Ashiya. A causa de la crisis económica, en Japón están sucediendo cosas nunca vistas, que provocan preocupación general. Fue duro para el país adaptarse a la proliferación de empleos no fijos, a causa de la recesión de los años noventa. Ahora resulta que esos puestos corren grave peligro, y además una buena educación ya no garantiza inmunidad al paro.
Una de las noticias preocupantes que abundan en los últimos meses se refiere a un graduado de la Todai (Universidad de Tokio) detenido por poner en su blog amenazas de muerte contra altos funcionarios del Ministerio de Educación. Les acusaba de haberle engañado, haciéndole creer que su título de licenciado en la universidad más prestigiosa del país era -como, por otra parte, todo el mundo pensaba hasta ahora- un pasaporte infalible al éxito profesional. Ahora resulta que tantos esfuerzos no le han servido de nada: a los 25 años, tras múltiples intentos por conseguir empleo, se encuentra sin trabajo.
Lo que llamó la atención de la gente no es tanto lo que ese joven escribió en su blog, sino el inaudito hecho de que un graduado de la Todai no haya encontrado un puesto en una empresa de elite o en la alta administración pública, lo que viene refutar un supuesto básico del sistema educativo japonés.
Estudiantes defraudados
Otra noticia que despertó no ya la curiosidad, sino la indignación del público es que unas empresas se han retractado de las promesas de contrato que hicieron a más de mil estudiantes. Esto contradice otra tradición japonesa: el naitei, por el que las compañías seleccionan futuros empleados entre bachilleres o universitarios un año antes de que terminen los estudios.
Editoriales y artículos de fondo han deplorado que las empresas falten a la palabra dada, pues tales promesas -sostienen-los comentaristas- equivalen a un contrato. El Asahi Shimbun, entre otros periódicos, dice que ese hecho indica la gravedad de la situación económica, y advierte que los estudiantes se sienten defraudados por la sociedad justo en el momento de pasar a ser miembros activos de la misma.
A muchos de ellos les será imposible encontrar trabajo antes de abril, cuando comienza el año fiscal, y tendrán que recurrir, al menos los universitarios, a seguir estudiando un año más en espera de que la situación cambie.
Tradicionalmente, los nuevos graduados seguían un largo y caro programa de formación dentro de las compañías que los contrataban, pero en el estado actual de la economía las empresas no pueden permitirse semejante desembolso. Necesitan empleados que puedan producir enseguida y, por lo general, las universidades no los producen.
Un tsunami de despidos
Peor que los estudiantes a los que les habían prometido empleo están quienes han perdido el que tenían. Los numerosos despidos de trabajadores no fijos que se han producido en los últimos meses, y las previsiones de muchos más en un futuro próximo, se han convertido en una de las inquietudes dominantes de la sociedad japonesa. Aunque lo peor de la crisis económica parece que está todavía por llegar, la sorprendente velocidad del deterioro se presenta como su característica principal, y donde más se nota es en el mercado de trabajo.
Corporaciones tan poderosas como Toyota. Honda, Nissan, Isuzu, Canon, Sony, Sharp, Hitachi, NEC y otras de rango similar han ido anunciando una detrás de otra de cientos o miles de despidos en muy poco tiempo.
A finales de diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo hizo público un sondeo según el cual 85.000 asalariados no fijos habían perdido el empleo o lo perderían entre octubre de 2008 y marzo de 2009. Pero un mes después, esa cifra prácticamente se ha doblado. Según un nuevo sondeo, de fecha 30 de enero, la estimación de despidos supera ya la cifra de 125.000.
Los sondeos señalan además que pocos de los despedidos han encontrado nuevo trabajo y muchos han perdido también la vivienda, al tener que abandonar las que les facilitaban las empresas. Estos datos han sido recopilados por agencias locales de colocación, que han preguntado a las compañías cuántos puestos no fijos pensaban eliminar entre octubre y marzo.
Por otra parte, recientes editoriales de periódicos afirman que, a partir de las estimaciones de varias asociaciones patronales, los despidos de trabajadores eventuales, enviados por empresas de trabajo temporal, pueden superar los 400.000 en esos mismos seis meses.
Aunque los nuevos cálculos son aproximados, indican que el pronóstico gubernamental no refleja fielmente la situación real. Como dice el Asahi Shimbun en su editorial del 29 de enero, la recesión actual difiere de otras anteriores en que un verdadero “tsunami” de despidos está barriendo la nación. Incluso se ha comenzado a despedir a empleados de dedicación completa. Si la tasa de paro (ahora del 4,4%) subiera solo un punto, el país se encontraría con unos 600.000-700.000 trabajadores más sin empleo.
