Francia se enfrenta a la necesidad de reformar las pensiones

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Ya publicado el informe sobre el futuro de las pensiones encargado por el primer ministro Lionel Jospin (ver servicio 177/98), el gobierno francés tiene que preparar un plan para asegurar la solvencia del sistema, amenazado por el envejecimiento de la población. La comisión que ha elaborado el estudio no ha hecho, al final, recomendaciones tan drásticas como temían los políticos, que en Francia se tientan la ropa antes de tocar la tan sensible fibra de las pensiones. De todas formas, los sabios proponen algunas medidas dolorosas, que suponen poner en cuestión derechos adquiridos.

Como todo sistema basado en el reparto, el francés se enfrenta a un «choque ineludible» -como decía la comisión en el borrador de su informe- cuando se reduce la proporción entre cotizantes y jubilados. Habida cuenta del descenso de la natalidad y del aumento de la esperanza de vida, los expertos estiman que la relación actual de 4 pensionistas por cada 10 activos pasará a 7 por 10 en los próximos cuarenta años. En principio, las salidas posibles son conocidas: bajar las prestaciones, aumentar las cotizaciones o elevar la edad de jubilación; todas ellas, difíciles de vender al electorado.

Pero, finalmente, la comisión de sabios ha optado por una fórmula más compleja y flexible: aumentar el periodo de cotización requerido para cobrar la pensión íntegra. Esto supone alentar, de modo indirecto, el retraso de la jubilación; pero presenta la ventaja -dice el informe- de que, a diferencia de la demora del retiro, tiene en cuenta la fecha de incorporación a la actividad laboral. Por tanto, cambiaría menos la situación del trabajador cuanto mayor sea su edad. Además, dejaría mayor margen de elección a cada uno, que podría decidir cuándo se jubila en función de los años que haya cotizado.

El aumento del periodo de cotización se haría de modo gradual, a razón de dos trimestres cada dos años hasta el año 2019. Aun así, la propuesta implica un cambio notable. Primero, porque el periodo mínimo para cobrar la pensión completa pasaría de 40 años (37,5 en el caso de los funcionarios) a 42,5 años. Así, como la edad media de incorporación a la vida activa está en 23 años, saldría caro jubilarse antes de los 65 años. Ahora los franceses se retiran a los 60 años de media, y sólo una persona de cada tres está todavía trabajando cuando le llega el momento de la jubilación. En segundo lugar, la comisión propone que se deje de exigir menos años de cotización a los funcionarios. Y esto no será fácil de implantar en Francia, donde la Administración pública es de gran tamaño (emplea al 22% de la población activa) y cuenta con sindicatos poderosos.

Los 42,5 años de cotización propuestos todavía serían menos que los exigidos en Gran Bretaña (44 años, pero 39 para las mujeres). En cambio, Francia pide ya más años de cotización que España (35) para cobrar la pensión íntegra.

La comisión también se pronuncia sobre el fondo de reserva que el gobierno decidió constituir para garantizar las pensiones. Dice que los recursos destinados al fondo hasta ahora son muy insuficientes. Y recomienda invertirlos en Bolsa, y no sólo en deuda pública, para obtener mayores rendimientos.

Los expertos no afirman que sus propuestas hayan de ser necesariamente seguidas al pie de la letra. Pero advierten que es indispensable reformar el sistema, porque el posible descenso del paro o una evolución demográfica más favorable no bastarán para compensar las necesidades que se avecinan.

El informe ha sido bien recibido, en general, por los partidos, salvo el comunista, que ha tildado de «catastrofista» las hipótesis en que se basa la comisión. También lo han rechazado los sindicatos, que además han anunciado que se opondrán a cualquier recorte de ventajas a los funcionarios.

Por otra parte, no parece que los votantes estén preparados para aceptar dolores. Bien lo sabe Lionel Jospin, sucesor de un primer ministro, Alain Juppé, que cayó por intentar un severo recorte de las prestaciones sociales. Así que Jospin se muestra cauto, y tratará de forjar un acuerdo con los partidos y los sindicatos para presentar su proyecto antes de que acabe el año.

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