Mientras Occidente se pregunta cómo reducir la factura de la asistencia pública y evitar que los beneficiarios caigan en la dependencia, Japón aplica sus propias soluciones. Allí, los subsidios se conceden sólo en casos extremos, una vez que los necesitados han agotado todos los recursos a su alcance. En particular, el Estado exige que las familias ayuden primero, como señala un reportaje del International Herald Tribune (11-IX-96).
A diferencia de lo que ocurre en Occidente, el número de japoneses que dependen de la asistencia pública se ha reducido bastante desde mediados de siglo. Hoy sólo el 0,7% de la población recibe prestaciones económicas de este tipo. Esto se explica en parte por las características sociales. Japón tiene una baja tasa de paro, una distribución de la renta relativamente igualitaria, un bajo porcentaje de drogadictos, pocas familias monoparentales y un fuerte sentido de la solidaridad familiar.
El Estado-providencia japonés es generoso en algunos aspectos. La asistencia sanitaria está al alcance de todos. Para los pobres estos servicios son gratuitos. Además, existe una extensa red de guarderías por todo el país para niños cuyas madres trabajan. También en este caso los precios son asequibles.
Sin embargo, los subsidios sociales no se conceden tan fácilmente. En principio, cualquier persona pobre puede acceder a las ayudas, pero sólo si no tiene familia a la que acudir, si no posee bienes y si no puede trabajar. Los pobres menores de 65 años que gozan de salud y están capacitados físicamente para trabajar es difícil que accedan a estas prestaciones públicas. Hasta tal punto que hay gente sin hogar que no se molesta en pedir asistencia porque se la negarían. Se comprende, pues, que si de algo se queja a veces la gente es de que las autoridades son demasiado duras con los pobres.
El 44% de las ayudas se destinan a personas mayores, en su mayoría viudas. Las familias con un enfermo o un minusválido suponen el 41% de las que reciben prestaciones. Y alrededor del 9% se destinan a madres de familias monoparentales: divorciadas o viudas casi siempre. Las madres solteras, en su mayoría, no reciben ayudas públicas porque sus familias pueden sostenerlas. Por otro lado, los nacimientos extramatrimoniales son sólo el 1% del total.
Para cerciorarse de que la demanda de subsidio público está justificada, el asistente social visita la casa del solicitante. Ser propietario de la casa, tener ahorros o poseer bienes no imprescindibles (coche, aire acondicionado…) son motivos para desestimar la petición. En tales casos se aconseja al solicitante vender esos bienes o gastar sus ahorros y volver a pedir la prestación cuando se le acabe el dinero. Lógicamente, este rigor hace prácticamente imposible el fraude y evita la dependencia prolongada de las ayudas.
A esto hay que añadir la idiosincrasia japonesa. Muchas personas que reúnen los requisitos para recibir las ayudas no las piden por vergüenza.