El sistema británico de pensiones no podrá resistir el envejecimiento de la población

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Duración lectura: 4m. 8s.

Ni las aportaciones del estado ni el ahorro privado son suficientes para garantizar las pensiones en Gran Bretaña a partir de 2020, cuando empiece a retirarse la generación del “baby boom”. Eso es lo que ha concluido una comisión independiente a la que el gobierno encargó un estudio. La comisión no hará recomendaciones hasta el año próximo, pero ya señala que las posibilidades se reducen a tres: retrasar la jubilación, aumentar el gasto público en pensiones -sufragándolo con nuevos impuestos- o subir las cotizaciones. Ninguna es un plato de gusto.

La primera raíz de los problemas es, como en otros países desarrollados, el envejecimiento de la población. Los mayores de 65 años, actualmente el 16% de los británicos, serán el 25% en 2030. En consecuencia, la tasa de dependencia pasará de 2,8 a 2 activos por jubilado. En suma, para que los pensionistas de 2050 disfruten del mismo nivel de vida que los actuales, harán faltan 102.000 millones de euros adicionales (en dinero de hoy); sin ese aporte, el descenso de renta será de un tercio.

Pero a las tendencias demográficas se añade en Gran Bretaña la imprevisión del gobierno, las empresas y los mismos trabajadores. En tiempos de Thatcher, se reformó el sistema para aliviar la carga impuesta al erario público. Desde entonces, el estado asegura una pensión mínima (unos 115 euros semanales para una persona sola, 184 euros para un matrimonio), financiada con las cotizaciones de los activos actuales, y el resto viene de planes privados de ahorro. Hoy, el estado pone, por término medio, el 60% de los ingresos de un pensionista, y los fondos privados, el 40%. Tan bien iban las cosas, que en 1998 el gobierno laborista se propuso invertir la proporción.

Las cosas iban bien entonces porque los planes de pensiones gestionados por las empresas gozaban de alta rentabilidad. La caída de la Bolsa a partir de 1999 puso fin a la bonanza. Las empresas empezaron a poner fondos propios para tapar los agujeros. Pero esta transferencia de dinero que, en otros caso, habría ido a los accionistas, redujo los beneficios e hizo bajar más las acciones. Al final, las empresas excluyeron a los nuevos empleados de los planes que garantizan una pensión de determinada cuantía, basados en los réditos del ahorro, y los pasaron a planes de cotización fija, que están mucho menos financiados. Así, los planes del primer tipo, en los que había 5 millones de personas en 1995, ahora solo cubren a 2 millones.

La consecuencia de este cambio, dice la comisión, es que el ahorro en planes privados de pensiones ha bajado mucho, el equivalente del 1% del PIB. De modo que el 60% de los trabajadores mayores de 35 años (9,6 millones en términos absolutos) no están ahorrando bastante para asegurarse una pensión del mismo nivel que las actuales. El objetivo de que los fondos privados aporten el 60% de las pensiones es inalcanzable, dictamina el informe.

Cotizar más o retirarse después

De las posibles soluciones, la aparentemente más fácil es retrasar la jubilación. Ahora, los hombres en Gran Bretaña se retiran como promedio a los 63,8 años y las mujeres a los 61,6. Con esas medias, para mantener las pensiones en 2050 al mismo nivel de hoy habría que dedicar a los jubilados el 15% del PIB, en vez del 10% actual; si la edad subiera a 67 años en 2050, habría que llegar al 12%; y si subiera a 70 años, no haría falta dinero adicional. Pero ¿quién va a convencer a la gente de que prolongue el trabajo seis años más? De momento, el gobierno descarta intentarlo y la oposición se guarda de proponerlo.

La segunda posibilidad es aumentar las pensiones públicas. Pero esto equivale a pasar la carga a los futuros contribuyentes y es la opción más cara. Una vía media sería reforzar el sistema actual, para que los planes privados aporten más; pero la fórmula concreta está por descubrir.

Finalmente, se podría hacer que los trabajadores cotizasen más por medio de un sistema de ahorro obligatorio, como el que se implantó en Australia en la década pasada. Tampoco esta salida es fácil de vender al electorado, porque supondría, de hecho, un nuevo impuesto sobre los trabajadores.

No hay más soluciones, a no ser un fuerte aumento de la población activa, que tendría que venir de una oleada inmigratoria nunca vista. Claro que eso, a su vez, traería otros problemas.

Está claro que algo habrá que hacer. Pero mientras tanto reina la incertidumbre: “Nadie a quien falten más de quince años para jubilarse puede tener confianza alguna en lo que va a darle el estado”, dice Mark Pearson, director de política social en la OCDE (“The Economist”, 16-10-2004).