han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y han generado conflictos sociales.

El documento explica que la industrialización a expensas de la agricultura ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres. “La consiguiente caída de las rentas agrícolas ha afectado duramente a los pequeños productores hasta el punto de que muchos de ellos han abandonado la agricultura” (n. 6). Todo esto ha favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la tierra.

No basta con repartir

Ante esta situación, algunos gobiernos han emprendido reformas agrarias para asegurar una equitativa repartición de la propiedad, pero “sólo en algunos casos estas reformas han alcanzado los objetivos establecidos. En la mayoría de esos países, sin embargo, estas reformas no han dado los resultados prometidos. El hecho de creer que la reforma agraria consiste fundamentalmente en un simple reparto y asignación de tierras ha sido una de las mayores equivocaciones” (n. 7).

Otras causas del fracaso de algunas reformas tienen que ver con el desconocimiento de tradiciones culturales de los pueblos indígenas y “una lamentable serie de formas de corrupción, de servilismo político y de colusión que han llevado a asignar amplias parcelas a los miembros de grupos directivos”. También ha influido “la presencia de empresas extranjeras, preocupadas por las consecuencias de la reforma agraria en sus actividades económicas” (n. 8).

Origen de conflictos violentos

En muchos países en vías de desarrollo las necesidades y derechos de los pequeños y medianos cultivadores no son tenidos en cuenta. Es más, algunas decisiones gubernativas atentan contra sus intereses. Para algunos productores se han adoptado políticas de control de los precios que benefician a las grandes empresas agro-industriales y a los cultivadores de productos de exportación, y desgraciadamente han penalizado a los pequeños cultivadores de productos tradicionales. “Ha habido además políticas de concesión de crédito a la agricultura que han falseado las relaciones de precio entre el capital tierra y el trabajo” (n. 9).

Sin hacer referencia directa a los conflictos agrarios de Chiapas en México y de propiedad de las tierras en Perú, Colombia, Bolivia y Centroamérica, el Pontificio Consejo señala que los problemas agrarios han conducido a formas de violencia.

“La elite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros y madereros no han tenido reparos, en muchas ocasiones en instaurar un clima de terror para calmar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar ritmos de trabajos inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren los gastos de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado este clima también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan mucho tiempo cultivando tierras del Estado o bien otras tierras, o para apoderarse de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas” (n. 12).

“En estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir los bienes y las cosechas, para quitar poder a los líderes de las comunidades, para deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden a los más débiles, entre los cuales hay que recordar a muchos responsables de la Iglesia” (n. 12).

A menudo los responsables de los poderes públicos son cómplices de estas violencias. La impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los crímenes está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y porque muchos Estados desprecian los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Facilitar el acceso al crédito

Para la Iglesia algunos de estos conflictos se podrían evitar si los gobiernos logran establecer mecanismos legales para reconocer el título de propiedad de la tierra y regular con transparencia el mercado del crédito. Ocurre con frecuencia que se quita las tierras a los agricultores porque éstas caen, por ley, en manos de quienes al tener más medios económicos y más información pueden conseguir el reconocimiento del derecho de propiedad.

“El pequeño cultivador de cualquier forma sale perdiendo: la incertidumbre sobre el título de propiedad de la tierra representa, en efecto, un elemento que no anima a invertir, hace aumentar los riesgos para el agricultor en el supuesto de que éste incremente las dimensiones de su finca y disminuye las posibilidades de acceso al crédito utilizando la tierra como garantía” (n. 14).

Sobre el mercado del crédito el documento denuncia la usura de los prestamistas que atropellan los derechos de los campesinos y muchas veces terminan apropiándose de sus tierras. En los países pobres el acceso al crédito tiende a ser proporcional a la propiedad de los medios de producción y sobre la tierra, y por tanto, se convierte en una prerrogativa de los grandes latifundistas.

Difundir la propiedad de la tierra

Luego de evaluar el problema y sus causas el documento expone las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia sobre la propiedad de la tierra y el desarrollo agrícola. Explica que el primer mandato que Dios da es el de conservar la tierra respetando su naturaleza de don y bendición, y de no transformarla en instrumento de poder o motivo de conflictos.

