Datu Paglas, una ciudad de 30.000 habitantes en la isla de Mindanao, ha dejado de ser en los últimos años escenario de violencia étnica para convertirse en una de las zonas más pacíficas y productivas de las regiones musulmanas del sur de Filipinas. El secreto: una empresa bananera en la que suman esfuerzos socios tan improbables como trabajadores musulmanes de la zona, comerciantes saudíes, agrónomos israelíes, la multinacional Chiquita Brands y comandantes del Frente Moro Islámico de Liberación (FMIL).
La historia, narrada por Jay Solomon en The Wall Street Journal (31-III-2002), es un buen ejemplo de cómo la renuncia a la violencia puede estimular el desarrollo de una zona pobre.
Ibrahim Paglas era el alcalde de la ciudad cuando empezó la transformación. Paglas, de 41 años, desciende de una familia musulmana rica y poderosa, pero que también ha sufrido el zarpazo de la violencia. En las últimas décadas, la lucha sectaria y étnica entre clanes y la presencia del FMIL, un frente radical islámico que luchaba por la independencia, desencadenó una espiral de asesinatos y venganzas. Paglas perdió a su padre y a tres hermanos, asesinados en las luchas por el poder. Cuando todos esperaban que se vengara del asesinato de uno de sus hermanos en 1991, Paglas decidió firmar un acuerdo de paz con los clanes vecinos. «Fue como si Alá tratara de decirme algo: que la espiral de violencia nunca terminaría aquí», cuenta Paglas.
En lugar de dedicar esfuerzos a la venganza, Paglas pensó en cómo impulsar el desarrollo de la ciudad. Para eso entró en contacto con un grupo inversor, formado por la multinacional Chiquita Brands, una empresa familiar italiana y la más importante compañía comercial saudí, que estaban interesados en explotar plantaciones de plátanos en las fértiles regiones de Mindanao. Si no hay violencia, Mindanao es una de las mejores zonas para cultivar plátanos, por su tierra y su clima. Y hay gran demanda de esta fruta en el mercado asiático y en Oriente Medio.
Pero a mediados de los noventa ningún inversor extranjero estaba dispuesto a invertir en una zona donde la violencia era endémica. Sabiendo que su postura era débil, Paglas aceptó un precio muy bajo que le ofrecían los inversores: 70 dólares por hectárea al año, cuando las plantaciones de otras zonas obtenían 160 dólares.
Los extranjeros invirtieron 27 millones de dólares en esta empresa que se llama La Frutera, y que arrendó 1.500 hectáreas. Antes de nada, Paglas fue a entrevistarse con el líder del FMIL, que era un tío suyo, para asegurarse su colaboración. El FMIL firmó el año pasado un alto el fuego con el gobierno de Manila a cambio de autonomía para la región, aunque las tensiones continúan. El acuerdo del líder rebelde era necesario, ya que serían ex guerrilleros desmilitarizados los que trabajarían en La Frutera y se ocuparían de la seguridad (el 90% de los 2.000 trabajadores de La Frutera provienen de las filas del FMIL).
La primera medida que se tomó fue limpiar caminos y zonas selváticas para construir una red de carreteras eficaz y un sistema de riego. También se contrataron los servicios de una empresa israelí, dirigida por Yaal Pecker, un experto en tecnología de riego que creció en un kibbutz y que en los años ochenta luchó contra militantes musulmanes en Líbano.
Los ex combatientes del FMIL y los técnicos israelíes prefieren ver lo que tienen en común -el ser agricultores- en vez de considerarse enemigos en una guerra de musulmanes contra judíos. Ibrahim Paglas, cuya autoridad ha sido decisiva para el éxito del proyecto, llama a La Frutera «la ONU del plátano».
Gracias a este proyecto, el crimen y los actos de violencia han disminuido considerablemente. Los antiguos guerrilleros que trabajan en La Frutera ya no quieren volver a luchar en la jungla. Hoy ganan unos 100 dólares al mes, lo que es un salario decente para la zona, y pueden enviar a sus hijos a la escuela. La Frutera tuvo el año pasado unos ingresos de 12,6 millones de dólares, con unas ganancias de 3,6 millones; es la más importante inversión extranjera en la región autónoma musulmana de Filipinas, y se ha convertido en un modelo para otras provincias.