El problema del gasto público en España

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Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la financiación de las pensiones en España han sido transformadas por el Gobierno en un mensaje de miedo a los jubilados: «Quieren rebajaros las pensiones». Pero, como señala Alberto Recarte en El País (Madrid, 22-X-94), el verdadero problema que deben afrontar los políticos es la reducción del gasto público y la creación de empleo, ya que las pensiones no son altas.

(…) La crisis fiscal se plantea en España por dos causas diferentes: la forma en que se distribuye el gasto público y el fracaso en dar trabajo a jóvenes y mujeres.

Dentro del gasto público, lo que se ha disparado en España es el consumo público de todas las administraciones públicas, que ha pasado de 2,6 billones en 1982 a 10,5 billones en 1993. En términos de PIB, ha crecido del 13,28% en 1982 al 17,33% en 1993. Un aumento de 4,05 puntos.

Pero, incluso si se suman los gastos por pensiones, desempleo, PER [Plan de Empleo Rural], prestaciones no contributivas, ILT [incapacidad laboral transitoria], invalidez provisional y ayudas a ancianos, su aumento, desde 1982 hasta 1993, de 7 billones de pesetas sigue siendo inferior al aumento del consumo público (el gasto de funcionamiento de todas nuestras administraciones públicas), que lo hace en 8 billones de pesetas.

Creo que la experiencia diaria confirma lo que dicen las cifras; las pensiones contributivas, las auténticas pensiones, las que perciben los jubilados que han pagado su contribución a la Seguridad Social durante toda su vida de trabajo, son bajas. (…) ¿Por qué entonces las aparentes recomendaciones del FMI?

El FMI y cualquier organización que emita una opinión sobre la economía española se topa con una terribles cifras en una variable básica para el pago de cualquier obligación pública: la relación entre el número de personas que trabajan y el de las que cobran una pensión. En España hay 11,6 millones de personas ocupadas y 7 millones de pensionistas. La relación es, por tanto, de un pensionista por cada 1,6 trabajadores. Es la peor relación de Europa. Una conclusión inmediata es que el futuro de los pensionistas que cobran de una Seguridad Social pública podría ser difícil.

La primera matización que habría que hacer a las recomendaciones del FMI es que la demografía no explica esa relación de 1,6. En términos de población activa España es hoy, todavía, un país joven. Hace veinte años había un pensionista por cada tres personas ocupadas. Hoy, si trabajara la misma proporción de personas que en los países de la economía del bienestar -con los que nos comparamos constantemente-, tendríamos una población ocupada de 16 millones de personas (incluso con un paro del 14%), y la relación entre pensionistas y ocupados sería de 1 a 2,3. Ése es por tanto el problema que año tras año se esquiva. ¿Por qué hay tan poco empleo? (…)

Las advertencias del FMI son, sin embargo, relevantes para el futuro porque dada la evolución demográfica española, con un descenso desde un máximo histórico de 680.000 nacidos en 1974 hasta un mínimo de 380.000 en 1993, la situación económica española puede ser muy difícil para todos: tenedores de deuda, funcionarios, parados, proveedores de la Administración y pensionistas.

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