Sensación de inseguridad
Tras la recesión de los noventa, cuando reventó la llamada “burbuja económica”, Japón llevó a cabo una extensa reestructuración empresarial eliminando muchos de los puestos de trabajo superfluos. Sin embargo, el impacto de la actual recesión en el ámbito laboral es algo sin precedentes.
Junto al contagio de la actual crisis financiera y económica mundial, en Japón está el hecho de que en la última década la población laboral contingente se ha incrementado de forma exponencial. Aparte de los empleados fijos, ahora los hay con contratos temporales, a tiempo parcial, temporeros, eventuales enviados por agencias privadas de empleo, etc. Todos estos son los llamados empleados “no regulares”, que hoy constituyen el 34,5% de la población activa.
La consecuencia obvia de la vulnerabilidad de este tipo de empleados -que pueden ser fácilmente despedidos cuando los tiempos se ponen duros para las empresas- es la creciente sensación de inseguridad en la sociedad japonesa.
El “problema 2009”
El incremento de la población laboral contingente se debe a la relajación de las leyes laborales, que a partir de 2004 permitió a las empresas de recursos humanos enviar obreros a la industria manufacturera. Entonces los contratos no fijos eran por un año como máximo, pero en 2007 el límite se amplió a tres años. Las compañías empezaron a emplear muchos trabajadores en 2006, y los contratos de esa primera gran hornada terminarán dentro del presente año. Por ley, si las compañías los siguieran empleando más allá de los tres años, tendrían que convertirlos en fijos. Por esta razón, los sindicatos obreros han puesto el grito en el cielo, advirtiendo del inminente peligro de despidos en masa: es el llamado “problema 2009”, que parece haber empezado ya antes de tiempo.
Vistas las cosas objetivamente, se puede decir que la desregulación fue beneficiosa para los trabajadores, pues sin ella, las empresas no habrían podido contratar a tantos. Era, además, un momento en que la economía japonesa empezaba a salir de una prolongada recesión y se encontraba con urgente necesidad de personal.
Por otra parte, hace tres años el súbito y precipitado deterioro de la situación económica mundial que se está experimentando hoy día era prácticamente inimaginable. El inesperado cambio en el estado de cosas ha pillado desprevenidos no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios y al gobierno. Enfrentados con las protestas de los despedidos y del público, que simpatiza con ellos, los avergonzados empresarios solo pueden alegar que no podrían sobrevivir la crisis sin tomar medidas excepcionales. Hay manifestaciones en contra, pero el hecho es que estos despidos son legales.
Presupuesto “monstruo”
Ahora el gobierno quiere actuar con energía frente a la recesión. En repetidas ocasiones, y más recientemente en su último discurso ante el pleno de la Dieta, el primer ministro Taro Aso ha declarando su firme intención de proceder con drásticas medidas para conseguir que Japón sea el primer país que logre salir de la crisis.
Con objeto de estimular la economía en medio del creciente desbarajuste financiero mundial, el Ministerio de Hacienda elaboró, para el año fiscal 2009 (que comenzará en abril), el mayor presupuesto jamás presentado en este país. El total asciende a 88,55 billones de yenes (770.000 millones de euros). Fue aprobado por la Cámara Baja el 13 de enero.
En esa misma fecha se aprobó un segundo presupuesto suplementario para 2008 por valor de 4,8 billones de yenes (41.440 millones de euros), incluida una partida de 2 billones para distribuir en cantidades fijas a los ciudadanos y los extranjeros residentes que trabajan y pagan impuestos. Según la propuesta, cada persona recibirá 12.000 yenes (103,50 euros), y se dará a todos los hogares 8.000 yenes adicionales por cada miembro mayor de 65 años o menor de 18.
Los partidos de la oposición, que dominan la Cámara Alta, presentaron contrapropuestas pidiendo que se excluyera de ese presupuesto suplementario los 2 billones para repartir entre los ciudadanos. Alegaban, entre otras razones, que en 1999 el gobierno adoptó una medida parecida, distribuyendo cupones o vales de regalo para reanimar la economía, con escasos resultados; y que sería mejor utilizar ese dinero para promover nuevos puestos de trabajo o ayudar a los despedidos a encontrar vivienda y a reciclarse. Pero el gobierno, sin dar su brazo a torcer, respondió que para eso estaba ya el nuevo presupuesto del año fiscal 2009, que en efecto incluye partidas para este tipo de necesidades.
La Cámara Alta votó en contra, pero si no consigue un texto de consenso con la Cámara Baja, la Constitución estipula que esta puede anular las decisiones de aquella y promulgar su versión.