“De ahí derivan varias consecuencias. Por un lado, nadie tiene el derecho de quitar la tierra a la persona que la cultiva: en caso contrario se viola un derecho divino; ni siquiera el rey puede hacerlo. Por otro lado se prohíbe toda forma de posesión absoluta y arbitraria a propio favor: no se puede hacer lo que se quiere con los bienes que Dios ha dado para todos” (n. 25).

En la doctrina social de la Iglesia el proceso de concentración de la tierra se juzga como un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, al negar a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra.

El incumplimiento de este mandato de justicia ha provocado conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y provocan la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente. El Pontificio Consejo recuerda que “la propiedad privada, o un cierto dominio sobre los bienes externos, asegura a cada uno una zona indispensable de autonomía personal, y debe ser considerada como una prolongación de la libertad humana” (n. 29).

Si no se reconoce a los particulares el derecho de propiedad privada, incluida la de los bienes de producción, la historia nos demuestra que “se llega a la concentración del poder, a la burocratización de los diferentes ámbitos de la sociedad, a la insatisfacción social y a ahogar y suprimir el ejercicio de la libertad humana en las cosas más fundamentales.(…) La propiedad privada es ante todo un instrumento de actuación del principio del destino común de los bienes: es por lo tanto un medio y no un fin” (nn. 29 y 30).

“El latifundio -según la enseñanza de la Iglesia- está en neto contraste con el principio de que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos, de modo que no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario” (n. 32).

En este sentido, el documento del Pontificio Consejo “denuncia las injusticias intolerables provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales, en algunos casos apoyadas por instituciones del Estado, que pisotean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso los títulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras” (n. 33).

Fortalecer la empresa agrícola familiar

Para iniciar una reforma agraria se debe garantizar la estabilidad de quienes viven del cultivo directo de la tierra. “En el caso de los fundos insuficientemente cultivados, la doctrina social de la Iglesia justifica, mediante una indemnización equitativa para los propietarios, la expropiación de la tierra para repartirla a quienes estén desprovistos o posean parcelas irrisorias” (n. 36).

Se debe promover la difusión de la propiedad privada, sin creer que una reforma agraria se limita a repartir títulos de propiedad a los asignatarios. La expropiación de la tierra y su reparto es sólo un paso.

Señala el Pontificio Consejo que una nueva reforma debe garantizar la estabilidad económica y social de las familias del campo, y esto se puede lograr a través del fortalecimiento de la empresa agrícola familiar. Asimismo se debe respetar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.

En el aspecto laboral, la doctrina social de la Iglesia indica que la reforma verdadera debe fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo, a una remuneración justa y a formar asociaciones para defender los derechos de los trabajadores.

El último capítulo señala algunas condiciones para que el proceso de reforma agraria tenga éxito.

Medidas de acompañamiento

Una política bien planeada se opone a la vieja idea de que la reforma agraria consiste en expropiar los grandes latifundios, dividir las tierras en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y, por fin, repartir las tierras a los beneficiarios de los títulos de propiedad.

El acceso de las familias a las tierras no debe ser más que una parte del programa de reforma. Hay que prever medidas que permitan a los campesinos el acceso a los factores de producción y a las infraestructuras que hacen que la productividad de la agricultura y la comercialización de los productos mejore continuamente. Además, es necesario que la reforma agraria vaya acompañada de actuaciones en los siguientes aspectos:








Para cumplir estos objetivos, los programas de reforma agraria deben buscar el necesario equilibrio entre la necesidad de conservar la propiedad común y la de privatizar la tierra, y contar con el interés, participación y cooperación de los pueblos interesados.

El documento del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” concluye invitando a los cristianos y gobernantes del mundo a preparar el nuevo milenio y adelantar, dentro del Jubileo del Año 2000, la redistribución equitativa de la tierra.

_________________________(1) Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria, Ciudad del Vaticano, 23-XI-1997.

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